Jorge Zepeda
Patterson.
Tengo
algunas semanas haciendo referencia en este espacio a los negritos en el arroz
sobre el estilo personal de gobernar de nuestro Presidente. Traspiés
inoportunos, rijosidades innecesarias, desaciertos y otras desventuras de la
4T. Tales contratiempos resultan incómodos para todos los que creemos que
México necesita que las banderas y causas que esgrime Andrés Manuel López
Obrador fructifiquen y beneficien a los más necesitados y largamente olvidados.
Pero frente
a un hombre tan controvertido como el Presidente, conviene siempre poner las cosas
en proporción. Es muy fácil descalificar al Presidente porque se le fue un
“dijistes”, por su desparpajo al manejar un pasaje histórico o por sus
embelesos folclóricos cuando habla del pueblo. Pero sería conveniente no perder
de vista que algo mucho más interesante está pasando en las cosas que importan.
Se
necesita de la obcecación que a él le caracteriza para pasar un presupuesto que
por primera vez en la historia del México moderno no aceitará las manos de los
falsos líderes campesinos que durante décadas sangraron a los recursos
públicos.
Las charlas
de sobremesa de los comederos de las Lomas y Polanco lo destazan vivo por su
rusticidad y sus peculiaridades, pero son justamente esas peculiaridades las
que permiten que actúe de una manera distinta a la de cualquier otro político
profesional. Resistió, y sin reprimir, el bloqueo de los extorsionadores de
Antorcha Campesina y organizaciones similares, cosa que ningún mandatario,
Presidente o Gobernador, había conseguido. Donde otros habrían cedido a la presión
de la opinión pública por el caos desatado.
AMLO se
mantuvo firme y le ahorró al país miles de millones de pesos. Más importante,
dio un paso decisivo para comenzar a desmantelar ese corporativismo
parasitario, bastión de la corrupción y manipulación en el campo. De nuevo,
algo de lo cual siempre se quejaron empresarios y gobiernos “modernizantes” y
no obstante lo siguieron prohijando por complicidad y comodidad.
Otro
ejemplo. El presupuesto aprobado para el próximo año contempla un subsidio
de 126 mil millones de pesos para los adultos mayores; una cantidad que se dice
rápido, pero es un gasto descomunal. Supera el presupuesto que ejercerá el
gobierno de Jalisco y equivale al costo que tendrían decenas de carreteras y
miles de obras. Una caja de dinero que utilizada con cálculo político más
convencional habría permitido a AMLO negociar con grupos de poder, aceitar
voluntades y conjurar adversarios. Doce veces lo que gastó Peña Nieto para
tener a los medios de comunicación de su lado.
El apoyo
a ancianos representa el 75 por ciento por ciento de los subsidios que
distribuirá la Secretaría del Bienestar. Por su magnitud es el programa
estrella de la 4T. Para efectos de la lógica del poder, otro mandatario lo
habría utilizado con más provecho. Pero no López Obrador.
Con toda
razón, él entiende que los ancianos constituyen el segmento de población más
desprotegido, porque además de las afecciones que resultan de la pobreza, se
suman los obvios problemas de salud, abandono y falta de oportunidades. Es un
tema de justicia social y de compasión con el segmento demográfico más
desvalido.
Se dice
que tales subsidios esconden un interés político y persiguen la formación de
una base electoral incondicional. Pero el sentido común pone a prueba esa
acusación: si tal fuera el propósito el gobierno habría invertido el grueso de
sus recursos en los jóvenes para asegurar así un voto cautivo durante muchos
años, en lugar de destinarlo a la tercera edad que por razones obvias
representa “una inversión política” dudosa al mediano y largo plazo.
Muchos de
los que ahora reciben el recurso, incluso, no están ya en condiciones de emitir
su voto. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que sería más redituable
políticamente, recibirá una quinta parte en comparación con la cifra destinada
a los ancianos. Es un tema de convicción no de aprovechamiento político.
Pero eso
no significa que sea un despropósito económico. Se trata de una transferencia
social significativa tras largas décadas en la que los grupos privilegiados
concentraron los beneficios. Pero no solo es tema ético o social. Representa
una política económica destinada a reactivar el poder adquisitivo de los
sectores populares y, por ende, del mercado interno.
Los
ancianos, los discapacitados o las jefas de familia de escasos recursos no van
a utilizar ese dinero al gasto suntuario, a la inversión especulativa, a la
adquisición de una Ipad o a un fondo de ahorro en Nueva York, como si lo hacían
muchos de los intermediarios que antes lo recibían. Lo gastarán de manera
inmediata en la farmacia, en la tienda de la esquina, en el changarro del
barrio. El mejor incentivo para promover una economía de producción interna más
sana.
Algo importante
está pasando en nuestro país, la construcción de cimientos que apuntan a un
México diferente aun cuando el Meme del momento sobre el último dislate de El
Peje nos impida verlo.
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