Julio Astillero.
Con las
declaraciones del general Carlos Demetrio Gaytán Ochoa como preocupante telón
de fondo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio un paso
especialmente controvertido al hablar con todas sus letras, y con un amplio
contexto histórico (aun en el reducido mundillo de los mensajes de lo que se
suele llamar redes sociales), del riesgo de un golpe de Estado.
Palabras
mayores, sin duda. Tanto que, al otro día de haber colocado por medio de
Twitter tal cuestión tan perturbante en la mesa de la discusión pública, el
propio AMLO emitió un mensaje, también por la vía cibernética, en busca de
suavizar su impacto e incluso retirar tal tema preventivamente del escenario
(vamos bien y no hay nada qué temer). Lo cierto es que el asomo de tan
indeseable concepto en el agitado menú de la discusión colectiva no puede ser
borrado o desalojado ni siquiera por la decisión o intención del emitente
original: así como suele decirse, con base en la historia, que lo difícil no es
sacar a los militares de los cuarteles sino regresarlos a ellos, podría decirse
que lo difícil no es hablar de golpe de Estado en un momento histórico
determinado sino retirar tal tópico del tablado nacional tan enardecido en
ciertas zonas.
Con un gran
respaldo popular (del cual dan cuenta los estudios demoscópicos siempre
dispuestos a cambiar de aires y resultados conforme convenga a los empresarios
de ese ramo), el presidente López Obrador enfrenta una difícil situación
económica y financiera, por causas internas y externas; la desesperación de sus
opositores centrales, que no encuentran vía política para dar cauce pacífico a
sus intenciones de frenar el curso de la autodenominada Cuarta Transformación;
los errores propios, en Palacio Nacional y sus extensiones ejecutorias, en
cuanto a concepción y ejecución de políticas públicas, de comunicación social e
idoneidad del gabinete en general; las escandalosas pugnas al interior del
partido, Morena, que debería ser sólida instancia de apoyo y respaldo a su
fundador y máxima figura determinante; y, en precipitada sucesión de
acontecimientos, especulaciones, enigmas y declaraciones públicas, la
complicación de las relaciones entre el poder civil y ciertos segmentos
cupulares del militar a causa del operativo fallido de Culiacán, Sinaloa, pero
no sólo por este hecho aislado.
En ese
contexto multifactorial, agitado y peligroso, tiene particular relieve la
relación del obradorismo con los militares. El Presidente de la República hizo
desaparecer el máximo cuerpo de élite de ese ámbito, el Estado Mayor Presidencial;
llegó a decir, en entrevista con La Jornada, que si por mí fuera, yo
desaparecería al Ejército y lo convertiría en Guardia Nacional; declararía que
México es un país pacifista que no necesita Ejército y que la defensa de la
nación, en el caso de que fuese necesaria, la haríamos todos y ha entrado en
terrenos sumamente polémicos respecto a las fuerzas armadas a partir del
intento fallido de detención de Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo.
Las
discordancias llegaron a extremos públicos inéditos: el actual secretario de la
Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, y cientos de oficiales del
más alto rango, en días pasados escucharon del general Gaytán Ochoa (quien,
durante el calderonismo, fue jefe del Estado Mayor de la Sedena y subsecretario)
las palabras de mayor carga política, ideológica y opositora del poder en turno
que en una reunión militar se han escuchado a lo largo de décadas de
estabilización institucional posrevolucionaria.
El
discurso del general Gaytán, y la adhesión abierta o encubierta de los
segmentos opositores, es un amago inaceptable y una injerencia militar en
asuntos civiles que, junto a otros ingredientes inocultables, permiten
considerar con seriedad que se estén maquinando opciones de fuerza contrarias
al obradorismo, incluyendo como opción extrema la del uso de militares
insurrectos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.