Julio Astillero.
A la hora de
cerrar la presente columna no había arreglo entre la directiva de la Cámara de
Diputados y los grupos campesinos, cuyos líderes organizaron un cerco al
Palacio Legislativo de San Lázaro para impedir que en una sesión plenaria se
apruebe el presupuesto federal de egresos de 2020, sin las modificaciones
demandadas para satisfacer las demandas de esas organizaciones agraristas, a
cuyos dirigentes ha acusado el Presidente de la República de especializarse en
moches, es decir, en formas de corrupción que se aprovechan de las necesidades
populares y del dinero público destinado a tratar de paliarlas.
La
batalla política se ha enconado porque los líderes campesinos pretenden
mantener el curso natural de décadas, con apoyos económicos que benefician a
sus clientelas (y también a los líderes). Y la nueva administración federal
pretende entregar directamente los apoyos a los beneficiados, sin
intermediarios o, visto de otra manera, con el gobierno en turno convertido en el
suministrador de fondos para otras fórmulas clientelares.
El propio
presidente de la República ha insistido en el rechazo a los moches, es decir, el método sostenido por
priístas y panistas, que ha implicado la rasura de recursos federales para
dejar ganancias a legisladores conseguidores de presupuestos destinados a obras
o para dirigentes sociales que fungen como intermediarios.
En un
escenario accidentado, anoche se sostenía la convocatoria de uno de esos
grupos, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, para irrumpir en el
desfile revolucionario de hoy. Por lo pronto, la cúpula de San Lázaro
anunció que se pasa para el viernes la sesión de los comisionados de
presupuesto y cuenta pública y, por tanto, la sesión plenaria no podrá ser hoy,
como se había anunciado. Las negociaciones parecían entrampadas, pero la
directiva encabezada por Mario Delgado suponía que se llegará a arreglos para
sesionar el viernes sin grandes contratiempos.
Los
gobernadores y los presidentes municipales panistas han decidido no reconocer a
Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos ni atender las recomendaciones que en tal condición emita. Así lo
dieron a conocer en comunicados de prensa y en declaraciones individuales, de
entre las cuales la más rápida fue la de Francisco Domínguez, quien administra
Querétaro (la misma entidad en la que otro panista distinguido, Diego Fernández
de Cevallos, terminó pagando una bicoca luego de tres décadas de no cubrir el
impuesto predial de una de sus propiedades campiranas).
La
postura de los mandatarios, estatales y municipales, pertenecientes al partido
mexicano de derecha contraviene la obligación establecida en la Constitución de
responder a las mencionadas recomendaciones en cuanto sean dirigidas a alguno
de ellos. Obviamente, responder no significa aceptar o ejecutar las decisiones
de la CNDH: los destinatarios de ellas pueden reaccionar de manera positiva o
negativa, aceptando las indicaciones de dicha comisión o rechazándolas, pero
deben responder. Ahora, ni eso desean hacer los mencionados personajes de
Acción Nacional.
Habrá de
verse si esa decisión de los panistas constituye a su vez una violación a los
derechos humanos de los ciudadanos de esas demarcaciones, al quedar exentos de
la oportunidad de que sean atendidos los casos presentados ante la CNDH y
procesados en forma de recomendaciones a las autoridades. También está por
saberse si esta reacción de la élite panista gobernante es una forma de
descalificación temprana de indagaciones y recomendaciones que fuesen a afectar
intereses y personalidades de Acción Nacional.
Y, mientras
las familias mormonas de Chihuahua se dividen en cuanto a propiciar mediante un
viaje a Estados Unidos que este país intervenga en México contra el crimen
organizado (unas familias a favor, otras en contra).
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