Por Itxaro
Arteta.
La Auditoría
Superior de la Federación (ASF) realizó en esta segunda entrega de la cuenta
pública de 2018 varias revisiones a la gestión financiera de distintas
dependencias y órganos autónomos, que arrojaron problemas con contratos no
cumplidos o pagos de personal injustificado.
Por ejemplo,
la Secretaría de Bienestar (antes de Desarrollo Social) tiene 211 millones 705
mil pesos por aclarar, que generaron siete promociones de responsabilidad
administrativa sancionatoria por parte de la ASF, además de pedir al Órgano
Interno de Control una investigación por dos irregularidades.
Más de
154 millones de pesos se fueron en pagos indebidos de dinero del programa
Pensión para Adultos Mayores, ya que se compraron dispositivos móviles para
recolectar datos de los beneficiarios y transmitirlos a bases de datos de la
dependencia, pero no fueron usados para esos fines, ya que no se había
desarrollado la plataforma digital Sistema Integral de Información, que
permitiría que la información de los adultos beneficiados estuvieran completos
y actualizados, y fueran confiables.
Otros 37.6
millones están en duda también por problemas con sistemas informáticos: no se
implementó correctamente el Sistema de Información Social Integral (SISI), por
lo que no se pudieron centralizar los registros de base del Padrón Único de
Beneficiarios; no se puede compartir e intercambiar información geográfica
entre distintos componentes del sistema, ni se implementaron procesos de
análisis y visualización de datos de beneficiarios.
La Auditoría
también encontró que Sedesol contrató a 179 personas a las que les pagó 9.1
millones de pesos por ocupar el cargo de “supervisor de proyectos”, aunque
ninguno acreditó tener maestría, que era el nivel requerido para ese puesto.
Además, la subcontratación de personal se hizo sin cumplir las obligaciones
legales y de seguridad social establecidas por la Ley.
En la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), una auditoría sobre contratación de
bienes y servicios determinó que hay 8 millones 685 mil pesos pendientes por
aclarar por un contrato que fue incumplido, pero el dinero no fue reintegrado a
la Tesorería de la Federación.
Se trató
de un pago de materiales especializados hecho a Productos Industriales Hadar S.
A. de C. V., que, a pesar de pedir una prórroga, nunca entregó lo contratado.
Esta empresa se había constituido apenas en enero de 2017 y no tenía
experiencia en la venta de los bienes que requería la Secretaría. En una
visita, la ASF detectó que el proveedor planeaba comprarle a otra empresa
nacional de importación, en lugar de comprar directamente con el fabricante.
“Se
observa que la Sedena no llevó a cabo una adecuada investigación de mercado que
le permitiera seleccionar al proveedor que tuviera experiencia en la venta de
los bienes con las características solicitadas y contara con la capacidad técnica
y económica para cumplir con el contrato”, señaló la auditoría.
Otra de
las irregularidades es que la Sedena pagó por asegurar ocho aeronaves que en
realidad pertenecen a Petróleos Mexicanos (Pemex).
En la
Secretaría de Salud hay 13 millones 729 mil pesos pendientes de aclarar del año
pasado.
Una de las
irregularidades son pagos por 7.8 millones por “servicios de vigilancia” de
los que no se presentaron documentos que comprueben su realización. La ASF
encontró que las listas de asistencia son menores a lo que deberían, no se
designó a responsables de que el servicio se diera en dos inmuebles, y no hay constancia
de que los elementos hayan pasado controles de confianza ni de que tuvieran
permiso vigente de portación de armas de fuego.
De una
partida para “subcontratación de servicios con terceros” hay inconsistencias
en que ciertos servicios se prestaron antes de que se notificara el fallo de
contratación, sin que además se dictaminara si era procedente una excepción
para hacer licitación pública, y se modificó el contrato para que fuera por más
meses de los que el área solicitante había pedido. También en servicios de
mantenimiento de maquinaria y equipo se encontró que fueron autorizados antes
de la notificación al proveedor ganador, y no se proporcionaron 324 reportes de
pago.
Además, hubo
contratación de plazas no autorizadas por la Secretaría de Hacienda, así como
pagos a personal de servicio social que se hicieron con una partida que no era
la que correspondía.
Otra
institución de salud con observaciones de la Auditoría es el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). No
se respaldó documentalmente el retiro y destino de 507 camas y 151
carro-camillas que se tenían en los hospitales Regional Adolfo López Mateos,
General Darío Fernández y General de Tacuba, que fueron sustituidas por otras
compradas en 2018.
Hubo
contrataciones que no estaban incluidas en el Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios. Otras no cumplían con los requisitos de ley que
garanticen que algo se contrató por brindar las mejores condiciones económicas,
de eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, así como si realmente era
necesario y el presupuesto suficiente.
Específicamente
sobre adquisición de medicamentos, la Auditoría alertó que no hubo evidencia
de que se tomaran acciones para atender el desabasto de antirretrovirales en
clínicas de control de pacientes con VIH. Hubo atrasos de hasta 66 días en la
entrega de medicamentos, pero el ISSSTE no les rescindió los contratos porque
solo tenía un proveedor para ciertas medicinas o para evitar que se
incrementara el costo de otra compra. Además, incluyó en su reporte de gasto
ejercido 6.1 millones que eran penalizaciones cobradas a los proveedores.
Sobrepagos
en el INE.
Aunque no es
una dependencia de gobierno sino un organismo autónomo, también fue auditado
el Instituto Nacional Electoral (INE). El resultado, fue un monto de 93
millones 548 mil pesos por aclarar y tres procedimientos sancionatorios.
Una
irregularidad por 66.2 millones se encontró en que en la partida de gastos por
“honorarios” no hubo informes sobre 99 prestadores de servicios, otros 30 no
cumplían con los requisitos académicos requeridos, y a 77 se les pagó 1.6
millones de pesos en demasía.
Por ser año
electoral, a los consejeros electorales locales y distritales se les pagó de
más 2.4 millones de pesos, respecto de lo autorizado. No hay comprobación del
uso de 18 millones para alimentos a funcionarios de casilla el día de las
elecciones.
Hay pagos
por 5.1 millones de pesos para impresión de material informativo que no se
acreditó que fuera entregado. Además, no hay evidencia de que en 147 embajadas
y consulados se hayan distribuido 782 mil materiales que eran indispensables
para la votación desde el extranjero en 2018.
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