Julio Astillero.
El
presidente López Obrador se ha mostrado atento y cercano al caso de los niños y
mujeres de norteñas familias menonitas que fueron asesinados el año pasado. Ya
antes recibió en Palacio Nacional a algunos de los familiares y ayer viajó
hasta Bavispe, Sonora, para reunirse en privado con familiares de las víctimas.
La atención
del político tabasqueño corresponde a la magnitud de esa tragedia, que forma
parte de las que a diario, imparablemente y a lo largo del país se siguen
produciendo. Mal haría el viajero de Palacio Nacional si no se ocupara de este
caso tan preocupante. En el camino hacia ese encuentro, López Obrador subió a
las redes sociales un video en el que se le ve al lado de una camioneta con una
llanta ponchada, pero aseguró que aún así llegó a la cita en la comunidad de La
Mora. Ahí aseguró el titular del Poder Ejecutivo que hay avances notables en la
investigación del caso y dio pormenores a los familiares, entre ellos los
LeBarón y los Langford.
Pero el tema
tiene otras aristas. Una de ellas, la legítima determinación de varios de esos
familiares en participar en una marcha a la que ha convocado el poeta Javier
Sicilia para partir de Cuernavaca, Morelos, el próximo 23, con destino a
Palacio Nacional en donde esperarían ser atendidos por el Presidente de la
República para proponer y, de ser posible, acordar medidas eficaces contra la
inseguridad pública y el dominio de los cárteles del crimen organizado. Otra
arista: la vigilancia del gobierno de Estados Unidos a lo que suceda con
ciudadanos con doble nacionalidad.
El encuentro
fue concertado para hablar sobre temas de (in)seguridad pública. Así se convino
el pasado 23 de diciembre, luego que el presidente en turno de la Conferencia
Nacional de Gobernadores (Conago), el panista queretano Francisco (Pancho)
Domínguez Servién visitó Palacio Nacional. Pero ahora esa sesión se encamina al
abordamiento de otro tema candente: la resistencia o abierto rechazo de
gobernadores que no son del partido Morena al plan obradorista de dejar el
Seguro Popular y traspasar la atención médica correspondiente al nuevo
Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi).
El tema del
Seguro Popular y el Insabi ha caído irremediablemente en la polarización de
opiniones y posturas que vive el país. Ocho gobernadores panistas (no así el chihuahuense
Javier Corral, quien comparte recetas de panadería con el presidente López
Obrador con la misma determinación con la que aceptó entrar al esquema del
Insabi), priístas, el único del Movimiento Ciudadano (Enrique Alfaro) y el
último perredista (peñista, en realidad) que queda (Silvano Aureoles, de
Michoacán) han rechazado el cambio, que no es obligatorio sino opcional y han
asegurado que se quedan con el citado Seguro Popular.
En el
terreno mediático y social también ha habido controversia intensa: las reglas
de operación en general del Insabi (que tienen hasta junio como plazo para ser
bien definidas y publicadas) y la realidad heredada de un aparato público de
salud deficiente y cargado de corruptelas en cuanto a compras y convenios, han
hecho que desde el primer día del año estén en contradicción las palabras
gubernamentales que aseguran que hay gratuidad completa en esos servicios y las
denuncias y evidencias de cobros, carencias y, en niveles de afecciones graves,
una desatención altamente preocupante.
En ese
contexto se efectuará la reunión de este martes entre los gobernadores, con su
segmento de rebeldes al tránsito Seguro Popular-Insabi, con el Presidente de la
República. Ya se verá si el secretario de Salud, el semiclandestino Jorge Alcocer,
o el director del Insabi de impropio currículo, Juan Antonio Ferrer (un
tabasqueño especializado en asuntos del Instituto Nacional de Antropología e
Historia, director de zonas arqueológicas, sin experiencia en asuntos de
salud), arreglaron o conciliaron voluntades de esos gobernadores para que de la
reunión de mañana se salga con acuerdos positivos.
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