Año caliente.

Raymundo Riva Palacio.

El año arrancó con violencia del crimen organizado. Nada nuevo en el paisaje nacional desde hace dos décadas. Los homicidios dolosos siguen al alza, como ha sido cotidiano desde 2014. Iniciar cada año con crónicas de muerte y zozobra, se ha vuelto normal. No va a cambiar por lo que se refiere a combate a los criminales. El anuncio del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de que habría más unidades de la Guardia Nacional en el país, subraya cuál será la estrategia: desplazamiento, desplazamiento, y más desplazamiento. Pero 2020 no parece que estará dentro de lo cotidiano en materia de seguridad, porque hay dos variables que podrán impactar la realidad mexicana, Genaro García Luna y César Duarte, dos altos exfuncionarios bajo proceso en Estados Unidos.

En la Ciudad de México y en Madrid, deberían estar preocupados. El arsenal de información que tienen podría impactar directamente a dos presidencias, la de Andrés Manuel López Obrador y la de Enrique Peña Nieto, pero no escaparán las de Vicente Fox y Felipe Calderón. Durante las dos últimas décadas el crimen organizado se ha entreverado con las instituciones del Estado mexicano, no sólo en el corpus político en todos sus niveles, sino en el Poder Judicial, ONG’s, empresarios, sacerdotes, sindicalistas, periodistas, abogados y notarios, como decenas de declaraciones de narcotraficantes han mostrado en sus declaraciones ministeriales a lo largo de los años, algunas falsas, algunas ciertas.

García Luna se declaró inocente el viernes pasado al presentarse en la Corte Federal de Brooklyn, lo que significa que dará la pelea en su juicio. El presidente López Obrador cree que es culpable de los delitos de los que lo acusan –trabajar para el Cártel de Sinaloa–, y que declarará contra Calderón. Es una probabilidad, pero hay más. Por ejemplo, en algo cercano a Palacio Nacional, en la presidencia de Fox reclutaron los hermanos Beltrán Leyva a un subordinado del actual secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, quien era responsable de comunicación y logística en Los Pinos, y les proporcionaba la agenda presidencial. Su colaborador fue detenido y liberado poco después porque la entonces PGR excluyó extrañamente del expediente sus conversaciones con Héctor Beltrán Leyva.

En el arranque de este milenio, la Ciudad de México se convirtió en un santuario del crimen organizado, controlado por el Cártel de Sinaloa. La información que podría salir en el eventual juicio de García Luna, es qué, quiénes, cómo, cuándo y dónde se estableció el acuerdo de seguridad e impunidad entre funcionarios del gobierno capitalino que encabezaba López Obrador, con esa organización, que fue creciendo desde la capital, primero con el control de la cocaína y más delante de los precursores químicos de las metanfetaminas. Una parte de lo que están planteando los fiscales en Brooklyn está asociado en tiempo y espacio con aquella época, cuya información, de aflorar, involucra a personas vinculadas actualmente a la administración federal y cuyos nombres aún no son conocidos en México, de acuerdo con declaraciones previas de testigos protegidos de la DEA.

La sociedad política y la sociedad civil, incluidos empresarios, religiosos y periodistas, entre muchos otros, podrían verse sacudidas si las cosas, como dice querer el Presidente, comienzan a fluir en Brooklyn. Mucho le ayudaría también a López Obrador conocer a detalle esa información, para que comprenda que la penetración del narcotráfico trasciende su obsesión con Calderón, a quien la gangrena del crimen organizado, que lo amenazaba a él cuando decidió declararle la guerra al narcotráfico, es la misma que pudrirá las entrañas del gobierno actual. Lo que no se sabe en este momento es si tener una información sin filtros, como podría salir si García Luna decide jugar sus cartas llenas de información durante su juicio, le vaya a resultar incómoda para procesar o meta en contradicciones a su gobierno.

A nivel presidencial, sin embargo, el principal problema lo tiene Peña Nieto, porque el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, lleva más de un año hablando con fiscales del Departamento de Justicia. Duarte no ha sido extraditado porque los estadounidenses no han querido. Desde diciembre de 2018 estableció contacto Duarte con la DEA, y le respondió el Departamento de Justicia, instancia superior, que ellos hablarían con él. Estaba en El Paso y se trasladó a Miami, sin saberse con precisión dónde se encuentra en la actualidad. Lo que sí está confirmado es que está aportando datos que presuntamente vinculan al expresidente Peña Nieto con Los Zetas.

La información madre que tiene Duarte tiene que ver con la supuesta conexión del expresidente con Juan Manuel Muñoz Luévano, un empresario mexicano detenido en Madrid en 2016, dentro de una investigación en contra del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien más tarde también fue capturado en España. Moreira fue liberado, mientras que Muñoz Luévano, apodado El Mono, fue acusado por fiscales federales en Texas por lavado de dinero. Agentes federales estadounidenses hablaron varias veces con él en Madrid y el año pasado fue extraditado a Estados Unidos, donde aceptó su culpabilidad ante el juez y se convirtió en testigo protegido de “alto valor”.

De acuerdo con la información proporcionada por Duarte a los fiscales en Estados Unidos, cuando Peña Nieto asumió la Presidencia le pidió que la obra pública estatal se la diera a Muñoz Luévano, propietario del Grupo Matamoros, que operaba una red de gasolineras en Coahuila. Aunque falta información sobre esa presunta entrega de obra pública, la Fiscalía estadounidense le ha dado valor, al no haberlo extraditado y al usar parte por sus declaraciones, se puede conjeturar, en el proceso que están armando contra Peña Nieto y Moreira.

Año caliente el que se vecina y, si los pronósticos son correctos, escandaloso, peligroso y altamente comprometedor para la arquitectura política.