De aliado a acusado.

Dolia Estévez.

Muchos son los mexicanos buscados por las autoridades judiciales de Estados Unidos, y aún más los que están bajo su sospecha, pero la captura de Genaro García Luna es la primera vez que el brazo de la todopoderosa justicia estadounidense alcanza la cima del poder político. García Luna pasará a la historia como el pez mexicano más gordo en ser acusado por Estados Unidos de estar en la nómina del Cártel de Sinaloa mientras colaboraba estrechamente con Washington.

Trasladado en secreto de Dallas–donde fue arrestado en diciembre–a Nueva York el jueves pasado, un desmejorado García Luna compareció ante la corte federal de Brooklyn al día siguiente. Se declaró “no culpable” de los cuatro cargos que se le imputan por conspiración para traficar drogas a cambio de sobornos y por ocultar sus nexos con el crimen al solicitar la ciudadanía estadounidense.

Debido a la premura con que se programó la audiencia del viernes 3 de enero en Nueva York, sus abogados del buró Quinn Emanuel Urguhart & Sullivan en Washington y Miami, no alcanzaron a llegar, por lo que el operador de la guerra a las drogas de Felipe Calderón fue representado por un abogado de oficio burócrata.

Su próxima comparecencia será el 21 de enero, ocasión en que el Juez Federal Brian Cogan, el mismo que no titubeó en condenar a “El Chapo” a tres cadenas perpetuas, dirá si el otrora poderoso Secretario de Seguridad Pública tiene derecho a libertad bajo fianza. Es casi un hecho que el magistrado diga que no.

Desde el mes pasado, el Fiscal Richard P. Donoghu, rechazó su posible liberación argumentando que García Luna implica un alto “riesgo de fuga”. Donoghu sostuvo que con la “enorme riqueza que amasó”, producto de su “corrupta ayuda” al Cártel de Sinaloa, el inculpado puede orquestar su huida y vivir escondido en México. Añadió que, de ser condenado, García Luna enfrentará una larga condena por lo que tiene motivos para fugarse (Memorando a Cogan, 10/12/2019).

García Luna viajó frecuentemente a México tras haberse mudado a Florida en 2012. En 2019, visitó México cinco veces, el 17 de noviembre pasado por última vez. Entre 2014 a 2019, bajo el sexenio de Peña Nieto y el primer año de AMLO, fue a México, 30 veces. Su estatus de viajero frecuente en la ruta México-Estados Unidos y viceversa, data de 2002, cuando era director de la AFI bajo Fox. El documento señala que entre 2002 y 2019, el acusado realizó un total de 280 viajes de ida vuelta entre los dos países.

Se espera que, en el contexto de la petición de libertad provisional en la próxima comparecencia, la defensa aborde por primera vez la procedencia de la riqueza de su cliente. Se anticipa que nieguen ser pagos de sobornos, como acusa la Fiscalía. Aducirían que en años recientes García Luna se convirtió en un pujante empresario y proveedor de servicios de seguridad en la Florida.

Cabe subrayar que la declaración de “no culpable” no garantiza que habrá juicio. Muchos quisieran que fuera juzgado y que embarrara a media clase política mexicana, empezando con Calderón, y siguiendo con Fox y Peña Nieto. Pero, por lo general, los abogados defensores recomiendan a sus clientes declararse no culpables con miras a negociar un posible arreglo entre las partes. El regateo se da en el marco de la fase preparatoria al juicio que puede tomar meses si no años.

En dicha negociación, los abogados de García Luna pueden usar en su defensa el contubernio que mantuvo con dos administraciones (Bush y Obama) e, incluso, implicar a interlocutores de la DEA, la CIA y la propia Embajada de Estados Unidos en México. Es una de las monedas de cambio que tienen para alcanzar un pacto favorable. Los abogados de “El Chapo” trataron, pero se toparon con el frente unido entre fiscales y juez que frenó todo intento por implicar a agentes estadounidenses.

A diferencia de los abogados de “El Chapo”, que se especializan en clientes violentos (gánsteres, narcos), los litigantes de Quinn Emanuel son expertos en defender a acusados de delitos de cuello blanco (corrupción, evasión de impuestos, lavado). Lauren Dickie, la jefa del equipo defensor de García Luna, es una ex fiscal federal washingtoniana que ha representado a directivos y ejecutivos. No se descarta, por tanto, que la defensa busque retratar a García Luna como un ex alto funcionario gubernamental que fue aliado de Washington no del Cártel de Sinaloa.

En el medio jurídico, Quinn Emanuel tiene fama de agresiva. Cuestión de recordar que en el caso de la demanda que entabló contra Pemex en representación de Oro Negro, contrató a la empresa de espionaje israelí Black Cube para que investigara y grabara a funcionarios de la paraestatal mexicana para poder acreditar una supuesta “conspiración” contra Gonzalo Gil White, fundador de Oro Negro. Se anticipa que echará toda la carne al asador en su empeño por defender a su nuevo cliente mexicano.

El poderío de los carteles mexicanos no viene de la violencia y su capacidad destructiva, sino del poder político que los protege. Si el mundo externo de la política no se coludiera con el mundo subterráneo, las organizaciones delictivas no tendrían poder. Está por verse si, de haber juicio, se destapará el vínculo entre esos dos mundos.