Por Nayeli
Roldán y Manu Ureste.
La Fiscalía
General de la República (FGR) investiga por presunto lavado de dinero a
Emilio Zebadúa, exoficial mayor de la Sedesol y la Sedatu durante las gestiones
de Rosario Robles, y encargado de la administración del presupuesto de ambas
dependencias cuando ocurrió el presunto esquema de desvío de recursos públicos
conocido como La Estafa Maestra.
También
se investiga a su hermano, José Ramón Zebadúa, y a Roberto Gómez Morales, quien
ha sido chofer de Emilio Zebadúa durante años, luego de que la Unidad de
Inteligencia Financiera de Hacienda encontró “operaciones inusuales” en sus
cuentas bancarias, confirmaron fuentes de la Fiscalía y de Hacienda a Animal
Político.
Además, la
Unidad de Inteligencia Financiera también denunció penalmente a Rosario Robles
por el ocultamiento de información respecto a este esquema de desvío, en el que
las dependencias que encabezó realizaron convenios con universidades públicas y
éstas subcontrataron a empresas que resultaron ser fantasma.
Sin embargo,
la exfuncionaria no está incluida en la denuncia penal por lavado de dinero,
toda vez que Hacienda no encontró operaciones inusuales en sus finanzas.
Las
nuevas denuncias se encuentran en la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción, de reciente creación.
El otro
exfuncionario que también está siendo investigado por presunto lavado de dinero
es Ramón Sosamontes, quien fue jefe de Oficina de la Sedesol, y luego se
integró a la Sedatu durante ambas gestiones de Robles.
Sosamontes ha
sido colaborador cercano de Robles desde que ella encabezó el gobierno de la
Ciudad de México y él era delegado de Iztapalapa en 1999. Luego fue su vocero
de campaña cuando buscaba la dirigencia del PRD y, al ganar, lo nombró
secretario de Asuntos Electorales en 2002.
También
renunciaron juntos al PRD en 2004, con el señalamiento de la deuda del partido
durante las elecciones de 2003 que incluyó facturas a empresas fantasma, según
documentó el informe del Órgano Central de Fiscalización del PRD dirigido por
militantes como Ricardo García Sainz, Ifigenia Martínez y Carlos Payán.
En tanto, Emilio
Zebadúa es hermano de José Ramón Zebadúa, quien fue coordinador de Planeación y
Desarrollo en el Gobierno del Distrito Federal, cuando Robles fue Jefa de
Gobierno; luego cuando asumió la presidencia del PRD, lo nombró su coordinador
de Administración y Finanzas del partido.
Implicados
en La Estafa Maestra.
Emilio
Zebadúa firmó convenios de colaboración entre la Sedesol y las universidades de
Morelos y del Estado de México, que permitieron la contratación de supuestos
bienes y servicios para la Cruzada Nacional contra el Hambre, pero las
instituciones de educación subcontrataron a empresas que resultaron ser
fantasma, y por lo cual desaparecieron más de 2 mil millones de pesos de
recursos públicos, como lo documentó la investigación periodística La Estafa
Maestra.
Antes de la
publicación, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había señalado que
las universidades públicas habían violado la ley al subcontratar más de 90% de
los montos que cobró a la Sedesol, toda vez que la legislación sólo permitía
subcontratar hasta 42%.
Además, encontró
que los servicios no se hicieron y diversas irregularidades por lo que
interpuso nueve denuncias penales ante la entonces Procuraduría General de la
República, entre 2015 y 2017, pero ninguna de ellas ha llevado a juicio a los
exfuncionarios hasta el momento.
Sosamontes,
representando a la Sedesol, firmó seis convenios con Radio y Televisión de
Hidalgo entre 2014 y 2015 por un monto total de 584 millones de pesos, para
servicios como: “desarrollar la estrategia y programa anual de comunicación
social y materiales en audio y video para la Cruzada contra el Hambre”. En
cuatro de ellos también firmó Gustavo Rodríguez González, entonces director de
Comunicación Social de la dependencia y quien repite en el cargo en Sedesol.
Sólo por
los tres convenios de 2015, la Auditoría Superior de la Federación interpuso
una denuncia penal ante la PGR el 27 de octubre de 2017, pues según la
auditoría D17002 los convenios “sirvieron como vía para la distribución
irregular de los recursos, dado que no existe evidencia de que varias de las
empresas vinculadas hayan realizado trabajo o servicio alguno en favor de Radio
y Televisión de Hidalgo o de Sedesol”.
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