Por Arturo Ángel.
La Fiscalía
General de la República (FGR) y el actual gobierno federal deben investigar
a fondo los presuntos acuerdos que Javier Duarte habría establecido con la
administración del expresidente Enrique Peña Nieto, para que dejara el gobierno
de Veracruz y saliera del país en octubre de 2016, antes de que pudiera ser
detenido.
Así lo
exigió la organización civil TOJIL: Estrategia contra la Impunidad, que desde
octubre de 2018 presentó una denuncia penal que dio pie a la apertura de una
carpeta de investigación en la FGR, por las posibles irregularidades en el
proceso contra Duarte que derivaron en una sentencia reducida.
La organización
presentó ayer a la Unidad de Asuntos Internos de la FGR un escrito formal
para que se solicite e incluya como prueba, dentro de la referida carpeta, el
video de la audiencia judicial realizada el sábado pasado, donde el
exgobernador reveló cada uno de los supuestos pactos con el gobierno pasado.
Estefanía
Medina, cofundadora de la organización, advirtió que estos presuntos arreglos y
acuerdos de corte político contribuyen a perpetuar la impunidad y favorecen la
corrupción.
“Desde
que se dio esa extraña negociación entre la PGR (hoy FGR) y la defensa del
exgobernador, en TOJIL advertimos que esa forma de atender uno de los
escándalos más grandes de corrupción que se han destapado en la opinión pública
no podía tener lugar más que por devenir de un pacto-acuerdo de corrupción, por
lo cual en octubre de 2018 denunciamos ese acto y pedimos ser víctimas para
colaborar en la investigación del caso”, dijo Medina.
La FGR se
ha negado a reconocer dicha calidad de víctimas a la organización, lo que ha
obligado a los denunciantes a buscar un amparo.
El próximo
jueves 9 de enero un Tribunal federal resolverá de forma definitiva si la
organización puede participar en la indagatoria de las presuntas anomalías en
el caso de Javier Duarte.
Por otro
lado, Animal Político buscó un posicionamiento del senador del PRI y
exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien según los dichos
de Duarte habría sido el operador de los pactos para que dejara su cargo y
saliera del país. La respuesta del área de comunicación del legislador es que
no habría comentarios
En la
declaración que dio el sábado pasado ante el juez al responder preguntas de sus
abogados y de los fiscales, Javier Duarte habló de una serie de arreglos,
peticiones y pactos que – según su versión – propiciaron los acontecimientos
ocurridos desde su renuncia al cargo de gobernador a semanas de terminar su
gestión, hasta la condena que él mismo aceptó de nueve años de prisión.
Se trata
de acuerdos que, según el exgobernador, tenían una lógica política encaminada a
no afectar más al gobierno de Peña Nieto ni a su partido, el PRI. A
continuación, se detalla cada uno de ellos:
Según
Duarte, esto ocurrió en una reunión privada en la oficina del entonces
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la primera semana de
octubre de 2016, a dos meses de que concluyera su mandato como gobernador de
Veracruz.
Duarte
dijo que Osorio le comunicó una “instrucción” del presidente Enrique Peña Nieto
para que pidiera licencia al cargo de gobernador, con la finalidad de propiciar
una transición “tersa” en la entidad con el entonces gobernador electo Miguel
Ángel Yunes, y evitar mayores ataques al partido (PRI). Añadió que aceptó la
petición por “lealtad institucional”.
A cambio,
Osorio presuntamente le prometió a Duarte que podía “salir por la puerta
grande”, y para ello le habrían tramitado una entrevista en un medio nacional,
transmitida el 12 de octubre de 2016, en donde podría argumentar que renunciaba
voluntariamente para enfrentar las acusaciones en su contra y decir que era
inocente.
Duarte
dijo que el 13 de octubre de 2016, un día después de pedir licencia, recibió
una llamada de un “oficial mayor de Gobernación” quien le alertó que, por su
seguridad, debía irse de su casa y de la entidad. El exgobernador dijo que
acató la referida instrucción por “lealtad institucional”, y vía terrestre se
trasladó a Chiapas, desde donde cruzó en una balsa, junto con su esposa, hacia
Guatemala.
La fecha
de este supuesto aviso del gobierno coincide plenamente con el momento en que
la entonces PGR conseguía de un juez una orden de captura en contra de Duarte,
por el caso de las empresas fantasma.
El
exgobernador sostuvo que entre finales de 2016 y principios de 2017 sus
entonces abogados, encabezados por Marco Del Toro Carazo, “negociaron” con la
Secretaría de Gobernación y con el titular de la Unidad de inteligencia
Financiera, Alberto Bazbaz, su entrega voluntaria en Guatemala a cambio de que
no se persiguiera penalmente ni a su esposa ni a su familia.
Como parte
del supuesto acuerdo, Duarte aceptó que su entrega se simulara como una
detención exitosa y que aceptaría sin pelear la extradición. El exgobernador
considera que el gobierno federal “cumplió con el pacto”, aunque ahora ha
decidido revelarlo pues dice que es “inocente”.
Este es
un arreglo que Duarte había revelado desde el año pasado. Se trató de una supuesta
negociación con fiscales de la entonces PGR para que se le quitara el delito de
delincuencia organizada y se le fijara una sentencia mínima, a cambio de que él
aceptara declararse culpable.
No obstante,
el exgobernador argumenta ahora que en dicho proceso hubo irregularidades
como amenazas, y hasta supuestas extorsiones del equipo que en ese momento era
encabezado por Alberto Elías Beltrán.
La FGR
tiene abierta una carpeta de investigación relacionada con las presuntas
anomalías registradas en el proceso contra Javier Duarte. La misma fue iniciada
a partir de una denuncia que la organización TOJIL interpuso ante la
Visitaduría General de esa dependencia.
De
acuerdo con Estefanía Medina, cofundadora de dicha organización, desde que se
hizo público el acuerdo que permitió que a Duarte se le quitara el delito de
crimen organizado, se advierten anomalías que con posterioridad se han ido
confirmando con lo señalado por el propio exgobernador, en diversas entrevistas,
y ahora en su declaración ante el juez.
Sin embargo,
el caso está detenido debido a que TOJIL tuvo que recurrir a un amparo para que
se le permitiera colaborar en la indagatoria en calidad de víctima, algo que la
FGR no le ha querido conceder. Incluso la organización obtuvo un amparo con el
que se le reconoce dicha calidad, pero la Fiscalía lo apeló.
En ese
contexto, será el próximo jueves cuando un Tribunal define si ratifica la
posición de la organización como víctima o si le da la razón a la FGR, y le
impide participar en la indagatoria.
“Es una
resolución importante por dos principales razones: la primera que daría un gran
paso en la forma en que hoy se investigan los actos de corrupción, y permitir
mucho más apoyo social para luchar contra la impunidad. Lo segundo es que a
través de esta investigación podría lograrse el determinar cómo fue que se dio
ese pacto que hoy el propio Javier Duarte reconoce, y lograr sancionar a los
responsables”, dijo
la también abogada.
Medina recordó
que instituciones como la Barra Mexicana Colegio de Abogados y la clínica de
Derecho del ITAM ya presentaron escritos donde consideran procedente que se
reconozca la calidad de víctima a la organización.
TOJIL
presentó a su vez un escrito dirigido al agente del Ministerio Público de la
Unidad de Asuntos Internos de la FGR, José Roberto Ríos Vázquez, responsable de
la referida investigación, para que se incluya como prueba en el caso la nota
de este medio donde se refieren los pactos detallados por Duarte en la audiencia
del sábado.
De igual
forma solicitaron a la FGR que se requieran al Poder Judicial los videos
íntegros de dicha audiencia, encabezada por el juez Juan Carlos Ramírez
Benítez, para que se inspeccione el contenido y se utilice en el
esclarecimiento del caso.
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