Por Mathieu
Tourliere.
En el paquete de reformas que los legisladores
aprobaron ayer, en bloque, para alinear el marco legal de México con las
disposiciones del nuevo tratado de libre comercio (T-MEC), destacan cambios a
la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal.
En opinión
de especialistas, tales modificaciones “violan la Constitución, son
contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos y atentan
gravemente contra los derechos fundamentales de millones de personas usuarias
de tecnología en México”.
En tal
sentido, las organizaciones Artículo 19 y la Red en Defensa de los Derechos
Digitales (R3D) advirtieron: “Combatiremos las reformas aprobadas ante el
Poder Judicial de la Federación. Asimismo, exigimos a la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos y a las y los legisladores que votaron en contra de estas
disposiciones, que interpongan acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación”.
El paquete
de reformas necesarias para la entrada en vigor del Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEC) fue aprobado ayer por “unanimidad de todos
los grupos parlamentarios”, como lo celebró el líder de Morena en la Cámara
baja, Mario Delgado; el último paquete de cambios legislativos se votó apenas
unas horas antes de que el nuevo tratado se vuelva regla en la región.
Uno de los
cambios que los diputados aprobaron –sin discusión de forma ni de fondo– abre
la puerta a que cualquier persona o empresa obligue a un proveedor de servicios
en línea a remover un contenido bajo la simple declaración de que se violaron
sus derechos de autor, es decir, sin aportar pruebas ni tener el respaldo de
una decisión de la justicia.
Según las
organizaciones, esta modalidad, llamada “notificación y retirada”,
representa una medida de censura en Internet “claramente” violatoria del
derecho a la libertad de expresión, y constituye “el más grave retroceso
legislativo para la libertad de expresión del que se tenga memoria”, sobre
todo en un periodo en el que la prensa se encuentra bajo asedio.
Aparte de
esta medida, los cambios al Código Penal Federal establecen sanciones
potencialmente muy severas contra las personas que abran un dispositivo
tecnológico para inspeccionarlo, repararlo o modificarlo, y pone en riesgo de
demanda a quienes digitalizan un libro o un video que adquirieron legalmente.
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