Por Sugeyry
Romina Gándara.
La crisis
de violencia e inseguridad que vive Guanajuato se debe en gran parte a la
omisión de la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado (SSPE) en el cumplimiento de su deber y responsabilidad, denunciaron
especialistas en seguridad y crimen organizado.
“La
Secretaría de Seguridad Pública está encabezada por otro personaje igual de
siniestro que Zamarripa, Alvar Cabeza de Vaca, quien tiene siete años en el
cargo. Entonces, este par de funcionarios han ido dejando una estela de destrucción
y muerte en el estado”, dijo Saúl Arellano Almanza, investigador del Programa Universitario de
Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y
cofundador de México Social.
Con más de 14
mil 632 personas asesinadas tan solo entre enero y mayo del presente año,
Guanajuato se ubica como el estado más violento del país, pues concentra el 13
por ciento del total de los homicidios dolosos.
El Fiscal
General de la República, Alejandro Gertz Manero, dio a conocer el pasado 30
de junio que iniciará una investigación al Fiscal de Guanajuato, Carlos
Zamarripa Aguirre, debido a que se sospecha que la detención de cinco personas,
entre ellas la madre de José Antonio Yepes Ortiz, alias “El Marro”, líder del
Cártel de Santa Rosa, fue un montaje.
Carlos
Zamarripa Aguirre, es el Fiscal más longevo en el país, pues ha estado a cargo
de la procuración de justicia desde hace 11 años, tiempo en que ha sumado una
larga cauda de quejas y acusaciones de ineficiencia.
Aplicación
selectiva de la justicia, ocultamiento o “falsificación” de datos, falta de
resultados en la persecución de delitos del fuero común, e incapacidad para la
integración de carpetas de investigación de casos importantes que han dado como
resultado la liberación de presuntos criminales, son parte de los señalamientos
que tienen hoy a la Fiscalía guanajuatense sumida en una crisis de credibilidad
que se ha acentuado en los últimos dos años ante el alarmante incremento de
asesinatos y violencia en la entidad, coincidieron los analistas entrevistados por SinEmbargo.
“Lo que
sí es un hecho es que la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública han sido
totalmente omisas en el cumplimiento de su deber y su responsabilidad, lo que
hoy tiene al estado bañado en sangre”, destacó Arellano Almanza.
Activistas,
empresarios y políticos han denunciado públicamente a los dos funcionarios. En
septiembre de 2019, el mismo Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial de Guanajuato, publicó en sus redes sociales que la
Fiscalía obstaculizaba la recepción de denuncias, al no entregar a los policías
las herramientas que se requerían.
El pasado 6
de febrero, las organizaciones Ciudadanos Hartos, Frente de Acción Ciudadana
y Estudios ambientales, colocaron mantas en las que exigieron la renuncia del
Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, y del Secretario de
Seguridad Pública Estatal, Alvar Cabeza de Vaca.
FISCAL PERPETUO.
Carlos
Zamarripa es un policía que se formó desde muy joven en la Fiscalía estatal de
Guanajuato cuando era Procuraduría, recorrió casi todos los cargos para hacer
una carrera policiaca en la entidad.
“Empezó
desde proyectista, avanzó a Fiscal, avanzó a director de averiguaciones previas
y a la subprocuraduría en una división general”, relató Saúl Arellano.
En febrero
de 2009, en el sexenio de Juan Manuel Oliva, Zamarripa Aguirre fue nombrado
Procurador General de Justicia. Posteriormente, el entonces Gobernador Miguel
Márquez Márquez lo ratificó con el argumento que “había hecho un buen trabajo”
y que tenía enormes calificaciones en instancias internacionales, sobre todo en
agencias norteamericanas, como el FBI y la DEA.
En 2018, el
actual gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo nuevamente lo ratificó y el
año pasado, en medio de manifestaciones y severas críticas, Zamarripa fue
propuesto y designado como primer Fiscal de la entidad, con una duración de
nueve años en el cargo.
“No sólo
fue ratificado, sino impulsado como Fiscal ante un Congreso anodino y a modo,
con la mayoría panista que le aprobó en fast track el nombramiento, en lo que
se le llamó pase automático”, dijo el especialista.
GESTIÓN
CUESTIONADA.
La
gestión de Carlos Zamarripa como Procurador y Fiscal ha sido muy cuestionada en
Guanajuato, al igual que la del Secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza
de Vaca, quien lleva al menos siete años en el cargo.
Saúl
Arellano, Doctor en Política Social por la Universidad de Baja California, explicó
que perpetuar a funcionarios en un alto cargo dentro de dependencias
gubernamentales provoca una “atrofia institucional”, y en este caso la
consecuencia es el deterioro de las condiciones de seguridad para la población.
“Cuando
tienes a una persona responsable de una institución durante muchos años, esta
persona o este grupo desarrollan procedimientos, mecanismos y métodos de trabajo
que se vuelven inerciados e inerciales que impiden la innovación y la
transformación institucional”, aseguró.
Los
asesinatos crecieron 61.08 por ciento en el primer año de gestión de Zamarripa,
pues de 257 homicidios dolosos registrados en 2018 pasaron a 414 en 2009.
Además, si se comparan los homicidios dolosos registrados en el año anterior a
su ingreso con los registrados en 2019, este delito se disparó 570.28 por
ciento.
“El
incremento habla de la incapacidad de este par de funcionarios, de Cabeza de
Vaca, Secretario de Seguridad Pública, y el Fiscal Carlos Zamarripa”, destacó el investigador de la UNAM.
El analista también
señaló que en Guanajuato ha habido una práctica selectiva de la aplicación de
la justicia, con la represión hacia la movilización social, por un lado, y por
el otro la permisividad ante los grupos delincuenciales.
En diciembre
pasado, estudiantes de la Universidad de Guanajuato denunciaron que algunos
participantes del movimiento estudiantil fueron detenidos ilegalmente por
elementos de la policía capitalina tras una serie de protestas para exigir
seguridad y fin a la impunidad.
“Este tipo
de ejemplos dan muestra que algo muy raro pasa en la Fiscalía General de
Justicia, lo que se suma a cuestiones muy graves como el ocultamiento y el
falseamiento de datos”, añadió el también investigador y catedrático de la Universidad Autónoma
de México (UNAM).
El pasado 24
de mayo, el Secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, Alfonso Durazo,
aludió que la Fiscalía Guanajuato oculta información, pues reveló que la
dependencia a cargo de Zamarripa no otorga de manera apropiada, ni en tiempo y
forma, toda la información para la incidencia delictiva.
“La
obligación de los estados es aportar información, no obstante, la Fiscalía
General de Guanajuato no entrega información, nunca lo ha hecho, tenemos que
recurrir a vías trianguladas para conocer, para tener una aproximación a la
situación real de los números de violencia en Guanajuato […] Es francamente un
absurdo. ¿Cuál es el motivo?, ¿esconden algo? No quiero yo cuestionarlo, pero
lo hemos intentado por todas las vías, ya sólo faltaría la jurisdiccional”, dijo Durazo durante una reunión
virtual con senadores de la Coordinación Política del Senado.
Aunque
Arellano Almanza considera que hay una omisión de la Federación al no obligar
por la vía jurisdiccional a Guanajuato a entregar la información delictiva de
manera correcta, el analista recalcó que sobre todo “hay una enorme
irresponsabilidad”
por parte de la Fiscalía estatal al no cooperar con los datos que solicita el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
“INEFICIENCIA
SOSPECHOSA”
La mala
integración de carpetas de investigación que dan como consecuencia la
liberación de detenidos a falta de suficientes elementos, es otro de los
descontentos que se agregan a la lista contra Carlos Zamarripa.
María Eva
Ortiz, Juana Erika Yépez y Rosalba “N”, madre, hermana y prima, respectivamente
del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, “El
Marro”, fueron liberadas este domingo por falta de pruebas. Las mujeres fueron
parte de las 31 personas detenidas en un operativo de autoridades federales y
estatales realizado el pasado 20 de junio en Guanajuato.
Sin embargo,
esta reciente liberación de familiares de “El Marro” no ha sido la única. De
acuerdo con Telediario edición Bajío, al menos ocho integrantes del círculo
cercano del líder del Cártel de Santa Rosa, entre los que destacan Karina Mora,
la pareja, y Rodolfo Juan Yépez Godoy, padre, así como tíos y cuñado también
han sido liberados tras una momentánea captura.
Para los
analistas, la ineficiencia tan notoria en estos casos resulta sospechosa:
“Son demasiados errores y demasiado seguidos como para que sean errores. Es
decir, tú no puedes tener ministerios públicos tan chafas que no puedan
integrar una sola averiguación previa bien. Esa es responsabilidad directa del
Fiscal”, explicó Arellano.
Para que
los grupos de la delincuencia organizada se fortalezcan y tengan una rápida
expansión, como ha sido el caso del Cártel de Santa Rosa de Lima, tiene que
haber corrupción y protección por parte de las autoridades, explicó el periodista Ricardo
Ravelo, experto en temas del crimen organizado.
“En
Guanajuato está muy claro el grado de contubernio policíaco. De lo que sí no
hay duda es que las policías están metidas en la protección de Santa Rosa de
Lima”, expresó el
especialista.
Ravelo destacó
que, si la corrupción y la protección al crimen organizado es la razón del
crecimiento del Cártel Santa Rosa de Lima, eso pone en evidencia que Guanajuato
está ante un escenario de vacío de poder.
“Una
parte de la legalidad está totalmente atrofiada. Hay un vacío de Estado, vacío
legal, y donde hay vacío legal reina la delincuencia organizada en cualquiera
de sus modalidades”,
detalló Ravelo.
Para Saúl
Arellano la única alternativa que tiene Guanajuato es que Carlos Zamarripa y
Alvar Cabeza de Vaca sean cesados del cargo.
“Es
insostenible la situación en Guanajuato. Lo sorprendente es que el Gobernador
se obstine en mantener un personaje que está generando costos políticos
tremendos […] Si el Gobernador quiere salvar su sexenio y de verdad quiere
salir bien librado, incluso en términos de responsabilidad jurídica y política,
tiene que correr a estos personajes. Le haría bien al estado, le haría bien al
dialogo político y a su propia administración”, sostuvo el académico.
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