Por Gustavo Castillo García.
El Ministerio Público Federal obtuvo 46 nuevas órdenes de
aprehensión por el caso Ayotzinapa en contra de servidores públicos de
Guerrero, relacionados con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela
Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en septiembre de 2014; ya ha enviado nuevos
restos óseos que podrían pertenecer a los normalistas a la Universidad de
Innsbruck para su identificación, y solicitó la colaboración de la Interpol con
el fin de localizar y detener al que fue titular de la Agencia de Investigación
Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, quien huyó de México.
La Fiscalía General de la República (FGR) imputa a los 46
funcionarios de diversos municipios guerrerenses los delitos de desaparición
forzada y delincuencia organizada, por hechos que no habían sido investigados
ni judicializados en las diligencias que en su momento realizó la entonces
Procuraduría General de la República (PGR), es decir, entre 2014 y hasta
antes del primero de diciembre de 2018.
La información dada a conocer refiere que las 46 “órdenes
de aprehensión se unen a las ya obtenidas el pasado 10 de marzo en contra de
funcionarios de la PGR; entre ellos, Tomás ‘Z’, quien huyó del país, y que ya
cuenta con orden de aprehensión y con ficha roja de Interpol para su
localización a nivel internacional, y su extradición correspondiente”.
Asimismo, el Ministerio Público Federal logró la
aprehensión de José Ángel N, El Mochomo, integrante de la organización delictiva
Guerreros Unidos, grupo al que se imputa la desaparición de los 43 normalistas.
A José Ángel Casarrubias se le señala como un participante de
gran notoriedad en este caso.
Durante un mensaje a los medios de comunicación, el titular
de la FGR, Alejandro Gertz Manero, hizo un recuento de este caso, en el cual en
septiembre de 2014 las autoridades consignaron a diversos funcionarios
relacionados con la desaparición de los normalistas, pero fueron puestos en
libertad en distintas fechas en virtud de la inconsistencia y parcialidad de
las acusaciones, así como la comisión de actos que violaron sus derechos
humanos, entre ellos detención arbitraria, tortura, dilación en las puestas a
disposición y vulneración de los derechos de la defensa.
El funcionario indicó que hubo servidores públicos de la
extinta PGR que ocultaron pruebas suficientes que hubieran permitido conocer,
de manera fehaciente, el destino de las víctimas.
Por ello, en 2019, a través de la Fiscalía Especializada en
Materia de Derechos Humanos, se iniciaron nuevas investigaciones y ello ha
permitido establecer la cronología de lo sucedido, así como la participación de
quienes cometieron esos delitos. Incluso, se han enviado ya restos para su
identificación a la Universidad de Innsbruck, que fueron encontrados durante
esta administración y nueva investigación, sobre los cuales se esperan
resultados de inmediato.
Se dio a conocer que a finales de esta semana se espera judicializar
a otros funcionarios de diversos niveles, así como proporcionar mayor
información sobre los restos humanos que fueron enviados a la Universidad de
Innsbruck.
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