Ganaron (otra vez) los militares.

Raymundo Riva Palacio.

Ocho meses duró la batalla intramuros de Javier Jiménez Espriú para evitar que la Marina se apoderara de los puertos y las aduanas dentro de sus instalaciones, pero no pudo ganar la pelea. Jamás iba a ser vencedor de esta lucha, porque su adversario no era el secretario de la Marina, el almirante José Rafael Ojeda, sino el propio Andrés Manuel López Obrador. Como si no lo conociera. Desde que es Presidente, cada vez que se siente rebasado por las circunstancias de la realidad, se refugia en las Fuerzas Armadas. La debilidad ejecutiva de López Obrador se está resolviendo sistemáticamente por mayor acción, presencia y control castrense sobre la vida civil del país, cuyo orden está cayendo bajo control militar.

Jiménez Espriú dejó ayer oficialmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por un diferendo con el Presidente al decidir entregar a la Marina el Sistema Portuario Nacional, que tiene 117 puertos y terminales. Era una afrenta más.

Anteriormente lo había despojado del control y la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, para asignárselo al secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, en el eje de lo que pretende ser el nuevo Sistema Aeroportuario de la Ciudad de México, con lo cual le había cercenado su función como responsable del desarrollo de las comunicaciones y transportes.

El exsecretario era uno de los funcionarios que durante más tiempo habían acompañado a López Obrador, y de los pocos que en sus tres propuestas de gabinete en 2006, 2012 y 2018, figuró siempre al frente de la cartera de la SCT. López Obrador no sólo le cortó un brazo a la Secretaría, sino que afecta una parte estratégica del desarrollo mexicano, al entregarle a la Marina un área compleja que está por encima de sus capacidades, porque la SCT era el órgano gubernamental que promueve, además, las políticas de estabilidad y crecimiento económico, la integración y desarrollo, además del comercio exterior en los puertos, por donde pasa, sólo en 16 de ellos, el 67 por ciento del movimiento de carga.

La decisión de López Obrador se fundamentó en que “además de buena administración, requerimos de seguridad y de protección”. Este es el fondo, lo que sucede en las aduanas de los puertos con la infiltración del narcotráfico, que se viene arrastrando desde hace más de dos gobiernos, que es cuando se comenzó a atacar el problema.

El control de los principales puertos del país lo tenían, según informes del gobierno, los cárteles de los hermanos Beltrán Leyva en el Pacífico, y Los Zetas en Tamaulipas y Veracruz. Hoy, el Cártel Jalisco Nueva Generación controla los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz y Coatzacoalcos.

La mayor alerta de seguridad está en Manzanillo y Lázaro Cárdenas, por donde entran los precursores químicos para la fabricación de las metanfetaminas en los superlaboratorios de Jalisco y Michoacán, y el fentanilo, la droga que está provocando un alto número de muertes en Estados Unidos. Desde finales del gobierno de Enrique Peña Nieto creció la presión del gobierno de Donald Trump para que se luchara contra el tráfico de esas drogas, pero ni esa administración ni la de López Obrador han dado los resultados que buscan los estadounidenses.

López Obrador tiene razón en que hay un problema de seguridad en los puertos, pero la decisión final para pasar el control de los puertos y sus aduanas a los marinos, no la había tomado, dejando implícito en esa demora que consideraba los argumentos en contra de Jiménez Espriú, hasta después de su visita a Washington, lo que puede ser una mera coincidencia.

Los argumentos del exsecretario eran que los puertos debían ser operados por la dependencia que encabezaba, no por los militares.

Aunque se desconocen los detalles de su alegato, la complejidad que representan los puertos en la continuidad estable del comercio y la regulación de los sistemas de comunicación y transporte, hace inexplicable que por un problema de seguridad y narcotráfico en los puertos y aduanas marítimas, que es una realidad, sea la Secretaría de la Marina la que absorba completamente la responsabilidad de los puertos.

La seguridad en los puertos podría haber sido llevada a cabo por la Marina, como lo hizo durante el gobierno de Felipe Calderón y la descuidó, como hizo con todo en materia de seguridad el de Peña Nieto, al no ser excluyente de las funciones y responsabilidad de la SCT del resto de las operaciones de los puertos. López Obrador no procesa de manera segmentada los problemas y tiene diagnósticos generales que, por definición, son superficiales.

Aceptó finalmente la renuncia de Jiménez Espriú, presentada la semana pasada, tras no haber podido persuadirlo que aceptara una decisión ya tomada. El exsecretario fue congruente durante todo el tiempo que luchó contra la determinación del Presidente, pero sus razones chocaron contra lo que ha hecho López Obrador en su joven administración, que es entregarse a las Fuerzas Armadas, a las que sistemáticamente transfiere preocupaciones que no quiere atender.

La creciente presencia del Ejército en áreas que estaban fuera de su competencia, y con el nuevo papel que le está asignando a la Marina, también fuera de su ámbito, serán puestas a prueba cuando se problematicen los temas en puertos y aduanas marítimas con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y la secretaria de Economía, Graciela Márquez, con el comercio exterior, que tendrán que adaptarse a la subordinación militar.

A Jiménez Espriú lo alcanzó esa realidad que no aceptó. El López Obrador que separaba el gobierno civil del militar, no existe ya. Hoy está entregado a las Fuerzas Armadas, sin importar sus capacidades y experiencias, pero que le dan tranquilidad en sus sueños en Palacio Nacional, al dejar que otros resuelvan, como puedan, aquellos temas donde se sabe rebasado.