Por Arturo Ángel.
Entre 2013 y
2016, la administración de Emilio Lozoya en Petróleos Mexicanos (Pemex) dejó
un boquete de más de 23 mil 500 millones de pesos en los recursos y finanzas de
la empresa del Estado y sus subsidiarias, como resultado de 111 presuntos actos
de corrupción, malos manejos y posibles desvíos detectados por la Auditoría
Superior de la Federación (ASF).
Sin embargo,
aunque han transcurrido cuatro años desde que la gestión de Lozoya al frente
de Pemex terminó, hasta ahora el destino de todo ese dinero sigue sin aclararse
y los quebrantos al erario permanecen impunes.
Los malos
manejos en Petróleos Mexicanos y en sus distintas subsidiarias fueron documentados
sistemáticamente por la ASF mediante la aplicación de auditorías financieras y
forenses; estas últimas de mayor profundidad ante las sospechas de presuntos
actos de corrupción en la principal empresa estatal del país.
Como
resultado de dichas investigaciones, se detectaron irregularidades en el
manejo de recursos públicos en Pemex y en seis de sus subsidiarias en el
periodo de la gestión de Lozoya, es decir, de 2013 a 2016. El monto del
quebranto, según datos actualizados de la ASF, es de 23 mil 529 millones de
pesos.
El mayor
boquete se ubica en la subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP), donde
existe un faltante de 17 mil 537 millones de la empresa. Le sigue un posible
quebranto de 3 mil 980 millones en recursos manejados entre la empresa y la
filial P.M.I. Comercio Internacional.
A ello se
suman malos manejos detectados en la subsidiaria Pemex Transformación
Industrial por 1 mil 400 millones de pesos que no aparecen hasta la fecha, a
los que se suman otros 416 millones de pesos posiblemente desviados desde las
oficinas corporativas. El resto de las irregularidades corresponden a las
subsidiarias Pemex Fertilizantes, Pemex Logística y Pemex Refinación.
Los montos
referidos se desprenden de 111 irregularidades graves detectadas por los auditores
al revisar las cuentas públicas de los años mencionados.
Las
anomalías van desde recursos no ejercidos que tampoco fueron devueltos,
hasta el pago por obras incompletas o inexistentes, inversiones en bienes con
precios arriba del mercado o con avalúos injustificados, penalizaciones no
cobradas por incumplimientos en diversos procedimientos, y hasta transferencia
de recursos sin justificación alguna.
Hoyo negro
de dinero… una sola indagatoria.
Cada una
de las irregularidades detectadas en Pemex implica millones de pesos que, de no
ser aclarados – como no ha ocurrido en cuatro años – tienen que ser devueltos,
lo que tampoco ha sucedido. Se trata de posibles fraudes al erario que de
confirmarse dan pie a diversos delitos federales.
No obstante,
hasta ahora la ASF solo ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía
General de la República (FGR) y está relacionada con el posible quebranto de
más de 3 mil 500 millones de pesos que dejó la inversión en el complejo de
Agronitrogenados, y que involucró a Pemex y a su filial P.M.I. Internacional.
Dicha
inversión estuvo centrada en la adquisición de una planta de fertilizantes con
la empresa Altos Hornos por las cuales, según las evaluaciones de los
auditores, se llegó a pagar hasta diez veces más de su valor real no solo de
las naves industriales, sino también de los equipos.
De acuerdo
con otra indagatoria de la FGR, Lozoya habría recibido presuntos sobornos de
hasta cuatro millones de dólares a cambio de que Pemex cerrara este trato, lo
que dio pie a una de las órdenes de aprehensión en su contra que derivaron en
su extradición a México. No obstante, la indagatoria por los recursos mal
invertidos y posiblemente desviados detectados por la Auditoría continúa en
integración.
En cuanto al
resto de las irregularidades detectadas y el monto observado, en su momento
autoridades de la ASF indicaron a este medio que se preparaban los dictámenes
técnicos para la presentación de nuevas denuncias en próximos meses.
Reparación
del daño en riesgo.
Para que
el daño económico causado por la gestión de Lozoya en Pemex pueda ser reparado,
se requiere que Pemex y sus subsidiarias devuelvan los recursos no ejercidos o
que paguen por la afectación patrimonial causada por las distintas inversiones
irregulares, lo que no ha ocurrido hasta ahora.
La
presentación de las denuncias que permitan iniciar procesos en contra de los
funcionarios implicados en los malos manejos es otra alternativa, que puede
llevar a la localización de recursos o a la devolución de estos. Pero hasta
ahora solo existe una investigación en proceso.
Incluso, aun
cuando el exdirector de Pemex hoy se encuentra detenido y busca un acuerdo con
la FGR a cambio de aportar información, ello tampoco es garantía de que exista
algún tipo de reparación del daño, según señalaron algunos penalistas
consultados por Animal Político.
Es una situación
similar a la que ya sucedió previamente en casos como el del exgobernador de
Veracruz, Javier Duarte, también procesado y sentenciado por lavado de dinero y
asociación delictuosa (delitos que igual se imputan a Lozoya). Aun cuando su
gobierno dejó un quebranto superior a 40 mil millones según la ASF, Duarte solo
fue procesado y sentenciado mediante un juicio exprés, y se dictaminó que no
procedía reparación del daño alguno.
La razón
es que los delitos que se le imputaban eran de los denominados “formales” que, según los abogados consultados,
son aquellos que no tienen una conclusión material fácilmente identificable
como si la tiene, por ejemplo, un robo donde se puede regresar lo robado, o el
peculado donde puedes devolver el dinero que posiblemente desviaste.
Lozoya,
al igual que Duarte, está acusado de asociación delictuosa y cohecho (recibir
sobornos).
“Asociación
delictuosa es reunirse para cometer un delito. Es un acuerdo que aunque
delictivo no tiene una consumación material. Si nos acusan de cohecho pues la
afectación es para quien dio el soborno, tampoco hay reparación. Y es lo mismo
en el lavado de dinero. La única alternativa es que haya algún decomiso de
cuentas o casas, pero eso es distinto a una reparación que se ordene”, dijo Gabriel Regino, experto
penalista.
El litigante
explicó que si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla que
beneficios como el de convertirse en testigo colaborador (buscado por Lozoya)
están sujetos a una reparación del daño, la misma está condicionada
literalmente a “cuando sea el caso”, como señala el artículo 256, y ello tiene
que ver con la imposibilidad de que proceda la reparación en delitos formales.
Otros
expertos como la abogada Estefanía Medina, cofundadora de la organización
Tojil: Estrategia contra la impunidad, consideran que si bien desde una
visión muy “clásica” pero también “limitada” del Derecho este podría ser un
escenario, la FGR debería negarse a otorgar cualquier beneficio a Lozoya si no
implica una reparación para el Estado.
“El grupo de
trabajo de la ONU sobre recuperación de activos conforme a la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción de cuál forma parte México ha resuelto
que la sociedad en su conjunto es víctima de los casos de corrupción y, por lo
tanto, debe tratar de encontrarse la forma en que se pueda cuantificar este
daño y repararlo. No es fácil pero el Estado debe intentarlo”, señala
Medina.
Lozoya,
semana clave.
Esta
semana se definirá la situación jurídica de Emilio Lozoya en dos audiencias
judiciales programadas ante los jueces federales que ordenaron la captura del
exdirector de Pemex, por los supuestos sobornos que habría recibido de las
empresas Altos Hornos y Odebrecht en el sexenio pasado.
La
realización de estas audiencias tuvo que posponerse durante diez días debido a
problemas de salud que presentó el exfuncionario federal luego de haber sido
extraditado desde España.
En las
audiencias iniciales Lozoya será notificado oficialmente de las razones por las
cuales fue detenido con la finalidad de que responda a dichos delitos. Los
fiscales de la FGR, por su parte, solicitarán que se inicie proceso penal en
contra del exfuncionario quien tendrá la oportunidad de presentar pruebas a su
favor.
Las
audiencias se realizarán por el sistema de videoconferencia debido a que Lozoya
aún no ha sido dado de alta del hospital donde se encuentra, así como a las
restricciones sanitarias por la pandemia de COVID-19.
Se prevé
que la defensa del exdirector de Pemex no debata los argumentos de la Fiscalía
debido a que busca un acuerdo de colaboración con ellos. Hasta ahora no se han
dado a conocer los alcances de dicho acuerdo, pero de acuerdo con fuentes de la
defensa del exfuncionario, “todo se ha llevado conforme a la ley”.
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