Por Patricia
Dávila.
La sombra
del exfiscal de Nayarit sigue causando terror y tristeza en esa entidad.
Cientos de desapariciones forzadas cometidas por sus cómplices en la fiscalía,
o al amparo de ellos, siguen sin aclararse. Organizaciones civiles denunciaron
las omisiones de las fiscalías estatal y federal ante las correspondientes
comisiones de derechos humanos, pero la instancia que respondió fue el Comité
de las Naciones Unidas contra Desapariciones Forzadas, que instó al Estado
mexicano a tomar medidas urgentes para esclarecer esos crímenes.
La
detención en Estados Unidos del exfiscal Édgar Veytia, en marzo de 2017,
incrementó la violencia en Nayarit. El grupo de agentes con los que operaba en
esa entidad utilizó el poder del Estado para tomar el control de la venta de
drogas, realizó una limpia y eliminó “cabos sueltos”.
Por esa
razón desaparecieron hombres y mujeres vinculados con los grupos rivales:
vendedores de droga, consumidores, personas cercanas a ellos o simplemente
amigos. El número de estas víctimas es cercano al millar.
Esto
generó una serie de enfrentamientos y represalias entre tres grupos de
narcotraficantes que en ese momento operaban en la entidad: el integrado por
agentes de la fiscalía estatal, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el
de Los Beltrán Leyva, al mando de Yahír Patrón, H2Jr, hijo de Juan Francisco
Patrón Sánchez, H2, quien fue traicionado por Veytia y abatido por la Marina.
El H2Jr anunció que terminaría con el grupo del exfiscal y vengaría la muerte
de su padre.
Sin embargo,
tanto a nivel estatal como federal el gobierno ha utilizado el conflicto
entre grupos del crimen organizado como pretexto para justificar las
desapariciones y sus omisiones en la investigación.
A principios
de enero de 2017, la organización civil Uka Nuiwame, dirigida por Mayela
Ruiz Madrazo, solicitó en un oficio al secretario general de la ONU su
intervención para lograr el esclarecimiento de la desaparición forzada de más
de 300 personas.
El 25 de
agosto del mismo año, Ruiz Madrazo interpuso una queja en la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos por la omisión de la fiscalía nayarita y de su homóloga
federal en las investigaciones de numerosos casos. En ese documento se denuncia
que en siete meses ocurrieron 103 desapariciones forzadas, es decir, desde que
fue detenido Veytia, y cerca de 600 desde que él estuvo al frente de una
corporación policial.
Finalmente, el
pasado lunes 24 la ONU, por conducto del Comité contra las Desapariciones
Forzadas de las Naciones Unidas (CED), emitió acciones urgentes para que el
Estado mexicano tome, de forma apremiante, todas las medidas necesarias para la
búsqueda e investigación de 39 casos de desaparición forzada cometidos en
Nayarit, principalmente en 2017.
En víspera
del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (este domingo
30), la ONU también emplazó al Estado mexicano para que, a más tardar el 7
de septiembre, informe si se ha investigado al personal de la Fiscalía General
del Estado (FGE) de Nayarit y de la Policía Estatal posiblemente vinculados con
los delitos del exfiscal Veytia en 39 casos de desaparición forzada cometidos
en la entidad.
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