Darío Celis.
Entre los
personajes más interesados en presionar al gobierno de la 4T para modificar la
Ley de Coordinación Fiscal y redistribuir las participaciones federales a las
entidades, se encuentra el combativo gobernador de Chihuahua, Javier Corral.
En múltiples
ocasiones, el panista ha calificado la fórmula para repartir los impuestos
como “vetusta, inequitativa e injusta”, y en el camino ha logrado sumar a sus
peticiones a casi la mitad de los mandatarios del país.
El reclamo
se entiende en un escenario en el que la pandemia por Covid-19 dejará en la
entidad chihuahuense una caída de 11.2 por ciento en el PIB, pero se observa
como una medida desesperada para solventar una deuda pública que en los últimos
dos años ha crecido en alrededor de 40 por ciento.
En
específico, Chihuahua cerró las cuentas del primer semestre de 2020 con una
deuda acumulada de 42 mil millones de pesos, la cuarta más onerosa de las 32
entidades, sólo por debajo de la CDMX, el Estado de México y Nuevo León, pero
con ingresos por supuesto inferiores a esos tres estados.
La cifra
al cierre de junio contrasta de manera importante con la que se tenía en 2018, cuando el rubro de pasivos apenas
rebasaba los 30 mil millones; es decir, Corral echó mano de unos 12 mil
millones de pesos en tan sólo 18 meses, una decisión que puede marcar el legado
de su gestión.
El incremento
en la presión presupuestaria, según la Cuenta Pública, se observa en mayor
medida en la denominada deuda a largo plazo; o bien, en los compromisos que el
gobierno panista heredará a la administración que tomará las riendas del estado
en 2021.
Habrá que
recordar que, por única ocasión y para empatarse con los calendarios
electorales federales, el actual gobierno en el estado de Chihuahua tendrá una
duración de cinco años, por lo que esta administración se encuentra
prácticamente en lo que sería su recta final.
Si se
compara esta gestión del panista con el último año del periodo de César Duarte,
los números tampoco dejan bien parado al gobierno blanquiazul porque la deuda a
largo plazo del exmandatario priista apenas se incrementó en poco más de mil millones
de pesos.
De manera
detallada, de unos 22 mil 800 millones de pesos que se tenían contratados en
deuda a largo plazo para 2015, se incrementaron a 23 mil 900 millones para
finalizar 2016, año en que el priismo entregó el estado al Partido Acción
Nacional.
Por el
contrario, del cierre de 2018 a los primeros meses de 2020 la deuda
contratada a largo plazo por Corral creció desde 23 mil 100 millones a 31 mil
700 millones. Nada más y nada menos que 8 mil 100 millones de pesos de carga
adicional financiera para el gobierno sucesor.
Con el
estatus en las arcas públicas, la capacidad de maniobra del próximo gobierno
será muy limitada, por lo que la más viable respuesta a los problemas
financieros es precisamente incrementar los 58 mil millones de pesos que el
estado recibe anualmente de la Federación.
EL MISMO DÍA
en que Grupo Aeroméxico inició un proceso de reestructuración bajo el Capítulo
11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, momento en que los trabajadores ya
habían reducido su salario, varios de sus directivos recibieron compensaciones
ejecutivas o bonos por un total de 2 millones 41 mil dólares. Andrés Castañeda
(vicepresidente ejecutivo), Claudia Cervantes (vicepresidente legal), Eduardo
Tricio (miembro de la junta directiva), Ricardo Sánchez Baker (director
financiero) y Sergio Allard (director ejecutivo de relaciones institucionales),
son los ejecutivos que aparecen en la lista presentada esta semana ante la
Corte del Distrito Sur de Nueva York. Andrés Conesa, director general, fue el
que sacó la mejor tajada en el último año: 3 millones 569 mil dólares entre el
20 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2020. Tan sólo el mismo día en que
Aeroméxico se fue al Capítulo 11, recibió más de 900 mil dólares. En el último
año la aerolínea que preside Javier Arrigunaga repartió más de 9 millones de
dólares a 19 miembros, entre compensaciones ejecutivas, participación
accionaria y compensación como miembro de la junta directiva, según se puede
ver en el mismo documento.
EL
SENADOR DE Morena por Baja California, Gerardo Novelo Osuna, presentó una
reforma legislativa para involucrar a los tres poderes de la unión en el
proceso de creación de reformas. Ello se podría lograr al modificar los
artículos 89 y 93 de la Constitución Política y permitir la participación de
todos los sectores interesados en el proceso de creación y modificación de
leyes. En dicho proyecto se establece la obligación del Poder Ejecutivo de
colaborar con los legisladores en lo individual, mejorando la cooperación
interinstitucional entre los poderes de la unión. “Necesitamos dar atribuciones
y facultades a los legisladores del Congreso de la Unión para requerir
opiniones, comentarios e información, en general, previo y posterior a la
presentación de iniciativas y asuntos parlamentarios”, indicó Novelo Osuna el
pasado 14 de agosto con motivo de su segundo informe.
A CUALQUIER
MORTAL le lleva tramitar y lograr un nuevo registro de marca en el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) entre seis y siete meses, promedio.
El primer paso es hacer el preregistro y a los cuatro días, más o menos, se
abre un periodo de 30 días que se le llama de oposición, para que un tercero
pueda pronunciarse si es que tal registro puede tener alguna afectación a sus
intereses. Pero qué cree, el organismo que lleva Juan Lozano permitió que el
presidente se saltara las trancas de la ley. Y es que el IMPI acaba de expedir
el registro 2111414 que ampara la denominación “Andrés Manuel López Obrador” en
un tiempo récord de 35 días. La solicitud fue presentada el 13 de julio pasado
y se concedió apenas el 21 de agosto. El registro vence el 13 de julio del año
2030.
LA
EMPRESA BLUE Propane, de Jorge Alberto Elías Retes y Marco Antonio Sánchez,
demandó penalmente al alcalde de Tijuana, Arturo González, y a todo su Cabildo,
por invadir atribuciones exclusivas de la Federación en materia de
hidrocarburos, así como por impedir el establecimiento de estaciones de gas
para la venta al público. Además, los gaseros llevaron su queja hasta la
Secretaría de la Función Pública, porque el municipio ha entregado contratos
por adjudicación directa de más de 350 millones de pesos a la empresa Gas
Silza, del Grupo Tomza, de Tomás Zaragoza, misma que podría considerarse un
monopolio en el estado de Baja California al concentrar más de 60 por ciento de
los permisos para realizar actividades de la cadena de comercialización de gas
LP.
RESULTA QUE SIN
cumplir con el requisito de procedibilidad relativo a la autorización de
accionistas requerida para solicitar un concurso mercantil, la jueza María del
Carmen Leticia Hernández admitió a trámite el concurso mercantil de Grupo Senda
y le otorgó medidas cautelares que señalan que curiosamente no se les entregue ninguna
cantidad a sus bancos acreedores. Ese proceder ya derivó en que la jueza
primera de Distrito en Materias Civil y del Trabajo en el Estado de Nuevo León
haya sido denunciada ante la Fiscalía General de la República, por conceder una
ventaja indebida al principal consorcio del autotransporte de pasajeros del
norte del país, mismo que preside Jaime Rodríguez Silva.
DERECHO DE
RÉPLICA
Sr.
Director:
Con relación
a la columna La Cuarta Transformación del día 18 de agosto, me permito hacer
las siguientes aclaraciones.
Sobre el
señalamiento de que “la flota aérea de la Fuerza Aérea Mexicana… es una
verdadera tristeza el estado en que se encuentra”, le refiero que es incorrecto
debido a que cuenta con 364 aeronaves, 218 de ala fija, 120 de ala rotativa y
26 sistemas no tripulados, de los cuales el 55 por ciento cuentan con menos de
seis años de adquisición y están sujetos a rigurosos trabajos de mantenimiento.
Respecto a
lo dicho de “si el presidente Andrés Manuel López Obrador la cerrara no pasaría
nada y se ahorraría mucho dinero”, le refiero que, en las tareas de vigilancia
del espacio aéreo, durante la presente administración se han confiscado 60
aeronaves, 1 mil 919 kilogramos de mariguana, 298 mil 775 pastillas de
fentanilo. En la pandemia y durante la aplicación del Plan DN-III-E se han
realizado 56 rutas aéreas trasladando 380.5 toneladas de insumos médicos y se
han efectuado 44 operaciones de traslados humanitarios de 2 mil 963 personas.
Atentamente
Coronel de
Infantería D.E.M. Francisco Antonio Enríquez Rojas
Director
General Interino de Comunicación Social SEDENA
DERECHO DE
RÉPLICA
Sr.
Director:
Aeroméxico
informa:
Como parte
de las obligaciones de divulgación y transparencia del procedimiento voluntario
de reestructura financiera que en forma transparente lleva a cabo Aeroméxico
bajo el Capítulo 11 de los EUA, la compañía ha hecho público el documento
denominado “Statement of Financial Affairs”.
En dicho
documento consta un listado de salarios y compensaciones de los funcionarios de
la empresa, respecto a montos recibidos o que tuvieran derecho a recibir
durante el ejercicio en curso, aunque correspondan a prestaciones devengadas de
años anteriores. El bono a que hace referencia la columna, supuestamente pagado
el mismo día en que se inició el procedimiento del Capítulo 11, corresponde a
compensaciones variables devengadas por los ejercicios 2017-2019, como parte de
las políticas aprobadas en su oportunidad por el Comité de Compensaciones.
Sin embargo,
en congruencia con la situación de la industria y de la compañía, todos y cada
uno de los miembros del Grupo Directivo tomaron la decisión, hace varios meses,
de no cobrar ese bono previamente devengado, por lo que dichas cantidades
permanecen reservadas para efectos financieros y no fueron ni han sido cobradas
por sus beneficiarios.
Aprovecho
para informar que desde hace seis meses y hasta la fecha, todos los integrantes
del Grupo Directivo, sin excepción alguna, tomamos la decisión de contribuir,
mediante una aportación voluntaria temporal, con el 50% del salario habitual
para apoyar a la empresa en esta coyuntura ocasionada por la pandemia. Es un
orgullo para todo el equipo de Aeroméxico contar con el apoyo y sacrificio de
todos nuestros colaboradores y sindicatos.
Atentamente,
Christian
Pastrana
Director de
Comunicación y Asuntos Públicos
Grupo
Aeroméxico
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