Julio Astillero.
Es probable
que el año entrante, a la hora de votar, los ciudadanos del estado de Morelos
tengan en sus boletas para elecciones locales a 19 partidos con registro. Al
menos eso es lo que ha aprobado la Comisión de Organización y Partidos
Políticos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, lo que a la vez y a más tardar en el último día del mes en curso deberá
ser confirmado o rechazado: ocho nuevos partidos que se sumarán a los 11 ya
existentes.
La
aberración numérica resulta más evidente si se toma en cuenta la deplorable
situación política y gubernamental de esa entidad, a donde llegó como
aventurero de la política por dinero un ex futbolista profesional, contratado
para dar aliento en recaudación de votos (y la correspondiente elevación de
prerrogativas e ingresos económicos legales) a un partido sin mayores
perspectivas, el Social Demócrata, y se quedó como presidente municipal de
Cuernavaca y luego como gobernador del estado, siempre con malos resultados en
cuanto a gestión gubernamental y manejado el citado personaje deportivo por una
camarilla de cercanos que suplen, entre escándalos y corrupción, las evidentes
carencias para el ejercicio público de Cuauhtémoc Blanco.
El caso de
Morelos y sus probables 19 partidos da cuenta de la contradictoria profusión de
aspirantes a ingresar al negocio de la política al mismo tiempo que en el ánimo
popular se concentran las aspiraciones e intenciones electorales de los
ciudadanos en dos polos definidos: la continuidad del modelo reformista
impulsado por Morena y específicamente por el presidente López Obrador o la
restitución de modelos practicados por sus antecesores en el ejercicio del
poder, sobre todo Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, con
Movimiento Ciudadano como añadido.
Cierto es
que conforme a la legalidad vigente no se puede inhibir el derecho de los
ciudadanos a organizarse o ser organizados en busca de la creación de nuevos
partidos. En términos estrictos, a las autoridades electorales les corresponde
verificar el cumplimiento de los requisitos del caso y emitir un dictamen de
aprobación o desaprobación de las solicitudes de registro.
Sin embargo,
a niveles nacional y estatales, dichas autoridades electorales han sido
crónicamente susceptibles de presiones que les hacen actuar en el sentido
deseado por otros poderes, institucionales o fácticos. La aprobación de más
partidos políticos en la polarizada circunstancia actual requiere, por tanto,
de mayores cuidados y reservas.
En esa
tesitura de limpieza procesal y rigor analítico debe inscribirse la próxima
decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) respecto de las solicitudes de
registro de nuevos partidos nacionales. Nada de lo visto hasta ahora justifica
la aprobación de la mayoría de los solicitantes. En algunos casos son abierta
prolongación de los proyectos de fuerzas sindicales, en especial las
relacionadas con el SNTE, el grupo de Esther Gordillo y el sindicalismo bien
visto en este sexenio de Pedro Haces.
Mención
especial merece México Libre, la creación de Felipe Calderón Hinojosa y
Margarita Zavala Gómez del Campo. Un historial de falsificaciones e
irregularidades acompaña a ambos personajes, al grado que la mayor multa del
INE en el actual proceso de solicitudes de registro ha sido para tal
agrupación.
Además, debe
tomarse en cuenta que el promotor y beneficiario principal de México Libre, el
citado Calderón, está acumulando evidencias y acusaciones relacionadas con su
fraudulento ejercicio como titular del poder ejecutivo de 2006 a 2012, en
específico el enjuiciamiento a su mano derecha policiaca, Genaro García Luna, y
los señalamientos respecto a Etileno XXI.
Y, mientras
el escenario judicial se le complica en México y en Estados Unidos al
gobernador-gerente de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.