Por Dulce
Olvera.
El buque
“Tiburón Blanco”, ondeando una bandera de Malta, arribó alrededor de las 8:20
de la mañana del 1 de julio de 2019 en la Bahía Norte del Puerto de Veracruz,
descargando el primero de millones de contenedores que arriban a la nueva
Terminal de Contenedores de Hutchison Ports ICAVE, líder mundial portuario que
opera desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y donde trabajó
el actual director de la Administración Portuaria Integral de Veracruz
(Apiver). Para la ampliación y modernización del puerto, proyecto planeado
desde la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), coinvirtió alrededor
de 35 mil millones de pesos con el Gobierno federal.
La china
Hutchinson se ha convertido en una de las empresas con más peso desde que se
creó la Apiver, hoy señalada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador de
ser parte de la “privatización” del Puerto.
Planteada en
el Programa Maestro de Desarrollo Portuario del Puerto de Veracruz (2016-2021),
es la obra de infraestructura más importante de los últimos cien años del
Sistema Portuario Nacional (SPN). La ampliación a mil 113 hectáreas, duplicando
la actual extensión de 554 hectáreas tierra-mar, contará con capacidad para
movilizar hasta 66 millones de toneladas de carga y, al terminar su segunda
fase más de 95 millones de toneladas.
“Las
instalaciones actuales del Puerto de Veracruz no están en condiciones para
atender la demanda futura, por el contrario, presentan problemas de saturación,
muelles con baja capacidad de carga y dimensiones reducidas”, justifica el
Programa Maestro transexenal. “La característica principal de esta moderna
infraestructura considera un modelo de terminales especializadas […]. Este
propósito se podrá alcanzar incorporando a empresas privadas calificadas y con
comprobada experiencia en la construcción y operación”, dice el documento con sellos de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Apiver, paraestatal
también surgida en el Gobierno de Salinas de Gortari, luego de que en 1991
ordenó una requisa para quitarles la operación portuaria a los socios del
sindicato de maniobristas y a la empresa Servicios Portuarios de Veracruz.
Para
triplicar la capacidad de manejo de carga se instalaron terminales
especializadas. A más de un año del inicio de operaciones de la Terminal de
Contenedores (por la china Hutchison Ports ICAVE), también ya opera la Terminal
Especializada de Graneles Minerales (por el mexicano Grupo Logra), en julio
inició actividades la Terminal de Graneles Agrícolas (por el mexicano Grupo
Gramosa) y desde este agosto arrancó operaciones la Terminal de Hidrocarburos
(Grupo IEnova, filial de la estadounidense Sempra Energy), de acuerdo con
Apiver.
“En
general las terminales especializadas portuarias han sido entregadas a empresas
privadas. El Gobierno no quiere aportar recursos, por lo que subconcesionan.
Los servicios de carga y descarga, en estricto sentido de la palabra, ya eran
privados porque los trabajadores portuarios no eran dependientes del Gobierno
federal [antes de la requisa de Salinas]. Pero es errado decir que la
Administración Portuaria Integral es empresa privada”, dijo el Capitán de Marina Mercante,
Antonio Rodríguez Fritz.
Dentro de
la línea de Salinas de Gortari de privatizar, recordó Rodríguez, lanzó
convocatorias para subconcesionar diferentes terminales especializadas para
operaciones portuarias, porque no había muchas en el país. “Salinas sí planeaba
privatizar los puertos. Se promovió la creación de tres empresas estribadoras y
contrataron trabajadores que no eran del sindicato. Y la más importante en su
momento en el Puerto de Veracruz fue la Terminal de Contenedores. Pudiera ser
el tema a lo que pudiera haberse querido referir el Presidente”, afirmó.
El Capitán
de Marina Mercante planteó que en estos procesos de subconcesión una sola
empresa no podía participar en la licitación para más de una terminal en un
mismo litoral para evitar monopolio, debía tener capital mexicano mínimo en 51
por ciento y presentar una propuesta técnica y económica. Alrededor de siete
empresas participaron, incluyendo ICA-Hutchinson.
“La china
Hutchinson se quedó con la Terminal de Contenedores [entonces en la Bahía Sur,
y en 2019 se mudó a la Bahía Norte. ICA cedió su parte]. En su momento se creyó
que hubo un acto de corrupción con la apertura previa de sobres por parte de la
SCT, donde estaba Carlos Ruiz Sacristán de titular [1994-2000]. A mí me tocó ir
a una reunión donde dio las bases para el proceso de licitación”, evocó el Capitán de Marina Mercante.
Unos 550
socios del sindicato de maniobristas consideran como “vil despojo” que el
Gobierno de Salinas les arrebató un negocio multimillonario que ahora explota
la china Hutchinson Ports, escribió el columnista de SinEmbargo, Ricardo
Ravelo. “Fue uno de los golpes más severos que asestó el neoliberalismo y que
sumió en la ruina a miles de familias, mientras otros empresarios, como los
agentes aduanales, han amasado fortunas descomunales al amparo del negocio
portuario”, expuso.
En julio de 2019
concluyó la Terminal Especializada de Contenedores en la Bahía Norte por parte
de la empresa Hutchinson-ICAVE. Imagen: Programa Maestro de Desarrollo
Portuario del Puerto de Veracruz (2016-2021).
Históricamente,
el Puerto de Veracruz se ha consolidado en los flujos comerciales de la Ciudad
de México y sus alrededores, por lo que es el principal abastecedor de
servicios y de bienes intermediarios y de consumo para la zona centro del país,
destaca el Programa Maestro 2016-2021, por lo que es donde converge la mayor
diversidad de mercancías, cargas y servicios portuarios.
Entre sus
siete líneas de negocio destaca el de contenedores (operado por Hutchison
Ports) por ser el principal segmento de negocio del Puerto; el de granel
agrícola (importación de maíz, trigo, soya y semilla de canola); seguido del
granel mineral (importación de chatarra, fertilizante, coque de petróleo para
la industria metalúrgica, cementera y agrícola).
“El Puerto
de Veracruz incide en la economía nacional de manera fundamental por ser la
entrada de más del 50 por ciento de los cereales que ingresan vía marítima al
país, como materia prima de productos alimenticios”, destaca el Programa
Maestro 2016-2021.
Otra línea
de negocio es la carga general (exportación e importación de acero, tubería
para industria petrolera y maquinaria); así como autos (este puerto mueve un 60
por ciento de los vehículos manejados vía marítima a nivel nacional sobre todo
importados de Europa y exportados a Estados Unidos); petróleo (diésel y
gasolinas); y otros fluidos (aceites vegetales).
A medio año
de concluir el sexenio, el 14 de mayo de 2018, el Presidente Enrique Peña
Nieto; el Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz
Esparza; el Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes; y el Director de
Hutchison Ports Latinoamérica y Caribe, Jorge Magno Lecona, habían recorrido la
construcción de la Terminal de Contenedores para conocer el avance de esta obra
planteada desde 2016, como parte de la modernización del Puerto veracruzano, cuyos
66 kilómetros de vías férreas están concesionadas a Ferrocarril del Sureste
(Ferrosur) de Grupo México, propiedad de Germán Larrea.
El
entonces Director General de la Administración Portuaria Integral de Veracruz
(Apiver), concesionaria paraestatal del Puerto de Veracruz desde el 1 de
febrero de 1994, era el Ingeniero Juan Ignacio Fernández Carbajal, hermano del
presidente de FEMSA, José Antonio Fernández Carbajal, alias “El Diablo”.
Dos años
después de ese recorrido por una de las terminales especializadas planeadas, el
Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que durante la administración de
Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se “privatizó” el Puerto de Veracruz por
50 años y, el 6 de julio de 2018 –tras las elecciones presidenciales– el Gobierno
de Enrique Peña Nieto (2012-2018), a través de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, amplió la concesión a la paraestatal Apiver hasta el 2094, es decir, por un siglo.
“Dicen
que no se entregó a particulares, que es la Administración Portuaria Integral
[de la SCT], pero es el momento de aclarar cómo se simulaba una privatización,
cómo se disfrazaba. Porque la nación recibe, de los ingresos del Puerto, como
el ocho o 10 por ciento”, dijo López Obrador en la conferencia matutina del
lunes. “Se va a revisar la concesión”, insistió.
¿CONFLICTO
DE INTERÉS?
El Ingeniero
Miguel Ángel Yáñez Monroy, Director general de la Administración Portuaria
Integral de Veracruz (Apiver) desde enero de 2019, laboró en puestos directivos
de Hutchison Ports, empresa que aportó el 80 por ciento de los más de 30 mil
millones de pesos invertidos para el proyecto de ampliación y modernización del
Puerto de Veracruz. El 20 por ciento restante fue inversión pública para el
rompeolas más grande de Latinoamérica con una longitud de 4.5 kilómetros.
Antes de
dirigir la cuestionada Apiver, el Maestro en Ingeniería Oceánica por la
Universidad de Miami, Yáñez Monroy, fue Director de la empresa filial Terminal
Intermodal Logística de Hidalgo (TILH) hace casi diez años, así como Gerente de
Proyectos y Desarrollo en Hutchinson Ports-ICAVE, que el año pasado inició la
mudanza de sus operaciones de la Bahía Sur a la Terminal Especializada de
Contenedores en Bahía Norte.
ICAVE es una
empresa maniobrista que opera en el Puerto de Veracruz. En 2001 fue adquirida
por Hutchison Ports, filial de la multinacional CK Hutchison Holdings Limited,
quien es la principal inversora y desarrolladora mundial con una red de
operaciones portuarias en 52 puertos que abarcan 27 países de Asia, Oriente
Medio, África, Europa, América y Australia.
Además, el
periódico local Plumas Libres publicó en julio pasado que el Director
general de Apiver fue denunciado en abril ante la Secretaría de la Función
Pública (SFP) por “actos arbitrarios para obtener beneficios personales y en
detrimento de la Administración pública o en perjuicio a personas”. El
expediente citado por la reportera Claudia Guerrero es el 24496/2020/PPC/APIVERACRUZ/DE9.
“En el
documento se expone que Miguel Ángel Yáñez Monroy, a través de su cargo como
Director General de la Administración Portuaria, realiza actos de favoritismo,
corrupción y abuso de poder para imponer empresas, contratistas, personas y
proveedores, provocando diversas afectaciones a personas y colaboradores”, dice el texto del diario.
SinEmbargo
solicitó una entrevista con Yáñez Monroy al área de comunicación social de
Puertos y Marina Mercante de la SCT. “Apenas vamos llegando, estamos revisando
todo. La Función Pública está haciendo su trabajo, esperamos se investigue a
fondo. Eso es lo único que podríamos comentar”, respondió el área de
comunicación social. La exsecretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa
Icela Rodríguez, fue designada en la Coordinación General de Puertos y Marina
Mercante en julio pasado.
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