Por Efrén
Flores.
Grupo
Higa, Grupo Tradeco y Altos Hornos de México (AHMSA) ganaron al menos 19 mil
110 millones 463 mil 331 pesos entre 2007 y 2018, por medio de 56 contratos
gubernamentales relacionados con obras públicas, de acuerdo con cifras de CompraNet
analizadas por la Unidad de Datos de éste medio digital.
Higa,
Tradeco y AHMSA fueron acusadas de corrupción por Emilio Lozoya Austin. En una
denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) fechada al 11 de agosto
de 2020, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) señaló que los tres
grupos empresariales conspiraron para delinquir en perjuicio del erario
público.
Grupo
Higa, del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, además de cargar con el
costal de la “casa blanca” de Enrique Peña Nieto y la vivienda de Luis
Videgaray Caso en Malinalco, Estado de México, fue acusado por Lozoya de pagar
sobornos y entregar dinero al expresidente de la República, así como de
“intermediar entre empresas de construcción, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
[SCT] y Pemex” para obtener beneficios económicos. La intermediación de Grupo
Higa, calificada de “extorsión” por Lozoya ante la FGR, le generaba ingresos a
la empresa de entre el cinco y el 10 por ciento del valor de muchas de las
obras de infraestructura contratadas por el Gobierno federal. Dichos montos,
indicó Lozoya, “eran entregados en efectivo a Juan Armando Hinojosa y éste, a
su vez, los compartía, también en efectivo, con Enrique Peña Nieto”.
El dueño
de Grupo Tradeco, Federico Martínez Urmeneta, también fue señalado por Lozoya.
De acuerdo con el exfuncionario público, Martínez habría negociado para
beneficiar a Grupo Tradeco, ya fuera con contratos petroleros o con la
exoneración de penalidades por incumplimientos e irregularidades contractuales.
“Por instrucciones de Enrique Peña Nieto recibí a Federico Martínez, quien
tenía una serie de peticiones sobre obras que tenían con Pemex, pero todas
presentaban quejas, retrasos e incumplimientos. […] Federico Martínez Urmeneta
me pidió modificar los contratos y perdonar penalidades, ante lo que me negué”, declaró Lozoya a la dependencia
encabezada por Alejandro Gertz Manero.
Acerca de
AHMSA del empresario Alonso Ancira Elizondo, Lozoya mencionó que durante el
sexenio de Peña Nieto la compañía negoció contratos para la producción de
fertilizantes nitrogenados, además de concretar la venta de la planta chatarra
de Agro Nitrogenados que causó perjuicios a la Hacienda Pública Federal y a
Pemex.
Los tres
grupos empresariales, además de haber tejido supuestas redes de corrupción con
funcionarios del último sexenio priista, tienen un largo historial de negocios
con los diferentes niveles de gobierno, incluso desde 2007, cuando Felipe
Calderón Hinojosa era Presidente de la República.
En dicho
periodo, Tradeco se embolsó 10 mil 691 millones 87 mil 546 pesos, a través
de 24 contratos celebrados con 12 dependencias gubernamentales estatales y
federales, entre las que destacan la SCT, la Administración Portuaria Integral
(API) de Veracruz y Pemex Exploración y Producción (PEP).
Por medio
de Tradeco Infraestructura, Tradeco Ingeniería y su filial Innovaciones
Técnicas en Cimentación (ITECSA), el grupo de Federico Martínez Urmeneta hizo
negocios en Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima,
Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Sonora,
Tamaulipas y Veracruz, para el desarrollo de infraestructura vial y carretera,
además de obras relacionadas con edificaciones gubernamentales y transporte
público, como en los casos del “Proyecto Integral para la Modernización de la
Estación Revolución” del Metro capitalino (2014) y la “Construcción de juzgados
de Control y Juicio Oral” en Morelos (2016).
En segundo lugar,
está Grupo Higa del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú. A través de 11
contratos de sus filiales Higa Edificaciones, Constructora Teya y Concretos y
Obra Civil del Pacífico (Cocipa), el conglomerado se embolsó 8 mil 343 millones
56 mil 627 pesos pagados por obras de construcción y reconstrucción vinculadas
con la SCT, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol), además de obras contratadas por la Secretaría de
Infraestructura y el Instituto de la Vivienda del Gobierno de Chiapas, así como
por la Secretaría de Salud del Estado de México.
Con
respecto a AHMSA de Alonso Ancira Elizondo, quien actualmente goza de un amparo
contra una orden de aprehensión federal por el delito de lavado de dinero, las
cifras oficiales indican que tuvo ingresos por al menos 76 millones 319 mil 158
pesos ligados a ingresos de su corporativo y de su subsidiaria Nacional de
Acero (NASA). Dicha cantidad de dinero fue pagada por la Secretaría de Marina
(Semar) para la adquisición de diversos materiales metálicos de construcción,
así como por “subcontratación de servicios con terceros”.
Gran
parte (46.3 por ciento) de los contratos obtenidos por Higa, Tradeco y AHMSA
entre 2007 y 2018 fueron licitaciones públicas. Los datos de CompraNet indican,
asimismo, que el 39.3 por ciento de las contrataciones fue por adjudicación
directa y el resto (14.3 por ciento) por invitación restringida. Sin embargo,
el 96.9 por ciento del monto pagado (18.5 mil mdp) a dichas empresas fue
producto de procesos con concurso público de por medio.
A la
fecha, ninguna de éstas compañías aparece en la lista de proveedores
sancionados de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Sin embargo, algunas
de ellas tienen esqueletos en el clóset.
El 5 de
septiembre de 2016, por ejemplo, Tradeco Infraestructura fue inhabilitada
por la SFP debido a incumplimientos de contrato. Las dependencias públicas de
los diferentes niveles de Gobierno “deberán abstenerse de aceptar propuestas o
celebrar contratos […] por el plazo de 30 meses (2 años y 6 meses) por cuanto
hace a Tradeco Infraestructura”, se lee en el Diario Oficial de la Federación
(DOF).
Otro ejemplo
es el de Cocipa. La filial de Grupo Higa fue una de las responsables de la
construcción del Hangar Presidencial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México (AICM) entre 2014 y 2016. Dicha obra no sólo tuvo un costo 25 por
ciento superior al valor estimado inicial (945.6 mdp) sino que, entre 2015 y
2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó 213 millones 121 mil
5 pesos en pagos indebidos y probables daños a la Hacienda Pública
Federal.
Discrepancias
“entre el volumen pagado” y el “volumen obtenido” en obras y servicios del
AICM, “duplicidad del personal técnico y administrativo en oficinas de campo”,
“incorrecta” integración de costos y precios de obras y servicios, pagos a
precios “excesivos”, pagos y obras “no previstas” y/o “injustificadas”, así
como penalizaciones “no solventadas” y sobrecostos, fueron parte de las inconsistencias
que la ASF halló en los procesos de construcción del hangar 787, de acuerdo con
una investigación de SinEmbargo (https://www.sinembargo.mx/14-03-2019/3549933).
En los
sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, 17 dependencias
estatales y federales dieron negocio a Higa, Tradeco y AHMSA.
De acuerdo
con las cifras oficiales de la SHCP, el 47 por ciento del monto pagado (8.9 mil
mdp) entre 2007 y 2018 provino del Gobierno del Estado de México encabezado por
Enrique Peña Nieto (2005-2011) y por Eruviel Ávila Villegas (2011-2017), a
través de dos obras de infraestructura pública: el desarrollo del Hospital
Regional de Alta Especialidad Zumpango (2009) y las obras del Mexibus Indios
Verdes-Ecatepec-Tecámac (2014).
Otro 42
por ciento –equivalente a 8 mil millones de pesos– fue erogado por la SCT, API
Veracruz, PEP y Pemex Corporativo.
La SCT
dio 3.8 mil millones de pesos a Tradeco Infraestructura y Grupo Higa –a través
de la Constructora Teya y Cocipa– para obras de infraestructura vial y
carretera entre 2007 y 2015. API Veracruz pagó 2.3 mil millones a Tradeco
Infraestructura en 2014, para la construcción de un rompeolas en el Puerto de
Veracruz. Y PEP y Pemex Corporativo pagaron 1.9 mil millones de pesos a Tradeco
Infraestructura entre 2008 y 2010, para el “arrendamiento de pontones” (i.e.
puentes provisionales o cascos de babor) y obras de construcción en Tabasco y
Veracruz.
El 11 por
ciento restante del dinero (2.1 mil mdp) correspondió a erogaciones de seis
dependencias del Gobierno federal y de cinco instituciones de los gobiernos de
Chiapas, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.
Por un lado,
los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como Caminos y Puentes
Federales (Capufe), Conagua, Semar y Sedesol dieron 1 mil 746 millones 281 mil
827 pesos a AHMSA y su filial NASA, así como a Higa Edificaciones y a las
subsidiarias de Grupo Tradeco (Infraestructura, Ingeniería e ITECSA) entre 2008
y 2018.
Por otra
parte, la Comisión Estatal de Agua de Oaxaca, la Secretaría de Obras
Públicas de Morelos, el Gobierno capitalino y dos dependencias del Gobierno de
Chiapas (Instituto de la Vivienda y Secretaría de Infraestructura) pagaron 377
millones 651 mil 506 pesos en 2007-2016, a Higa Edificaciones, Tradeco
Infraestructura e ITECSA.
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