Salvador
Camarena.
En el verano
de 2016, con semanas de diferencia, dos madres se le arrodillaron a Miguel
Ángel Osorio Chong. Pedían, con ese acto de desesperación, ayuda al poderoso
secretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto para encontrar a sus hijos,
desaparecidos como otros tantos miles.
Esas
imágenes sintetizaban la indolencia de un sexenio que nunca atendió a las
víctimas de la violencia. Sin embargo, el gesto de esas madres desesperadas
toma cuatro años después una nueva dimensión, pues se han venido publicando
detalles de investigaciones sobre multimillonarios desvíos en los aparatos de
seguridad que manejaba Bucareli en tiempos de Osorio Chong.
Las víctimas
clamaban ayuda mientras el aparato de seguridad del gobierno (es un decir) era
un catálogo de graves irregularidades.
Pues, para
ponerlo en palabras de Arturo Ángel, “durante seis años, de forma
ininterrumpida, la Policía Federal registró un desvío sistemático de recursos
que no sólo representó un fraude al erario, sino que terminó por quebrar a la
corporación, complicando su funcionamiento operativo al no poder pagar al final
ni la luz de sus edificios, ni la gasolina de sus patrullas, ni el hospedaje de
sus efectivos”.
Agosto ha
sido el mes del inicio del destape de un presunto desfalco en la Policía
Federal. En este mes se supo de una carpeta de investigación en la que 19
funcionarios de tiempos de Osorio Chong, entre ellos una cercanísima
hidalguense, están siendo perseguidos por desvíos de recursos. Varios de ellos
hoy se encuentran prófugos.
Se ha
comentado ya que es impensable que esas conductas, de probarse ante un juez,
ocurrieran en las narices del hoy senador sin que éste se enterara. Máxime
cuando esa cercanísima hidalguense –Frida Martínez Zamora– tiene carrera
paralela como mano derecha de su paisano.
En
principio, la Fiscalía General de la República busca conocer y castigar fraudes
por alrededor de 2 mil 600 millones de pesos.
Pero la cosa
no pararía ahí. Como lo ha adelantado el reportero Pablo Ferri, de El País,
también la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función
Pública tienen investigaciones sobre el periodo de Osorio al frente de los
aparatos de seguridad.
Y es que
algunas versiones han llegado a señalar que el monto de las irregularidades
investigadas rondaría los 40 mil millones de pesos, cantidad que no sólo
incumbe a la Policía Federal sino también al Cisen y a la Comisión Nacional de
Seguridad.
Dicho en
otras palabras. Cuando Peña Nieto llegó a la Presidencia, ese gobierno se afanó
en borrar de la conversación el tema de la violencia. Se quejaron de la
cobertura periodística al respecto y llegaron a provocar la salida de
conductores que no aceptaron el 'cambio' de narrativa.
A la par de
esa, digamos, nueva estrategia de comunicación, la escalada de muerte y
violencia no cesó. La meseta en la que Felipe Calderón dejó el número de
homicidios en su último año, en el peñismo se convertiría en ascendente cordillera.
Pero al gobierno peñista eso no le importaba. Ellos estaban cambiando México
(no), y –ahora tenemos denuncias– robando desde Petróleos Mexicanos o generando
estropicios, que podrían materializarse como graves delitos según las pesquisas
de la FGR, en las áreas de Seguridad de Gobernación.
Volvamos a
las madres que buscaban a sus hijos, que desesperadas se le hincaban a Osorio
Chong. Estaban frente al funcionario que, ¿no vio? ¿No supo? ¿No detuvo? ¿No
investigó?, el descarrilamiento mediante desvíos de la Policía Federal.
Cuando
Andrés Manuel López Obrador dijo que desaparecería la PF porque era corrupta
pareció uno más de los arranques del nuevo Presidente, esos que le llevan a
borrar toda herencia del pasado. Pero en una de esas tenía mucha razón.
Porque
mientras la tropa de la PF era corrida de hoteles por falta de pago, en
Gobernación 'perdían' miles de millones de pesos. Mientras las madres clamaban
ayuda, en Bucareli hacían estafas maestras.
¿Cómo se
sentirán las miles de familias que han perdido un ser querido al saber que las
instituciones que debían ayudarlas eran saqueadas por sus propios mandos
civiles?
Si se
prueban tales fraudes, será difícil calificar tal conducta de la entonces Segob
con una palabra diferente a la de traición.
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