Raymundo
Riva Palacio.
No le ha
bajado el mal humor al presidente Andrés Manuel López Obrador desde el viernes
pasado, cuando tuvo que afrontar a la opinión pública y torear por qué su
hermano Pío recibía millones de pesos regularmente para acciones políticas.
Como no puede acusarlo de corrupto, como hace con ligereza cuando se trata de
quienes no son incondicionales, ha querido taparlo con disparos de escopeta,
con lo que está minando el acuerdo que negociaron el fiscal Alejandro Gertz
Manero con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y reventando todo el trabajo
que hacen sus colaboradores para lograr los objetivos que busca el Presidente.
El miércoles
aseguró que Lozoya no estaba diciendo todo lo que sabía sobre la corrupción de
Odebrecht. Sin embargo, Lozoya ha hablado tanto de Odebrecht, que incluso
afirma hechos que los testimonios de exejecutivos de la empresa ante la
Fiscalía brasileña, lo desmienten. Lo que no mencionó en su denuncia fue su
estrecha vinculación con Juan Carlos Tapia, propietario de Construcciones
Tapia, a quien presentó con los directivos del conglomerado brasileño para que
hicieran negocios.
La relación
con Tapia fue tan productiva para Odebrecht, que una buena parte de los
primeros cuatro millones de dólares que le dio como soborno –como afirmó el
exdirector de la empresa en México, Luis Alberto de Meneses Weyll–, fueron por
ese contacto. Forzar públicamente a que Lozoya hable más de Odebrecht rompería
una vez más el pacto con Gertz Manero, que le permitió a Lozoya exonerar a
Tapia de cualquier presunto acto de corrupción en su denuncia de hechos, y que
no declara nada sobre lo que hizo con él y Odebrecht.
“Peor” que
eso, magnificó López Obrador en un giro de tema, es que no señaló en su
denuncia de hechos ante la Fiscalía General, de manera “inexplicable”, todo lo
relacionado con la planta de fertilizantes Fertinal, otra empresa que adquirió
Pemex, en ese entonces dirigida por Lozoya. La realidad es que Lozoya sí tiene
un expediente voluminoso sobre el caso Fertinal, y la verdad es que este tema
nunca estuvo entre los acuerdos con Gertz Manero, ni tampoco fue un punto que
le pidieran que incluyera en su denuncia. Más bien, quedó implícito que no lo
presentara en su querella.
La
afirmación de AMLO sobre la empresa deja mal a Lozoya y a su fiscal general, a
quien, esto sí inexplicablemente, desautoriza. Lozoya denunció lo que le
pidieron en la Fiscalía General, e incorporó a quienes quiere cobrarle facturas
del gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo que no está en su querella es porque no
se lo dictaron o aprobaron.
Fertinal no
es la única explosión de López Obrador en esta semana de mañaneras impregnadas
de muina. Este jueves dijo que Altos Hornos de México (AHMSA) debía reparar un
daño por 200 millones de pesos por la venta a sobreprecio de la planta de
fertilizantes Agronitrogenados, pues de otra forma sería castigada, lo que no
parece una acción en busca de la justicia, sino producto de algo más cercano al
berrinche.
A principios
de semana, dijo que había un nuevo dueño de AHMSA, que estaba dispuesto a pagar
ese dinero. No es la primera vez que lo aseguraba, pero sí la primera donde lo
desmintieron, que de sí es embarazoso, y afectó, de paso, la delicada negociación
que tienen varios de sus cercanos colaboradores para que la empresa de Alonso
Ancira pase a manos de un acerero cercano a Palacio Nacional.
Con ello,
nuevamente le propinó un revés político a Gertz Manero. La negociación con
Lozoya incluía la denuncia sobre Agronitrogenados, pero habían acordado que él
no declararía en contra de Ancira, que es su amigo, y que trasladaría toda la
responsabilidad de la operación a Peña Nieto y al entonces secretario de
Hacienda, Luis Videgaray. El exabrupto presidencial dañó los puentes que han
ido construyendo sus asesores con Ancira y Lozoya, tanto para la venta a un
aliado de la casa presidencial, como el blindaje que había negociado el
exdirector de Pemex para su amigo.
La semana de
la ira había comenzado temprano, el sábado, cuando afirmó que había un contrato
“leonino” a favor de Braskem, la filial de Odebrecht, e Idesa, en el Proyecto
Etileno XXI, por medio del cual el gobierno había subsidiado unos 15 mil
millones de pesos. No era la primera vez que se refería a ello, pero sí fue la
primera vez que la empresa, de manera directa, lo desmintió. Por la forma como
acometió el Presidente, se llevó en el cauce otra parte del pacto Gertz
Manero-Lozoya, y se disparó al mismo tiempo en el pie.
En su
denuncia, Lozoya mencionó a Braskem, pero no metió a las empresas mexicanas
involucradas en Etileno XXI, ICA e ICA Fluor –que desde la transición se
acercaron a López Obrador–, y cuidó sobremanera a Idesa, que cuando se negoció
el proyecto durante el gobierno de Felipe Calderón, uno de sus consejeros era
Javier Jiménez Espriú, muy cercano al Presidente y su primer secretario de
Comunicaciones y Transportes, cuya familia política es la dueña de la empresa.
Lozoya omitió por completo a ICA, y exoneró de toda culpabilidad en presuntos
sobornos a Idesa. Ahora, la volvió a meter al potaje López Obrador.
El
Presidente tendría que serenarse si no quiere seguir enterrando, desde el punto
de vista jurídico, su gran caso contra la corrupción en México, y seguir
agudizando las contradicciones que ensucian y desacreditan la negociación de
Gertz Manero con Lozoya. Hay que reconocerle que es incontenible, lo que no
siempre es un atributo. Como apuntaron ayer los exgobernadores de los bancos
centrales de México y Brasil, Guillermo Ortiz y Arminio Fraga, en un artículo
en el Financial Times, al igual que el presidente brasileño Jair Bolsonaro,
López Obrador es una “bola de demolición” que todo destruye.
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