El presupuesto anual
de la Cámara de Diputados supera los 7 mil 600 millones de pesos, ya que los
500 legisladores ganan mensualmente 148 mil 325 pesos, más prestaciones. Pero
además, tanto ellos como los directivos de las secretarías del recinto de San
Lázaro contratan despachos privados que les ayuden o de plano realicen su
trabajo de analizar y dictaminar las iniciativas de ley.
No son todas las comisiones ni en todo momento las que
contratan asesorías externas. Por los asuntos que abordan, tradicionalmente lo
han hecho las comisiones de Presupuesto, Hacienda, Gobernación, Derechos
Humanos, Energía, Infraestructura, Comunicaciones y Competencia Económica.
Sin embargo, la
Comisión de Trabajo y Previsión Social que encabeza la priista del sector
obrero Georgina Zapata Lucero, quien determinó que se contratara en diciembre
pasado al despacho MXP Abogados Consultores S.C., que cobró 300 mil pesos por
realizar durante aproximadamente un mes la labor parlamentaria y legislativa de
los 22 integrantes de la comisión. En ese periodo los 22 legisladores cobran en
total 3 millones 278 mil pesos.
Otro caso es el de la
Comisión de Recursos Hidráulicos, que preside el diputado del PVEM José Antonio
Arévalo González. La Junta de la Mesa Directiva decidió recurrir a los
servicios de JC Consultores en Ingeniería Hidráulica para que elabore la nueva
Ley General de Aguas, según denuncia a Proceso el legislador Rodrigo Abdalá
Dartigues, de Morena.
En marzo de 2015, el
PRI intentó aprobar la nueva Ley General de Aguas que contemplaba heredar las
concesiones, mantener el tráfico de las mismas, cambiar el término de
“asignación” por el de “concesión”, convertir en concesionario al empresario
que construyera un trasvase y obligar a funcionarios públicos a buscar
inversiones privadas para el proceso de explotación y entrega del agua.
La entonces diputada
federal del PRD Aleida Alavez impidió el albazo y logró enviar a la congeladora
esa iniciativa, conocida como “Ley Korenfeld”, pues la autoría del último
documento que llegó a San Lázaro el 11 de febrero de 2015 se atribuyó al
entonces director de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld.
La propuesta se frenó
por considerar que su objetivo era privatizar el agua y que detrás de ello
estaba la empresa islaelí Mekorot.
La firma JC Consultores en Ingeniería Hidráulica cuenta
entre sus especialistas con Federico Guillermo Moritz Parra, quien según su currículum
fungió en 2014 como “traductor de documentos técnicos para Mekorot Develoment
& Enterprise, dentro de las actividades de cooperación entre esta empresa
islaelí y la Conagua”.
El contrato con JC
Consultores es de 416 mil pesos por seis meses.
De candidata a consultora.
En 2007 Silvia Guadalupe Palazuelos era subcoordinadora de
Asuntos Jurídicos del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en 2011 ya era
mencionada como ex coordinadora de asesores del vicecoordinador del PRI en el
Congreso de Sinaloa y figuraba en la lista de candidatos a diputados federales
suplentes.
Ocupó la posición 16 de la cuarta circunscripción, lo que
hacía casi imposible que llegara a San Lázaro, pero rápidamente fue rescatada.
Pasadas las elecciones, el
entonces recién estrenado senador Raúl Cervantes –hoy procurador general de la
República y primo del consejero jurídico de la Presidencia de la República,
Humberto Castillejos Cervantes– la propuso como secretaria técnica de la
Comisión de Puntos Constitucionales. Después de representar al PRI ante el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en abril de 2012, su
nombramiento en la cámara se aprobó el 9 de octubre siguiente.
El siguiente paso de Palazuelos fue iniciar su propia
empresa consultora con una inversión de 500 mil pesos. De acuerdo con las
escrituras de la firma MXP Abogados Consultores S.C., José Juan Torres Tlahuizo es el único “socio industrial” de la
fundadora. También él fue candidato a diputado federal suplente por el PRI en
la cuarta circunscripción, sólo que en la posición 17.
Al no llegar a la curul federal, en agosto de 2012 Torres
Tlahuizo fue el apoderado del PRI que dio fe de la conformación del grupo
parlamentario del Senado, encabezado por Emilio Gamboa, y de la Cámara de
Diputados, entonces con Manlio Fabio Beltrones al frente.
El 29 de agosto de
2014, tras crear su consultora con un perfil que nada tiene que ver con la
materia laboral, consiguieron que los contratara la Comisión de Trabajo y
Prevención Social de la actual legislatura.
Ariel Juárez
Rodríguez, diputado federal por Morena e integrante de la Comisión de Trabajo,
solicitó formalmente el 19 de octubre de 2016 conocer el contrato suscrito con
MXP Abogados Consultores S.C., pero la presidenta priista, Georgina Zapata, se
negó a entregarlo y le indicó que lo pidiera en el Comité de Administración de
la Cámara de Diputados “si tanto le interesaba”.
De acuerdo con los documentos que MXP Abogados Consultores
entregó a la Cámara de Diputados –copia de los cuales tiene Proceso–, su fuerte es el área electoral y sus
“productos y servicios” están dirigidos a “asesoría y representación legal para
candidatos a ocupar un cargo de representación popular, desde el proceso
interno, precampaña, campaña y poselectoral”.
Además, ofrece
“representación legal” ante organismos electorales, impugnaciones, denuncia,
alegatos y “capacitación”. Como uno de sus “sus puntos fuertes” y dentro de las
“ventajas del servicio” incluyen su participación en los proceso electorales
federales de 2000 y 2012.
Nada de eso se
relaciona con los servicios que prestó a la Comisión de Trabajo, los cuales
enumera en la cotización que entregó el 21 de diciembre de 2016, de la cual
este semanario también tiene copia.
La “descripción del
servicio” consta de cinco puntos, que el diputado Ariel Juárez califica de
“absurdos”, pues se trata de labores que cualquier legislador puede realizar.
En su plan de trabajo, MXP Abogados Consultores establece un
plazo aproximado de un mes para llevarlo a cabo, a cambio de 300 mil pesos.
Por ejemplo, en cuanto al tema de “guarderías y permisos
especiales”, establecen en el primer punto el “análisis y estudio de las
iniciativas en materia laboral presentadas por los diferentes grupos
parlamentarios y turnadas a la Comisión de Trabajo de la LXIII Legislatura”. Este análisis les lleva tres semanas y
cobran por él 62 mil 310 pesos.
El punto dos es la
elaboración de las “conclusiones” de un foro sobre el tema. Esto costó 51 mil
150 pesos. El tercer punto consta de “estudio, revisión y clasificación de las
conclusiones que deriven” del foro mencionado, en un plazo de dos a tres días y
por 19 mil 995 pesos.
Por elaborar el
“anteproyecto de dictamen” sobre guarderías y permisos especiales, el despacho
cobró 68 mil 355 pesos en una semana. El último servicio fueron las “reuniones
técnicas de trabajo para la construcción de acuerdos del anteproyecto de
dictamen”, con un costo de 55 mil 800 pesos. Todo ello sumó un cobro de 298 mil
610 pesos, IVA incluido.
Legisladores sustitutos.
Aún más cuestionable es el caso de la Comisión de Recursos
Hidráulicos, señala su integrante, el diputado Rodrigo Abdalá.
El contrato, del que
tiene copia Proceso, está fechado el 28 de diciembre de 2016 y se liquidó 100%
a su firma, según establece la cláusula tercera. El costo total fue de 416 mil
pesos, incluyendo el IVA, y se cubrió mediante el cheque 0747648 a favor de
Juan Javier Carrillo Sosa, quien figura como socio principal de JC Consultores
en Ingeniería Hidráulica.
Este semanario no pudo comprobar la fecha de creación del
despacho de asesoría porque la documentación aparece a nombre de Carrillo Sosa
y a título personal.
Como objeto del contrato figura “establecer por parte del
prestador del servicio para la comisión, diagnóstico, evaluación, apoyo técnico,
de investigación, elaboración de documentos y todo lo que engloba el trabajo
legislativo y parlamentario…a efecto de que permitan obtener los resultados
verídicos, confiables y objetivos sobre los trabajos, procedimientos, apoyo
técnico y de investigación, a la comisión y contar con elementos suficientes y
sustentables que le permitan realizar su trabajo interno… para las labores y
quehaceres legislativos de dictaminación, investigación y elaboración de
documentos”. El contrato tiene cláusula de confidencialidad y vigencia de seis
meses.
Según el documento,
la empresa ha realizado proyectos para “Conagua, CFE, Pemex y gobiernos
locales”.
En el contrato y sus anexos no se establece en ningún momento que elaborará el dictamen de la Ley
General de Aguas, pero sí se establece “asesoramiento técnico-jurídico en el
desarrollo de la ‘Ruta crítica para la elaboración de la iniciativa de Ley
General de Aguas’”.
También cobra por
realizar “estudio, análisis y elaboración de la opinión técnica de las
iniciativas y puntos de acuerdos turnados a la comisión”, así como “fichas
sinópticas” de temas de interés para los diputados.
Entre los “productos esperados” para los 27 miembros de la
Comisión de Recursos Hidráulicos está un “diagnóstico de las necesidades de los
distritos electorales, municipios o estados representados por los diputados
para el fortalecimiento en materia de conocimiento hídrico”.
Llama la atención que
el despacho ofrece “asesoramiento” y gestión” para obtener recursos federales
de los “proyectos de agua potable y saneamiento” y de “infraestructura
hidráulica e hidroagrícola”, aplicando las reglas de operación.
Los diputados federales Ariel Juárez, de la Comisión de
Trabajo, y Rodrigo Abdalá, de Recursos Hidráulicos, cuestionan en entrevista la contratación de despachos externos, no
debido al elevado costo, sino porque las empresas están haciendo el trabajo de
análisis y dictaminación que deben realizar los legisladores y por lo cual se
les pagan 148 mil 325 pesos al mes. “Es un absurdo y un insulto”,
coinciden.
Los contratos son
autorizados por la Conferencia de Trabajos Legislativos, en la cual están
representados los coordinadores de todos los partidos políticos y la Mesa
Directiva.
Sin embargo, según el
artículo 148 del reglamento de la Cámara de Diputados, las comisiones deben
contar “con asesores parlamentarios de carrera que proporcionará el Comité de
Administración conforme a la disponibilidad de los recursos humanos y el perfil
del conocimiento requerido para cada tema”. Las comisiones prefieren
contratar dichas asesorías por fuera y con empresas.
La Cámara de Diputados cuenta con 56 comisiones ordinarias,
45 especiales, cinco bicamarales y una de investigación. En el portal en internet de San Lázaro no figura ningún despacho
externo para realizar el trabajo de ninguna de ellas, pero tampoco aparecen las
contrataciones aquí reportadas.
