Un
día después del asesinato de Emma Gabriela Molina Canto –quien luchó entre 2012
y 2014 por rescatar a sus hijos secuestrados–, el pasado 29 de marzo quedaron
formalmente sujetos a proceso penal los dos hombres detenidos tras el crimen,
contra los que la Fiscalía General de Yucatán presentó cargos por el delito de
“feminicidio”.
Tal como informó Ligia Canto, mamá
de Emma Gabriela, en las horas posteriores al asesinato (cometido el 28 de
marzo a las 15:30 horas), las autoridades de Yucatán no mostraron ningún
interés en actuar con celeridad, “y sólo
hasta que la ciudadanía, la gente, comenzó a expresar su indignación, entonces
sí las autoridades comenzaron a actuar”.
Sobre las investigaciones realizadas
hasta ahora contra los presuntos asesinos capturados, gracias a reportes y
videograbaciones ciudadanas, la madre de Emma Gabriela reveló que “la Fiscalía no nos ha querido decir nada,
dicen que tienen muchas cosas ya, pero que no las pueden decir, sólo nos han
dicho que los detenidos son de origen tabasqueño”.
El
origen de los agresores es un dato importante, ya que Emma Gabriela estuvo
casada hasta el año 2012 con un político priista de Tabasco, Alberto Martín
Medina Sonda (preso actualmente por corrupción).
En
2012, tras separarse de Medina Sonda debido a las agresiones de las que era
víctima, Emma Gabriela obtuvo la custodia legal de sus tres hijos y se refugió
en Yucatán, de donde era nativa.
Meses
después, sin embargo, Emma Gabriela y sus hijos fueron secuestrados por
policías judiciales de Tabasco.
Los
niños fueron entregados a Medina Sonda, quien huyó con ellos, y Emma Gabriela
fue encarcelada en Tabasco, bajo cargos falsos de robo de autos. Cuatro meses
después se comprobó la fabricación de las acusaciones y quedó libre, pero sus
hijos permanecieron secuestrados por la familia paterna, durante dos años más.
En
2014, la Procuraduría General de la República logró ubicar el paradero de los
niños y rescatarlos, al mismo tiempo que arrestó a Alberto Medina Sonda, y lo
procesó por secuestro y por actos de corrupción cometidos durante el gobierno
del priista Andrés Granier en Tabasco.
Desde mediados de 2014 y hasta el
día de su asesinato, Emma Gabriela vivió con sus hijos en Mérida, manteniendo
un bajo perfil, ya que las amenazas en su contra nunca cesaron.
“Mi
hija siempre avisaba a las autoridades cuando recibía amenazas, cuando era
seguida en la calle por familiares de Medina Sonda, pero nunca le dieron
protección”, narra su madre.
En cambio, lamenta, ahora que fue
asesinada, “ahora sí muchas autoridades nos
han buscado. Incluso nos han hablado de la Secretaría de Gobernación, el mismo
licenciado Roberto Campa Cifrián (subsecretario de Derechos Humanos de la
Segob). No lo reprocho, de alguna manera, el que las autoridades federales,
desde la Ciudad de México, estén interviniendo, es prueba de que el gobierno de
Yucatán (encabezado por Rolando Zapata Bello, del PRI) no están haciendo su
trabajo”.
– ¿Usted, sus nietos, y el resto de
su familia cuentan ahora con protección? –se le pregunta.
–Sí,
ahora sí… hemos recibido amenazas, primero una persona le habló a mi hijo y le
dijo que, aunque le daba mucha pena, le suplicaba que me cuidara, porque
escuchó que yo soy la que seguía. Según esta persona, la familia Medina Sonda
estaba festejando la muerte de mi hija, cuando los escuchó decir que seguía yo.
“Luego –prosigue–, empezaron llegar llamadas al teléfono de mi
hijo, y con una voz impostada, de un número desconocido, diciendo: “la perra de
tu madre es la que sigue, y después tú”.
Estas
amenazas llegaron en las horas posteriores al asesinato de Emma Gabriela.
“Después, cuando estábamos velando a
mi hija, otro familiar nos avisó que estaban intentando entrar a la casa, pero
que el perro se los había impedido… Estas
personas siempre han creído que con cada golpe que dan, me voy a caer. Pero uno
se puede levantar: si tienes algo por lo que seguir luchando, lo harás.”
La lucha.
En este momento, explicó la señora
Ligia Canto, “sé perfectamente que nadie
ni nada me va a devolver a mi hija. Entonces, lo más importante ahorita es ver
por mis nietecitos, quienes han sido víctimas de una violencia extrema”.
Los niños, explicó, sufrieron la
violencia del padre, al menos hasta 2012, cuando Emma Gabriela se separó de él
y obtuvo la custodia legal. Luego fueron secuestrados a punta de pistola y
entregados a Alberto Medina Sonda, quien durante dos años los mantuvo ocultos,
les cambió de nombre, e incubó en ellos rechazo y miedo a la figura materna.
Para
2014, cuando los niños fueron rescatados, el gobierno de Yucatán los mantuvo en
un albergue durante dos meses, debido al miedo que mostraban por Emma Gabriela.
“Tanto
los violentaron usando la imagen materna durante el tiempo que los mantuvieron
secuestrados, que cuando los rescataron, los niños se escondían en un rincón,
como animalitos asustados, cuando veían a su mamá –recuerda la señora Canto–.
Entonces, tuvieron que pasar por un proceso con mucho trauma, muy doloroso y
muy triste, de reencuentro. Y luego de que establecieron de nuevo el vínculo
materno, y de que empezaron a disfrutar de esa felicidad, nos la quitan.”
Emma Gabriela y a sus hijos,
denunció, “sólo tuvieron la oportunidad
de gozar esa felicidad el tiempo de un suspiro… La felicidad de ella fue fugaz,
fugaz fue la felicidad de mis nietos”.
La
actual protección dispuesta por las autoridades, destacó, “llega muy tarde,
porque si a mis niños y a mi hija les hubieran dado atención inmediata, si los
hubieran rescatado tan pronto como fueron secuestrados, nuestra familia no
estaría pasando este viacrucis. El crimen contra mi hija es, por eso, un crimen
institucional, un crimen de Estado”.
Pero la lucha por justicia, aclaró,
no se limita a Emma Gabriela. “Ella no es la única mujer en Yucatán, y mis
nietos no son los únicos niños, que han sufrido este grado de victimización tan
grave, que implica separar a una madre y a sus hijos; ¿cuántos niños están sustraídos?
Y
la autoridad no se encarga de rescatarlos, argumentando mil cosas… En Yucatán,
están dejando solos a los niños y a las mujeres”.
Desde el 28 de marzo pasado, Animal
Político solicitó una entrevista con el fiscal general de Yucatán, Ariel
Aldecua Kuk, para consultarlo en torno a las acciones emprendidas por el
organismo a su cargo para aclarar el asesinato de Emma Gabriela, así como para
conocer la situación de la violencia contra las mujeres en el estado.
Sin
embargo, la Fiscalía de Yucatán desechó la solicitud.
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