Entre fiscales, generales y las mentiras del comandante supremo.

Alfredo Lecona.

A la memoria de Miroslava Breach, víctima del Estado.

¿Qué tienen que ver el Fiscal Anticorrupción y las iniciativas de Ley de Seguridad Interior?

Todo.

Si hiciéramos un zoom out para ver todo lo que está sobre los escritorios, curules y escaños de la clase política en estos días, notaríamos que entre Fiscalías, Fiscales, Fuerzas Armadas y Generales -aunque todo se discuta por separado- todo forma parte del sistema de justicia, el termómetro ideal para medir la democracia de un país.

Mientras en el ocaso del sexenio todo corre y todo urge, la cruzada de la clase política contra instituciones fundamentales del sistema de justicia se intensifica para garantizar la impunidad que necesita. Por eso, aunque indigna no sorprende que la designación del Fiscal Anticorrupción –por ejemplo- esté sujeta a una negociación de la cúpula del Senado; o que en lugar de avanzar decididamente en la transformación de la PGR a una Fiscalía General con verdadera autonomía, se pretenda dar a las Fuerzas Armadas, facultades ministeriales propias del poder civil. Ocurrencias sobre prioridades.

Es perversamente lógico. ¿Cómo podría nombrar la clase política a su propio persecutor? ¿Por qué iniciarían el camino a un verdadero fortalecimiento de instituciones de procuración de justicia y de seguridad, si la travesía es más larga y no redituable para lo inmediato? Hay que atender el chantaje del Secretario de la Defensa Nacional o las elecciones de este y el siguiente año.

Por eso están a punto de designar a sus cuates para que jueguen a que los persiguen. Por eso pretenden hacer “un Calderón” y tomar decisiones relevantes para la seguridad y la vida de las personas, intuitivamente, sin evidencias que sostengan el epítome de una trágica historia de diez años de absurda guerra. Por eso quieren aprobar antes del 30 de abril la Ley de Seguridad Interior.

El pasado martes, Enrique Peña Nieto, Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, tuvo un encuentro con soldados, marinos, pilotos y sus familias. Les abrazo, besó y después les mintió en la cara.

Y mientras los metía en una escena propia de un mitin en el Estado de México (con fanfarrias y porras), degradándolos con la acción mientras los halagaba con palabras, en otro lugar, el colectivo #SeguridadSinGuerra decía lo que el Presidente no se atrevería a confesarles.

Mientras Peña pedía que la cámara lo siguiera para que todos los presentes lo observaran bien, #SeguridadSinGuerra revelaba que no se sabía del uso y destino de buena parte del dinero etiquetado para la Seguridad Pública.

Mientras les agradecía su servicio a la patria al “complementar” las funciones que original y constitucionalmente corresponden a las autoridades civiles, académicos y activistas explicaban como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó, que en 2015, se manejó opacamente el presupuesto de instituciones de seguridad del orden civil, como el de la Gendarmería Nacional, a la que se le destinaron 2,284 millones de pesos para llevar a cabo 10,000 operativos y de los cuales sólo se documentó la realización de 75, el 0.8%.

Mientras criticaba a gobiernos locales incapaces de ofrecer la seguridad de sus ciudadanos, #SeguridadSinGuerra exigía a los gobernadores y presidentes municipales hacerse cargo de lo que les toca y asumir las tareas de seguridad pública.

Mientras Peña refrendaba la mentira del General José Carlos Beltrán, quien hace unos días afirmó que NO hay evidencia de violaciones de derechos humanos por parte del ejército y acusaba ignorancia o dolo a quienes las denunciaban, la sociedad civil recordaba Tlatlaya, las más de 100 recomendaciones y quejas dirigidas a instancias castrenses desde 2006 y los reportes e informes de organismos internacionales como la CIDH, que han recomendado el regreso paulatino del ejército a sus cuarteles.

¿Qué pasaría si los soldados, marinos y pilotos supieran que –quizás por ignorancia o por dolo- su Comandante Supremo, disfrazó de familiar, un acto político para presionar la aprobación de una ley que desnaturaliza su función?

¿Qué pensarían si supieran que en vez de nombrar fiscales para perseguir a los corruptos que han robado recursos destinados para la seguridad pública, Peña Nieto tiene como procurador al primo de un amigo y próximamente a un fiscal en condiciones imposibles para indagar sobre la corrupción en el ejercicio del presupuesto de seguridad reportado por la ASF?

¿Cómo reaccionarían si cayeran en cuenta de que la decisión sobre el futuro de sus tareas está en manos de políticos irresponsables que llegan al absurdo de afirmar que si regresan a sus cuarteles no aplicaría la letra del himno nacional, en lo referente al “extraño enemigo”, como aseguró el Senador priista Patricio Martínez, ex gobernador de Chihuahua?

¿Cómo podrían sentirse el centro de un homenaje si su Comandante Supremo usa sus niveles de aceptación, que ni en sueños alcanzaría él, para fines mezquinos?

Y así como el Presidente miente a los miembros de las Fuerzas Armadas, los autores de las iniciativas de Ley de Seguridad Interior lo hacen en el debate público, abdicando a su obligación de privilegiar lo necesario sobre lo aparentemente urgente.

Podría avanzarse responsablemente en la implementación del sistema penal acusatorio, atendiendo los golpes de realidad sobre la violación sistemática de derechos humanos en perjuicio del debido proceso, pero César Camacho de PRI prefiere dar un revés a la reforma penal (que presumía haber sacado adelante hace 9 años) y optar por proponer ampliar los márgenes para las típicas confesiones obtenidas bajo tortura, no sólo en la Ley de Seguridad Interior, sino en su iniciativa de contrarreforma penal.

Podría pensarse en las fuerzas armadas intentando detener el flujo de armas de norte a sur, en vez del flujo de drogas de sur a norte (como ha sugerido Catalina Pérez Correa) para defendernos a nosotros y no los intereses de otros, pero Roberto Gil las prefiere usando la fuerza letal hasta para reprimir protestas pacíficas.

Podrían aprender a aprender (ya que está de moda) y atender recomendaciones como las del instrumento pedagógico que organizaciones sociales y académicas como Insyde elaboraron en 2013, para avanzar hacia una reforma policial democrática desde una perspectiva de derechos humanos y participación ciudadana.

Podrían actuar a la altura de la crisis política y de derechos humanos que agudizan cada día y recomponer nuestro sistema de justicia, pero han optado por romper ese termómetro.

Y nosotros podríamos hacer todo lo que está a nuestro alcance para evitar que lo consigan, como entrar a www.seguridadsinguerra.org  y enterarnos de estos y los demás motivos por los que debemos evitar la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, enviando desde la plataforma, un correo electrónico a los 500 diputados que pretenden legalizar la presencia del ejército en las calles. Intentar detener la pesadilla, aunque vayamos más de 200 mil muertas y muertos tarde.