Dos de las cuatro
empresas utilizadas por el ex secretario de Educación de Chihuahua, Ricardo
Yáñez Herrera, para desviar 246 millones de pesos no cuentan con información
que compruebe su existencia, y las otras dos presentan un mismo domicilio en el
municipio de Querétaro que remiten a un fraccionamiento.
Las empresas
contratadas por quien fuera servidor público en el gobierno del gobernador
César Duarte, actualmente prófugo, son Servicios y Asesorías Samex (Samex);
Despacho de Profesionistas Futura (Despacho Futura); Servicios y Asesorías
Sinax (Sinax) y SISASS (SISASS).
De acuerdo con la averiguación 780/2017, entre febrero y abril de 2016, éstas fueron
utilizadas por Yáñez y otros exfuncionarios –entre estos Gerardo Villegas, ex
director de la Administración de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua– para
“simular la contratación de servicios, licitaciones, fingiendo la celebración
de contratos, pagos y facturación para provecho personal”.
Una revisión hecha al Registro Público del Comercio no
arrojó resultados positivos para ninguna de las empresas, en tanto en el
Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) arrojó que en el caso de
Samex y Despacho Futura comparten el mismo representante legal, teléfono y
domicilio fiscal en la ciudad de Querétaro.
De acuerdo con la
Fiscalía de Chihuahua, estas dos empresas fueron contratadas para brindar “talleres para padres a nivel preescolar y
primaria” y “diseñar e implementar un software”, respectivamente. Según la
información del SIEM, las dos sociedades se encuentran en la “calle Mirador de
Querétaro 5 E”, dirección que remite al Fraccionamiento “Dos Deseos” de
Querétaro.
Animal Político se comunicó con el número telefónico
registrado en el SIEM, pero una voz grabada indicó que “no es posible atender
la llamada por el momento”.
En el caso de Sinax y
SISASS, empresas presuntamente contratadas por los exfuncionarios para
capacitar a docentes e impartir un curso de medio ambiente, respectivamente, no
existe información oficial en el SIEM que permita conocer su posible ubicación.
Además de Ricardo Yañez y Gerardo Villegas, la Fiscalía de
Chihuahua informó que como parte de esta misma investigación (780/2017) se giró
una orden de aprehensión contra Antonio Enrique Tarin García.
Tarín se desempeñó como director de Adquisiciones en la
administración de César Duarte; en 2015 solicitó licencia para competir como
suplente del entonces candidato a diputado federal Carlos Hermosillo. Al
terminar la campaña regresó a su puesto hasta el término de la administración
estatal. El pasado martes, tras la muerte de Hermosillo, intentó tomar protesta
como diputado.
Investigan venta de terreno a precio de ganga.
Otro exfuncionario de
Chihuahua investigado por peculado, es
Javier Alfonso Garfio, exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas
de Chihuahua y ex acalde de Chihuahua, quien presuntamente en 2012 aprobó como
funcionario “la enajenación de los predios ubicados en Labor de Terrazas, los
cuales son parte del órgano público descentralizado, con el fin exclusivo de la
construcción de un fraccionamiento de carácter popular y satisfacción de las
necesidades de vivienda en beneficio colectivo, cuya venta del predio por un
monto de 99 millones 151 mil 026 pesos, cuando el avalúo era de 427 millones
840 mil 691 pesos”.
De acuerdo con la Fiscalía de Chihuahua, la empresa que adquirió el terreno a precio de ganga es el “Grupo
Industrial y Constructor S.A. de C.V”,
señalada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de haber
vendido, con sobreprecios, chalecos antibalas al municipio de Aguascalientes.
La revisión de la cuenta pública 2012, arrojó que la empresa realizó un
contrato por 4.9 millones de pesos con el Ayuntamiento, con recursos del
Subsidio de Seguridad para los Municipios (Subsemun). Lo que detectó la Auditoría es que las autoridades municipales pagaron
un excedente de 760 mil pesos por los chalecos.
La principal
accionista de esta empresa es María Luisa Tagle Jiménez, hermana de María del
Socorro Tagle, personaje que en el gobierno de Aguascalientes ha fungido como
directora jurídica de la Oficialía Mayor. Ella era la encargada -entre otras
cosas- de analizar la legalidad de los contratos públicos que hacía la pasada
administración estatal (2010-2016).
Una revisión a la base de datos de Compranet, concentradas
en la aplicación Contratobook, arrojó que en el caso de “Grupo Industrial y
Constructor” recibió por lo menos tres contratos, entre 2011 y 2012, del
gobierno de Aguascalientes por poco menos de 45 millones de pesos.
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