Mariano Ruiz Funes.
Esta semana se dieron a conocer los
resultados de la última encuesta GEA-ISA, que se levantó en vivienda del 18 al
21 de marzo, con 1,000 casos efectivos (www.structura.com.mx/gea). En términos
generales, la encuesta ratifica diversas tendencias de las percepciones y
expectativas económicas y políticas que se manifiestan desde hace muchos meses
y que apuntan a una profundización de su deterioro; también aporta información
para contribuir a explicar ese fenómeno. Además, contiene elementos novedosos
acerca de la opinión de la población encuestada sobre temas relevantes del
acontecer nacional para el futuro como el TLCAN, las reformas estructurales y
la relación México-Estados Unidos.
Como otras mediciones, la de GEA-ISA
reporta que la aprobación presidencial está por los suelos (sólo 19%), lo que
implica un deterioro significativo con respecto a marzo (44%) y a noviembre de
2016 (32%).
Además, 58% de los entrevistados
señaló que el Presiente Peña ha realizado una “mala labor”, cifra que también
va en aumento en relación con mediciones anteriores y que se traduce en que 72%
tenga una opinión desfavorable tanto de su persona —lo que sorprende, ya que no
se había registrado un dato tan negativo desde el inicio de la Administración—
como de su capacidad para gobernar. Ello se asocia cuando menos a dos
variables: el enojo de la población, que sube de 22% en noviembre a 33% en
marzo, y al elevado pesimismo que prevalece (65% del total de entrevistados).
Las cifras sobre la opinión de que el país va por el rumbo equivocado son
alarmantes: 82% así lo califica en lo político y 76% en lo económico.
En el caso de la economía, el índice
general de expectativas GEA-ISA, que se construye con los resultados de la misma
encuesta, muestra un deterioro de 7% con respecto a diciembre pasado y de 28% a
marzo de 2016, no muy distinto al que reportan indicadores de otras fuentes;
además, 60% de la población encuestada considera que “México está en una crisis
económica”. Sin duda, una agudización del deterioro de las percepciones como
resultado, entre otros factores, de la evolución del tipo de cambio y del
aumento de los precios de las gasolinas en los primeros meses del año. Con todo
y la intensa campaña gubernamental para intentar explicarlo y justificarlo, 86%
de los entrevistados manifestaron rechazo y enojo por esa medida.
En ese contexto resultan
preocupantes las opiniones en torno a las reformas estructurales. A la pregunta
si deben mantenerse o derogarse, más de 40% respondió a esta última opción para
la de anticorrupción y la de transparencia, en comparación con 33% que
manifestó que deberían mantenerse, lo que señala lo poco que han permeado y/o
la falta de credibilidad que existe en esas dos reformas; más de 50% se manifestó
por derogar la financiera y la hacendaria (22% por mantenerlas); y 61% que se
derogue la energética (sólo 20% opinó que debería mantenerse). Otra vez el
“efecto gasolinazo” y la estrategia equivocada de, primero, plantear que la
reforma reduciría los precios de los combustibles y, después, contener los
incrementos durante 2016 y realizar los macro-ajustes en enero y febrero de
este año.
Evidentemente las explicaciones
“técnicas” posteriores, de un gobierno al que le cree menos de 40% de la población,
generaron mayor malestar e implicaron un severo deterioro de su imagen y su
credibilidad, que puede poner en riesgo las reformas.
Sobre las relaciones con Estados
Unidos, los datos más relevantes son que 67% de los entrevistados desaprueban
las medidas que ha adoptado el gobierno de México frente a las decisiones de
Trump y que los mayores riesgos se asocian al aumento de las deportaciones, a
la confiscación de las remesas (casi 20% manifestó recibir envíos de dinero de
familiares en Estados Unidos) y a la derogación del TLCAN, en ese orden. En ese
sentido, 46% opina que el TLCAN lo ha beneficiado y 33% perjudicado, pero 73%
considera perjudicial que se derogara. Buen balance para el tratado y pésimo
para el gobierno.
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