Nueva encuesta; empeoran los resultados.

Mariano Ruiz Funes.

Esta semana se dieron a conocer los resultados de la última encuesta GEA-ISA, que se levantó en vivienda del 18 al 21 de marzo, con 1,000 casos efectivos (www.structura.com.mx/gea). En términos generales, la encuesta ratifica diversas tendencias de las percepciones y expectativas económicas y políticas que se manifiestan desde hace muchos meses y que apuntan a una profundización de su deterioro; también aporta información para contribuir a explicar ese fenómeno. Además, contiene elementos novedosos acerca de la opinión de la población encuestada sobre temas relevantes del acontecer nacional para el futuro como el TLCAN, las reformas estructurales y la relación México-Estados Unidos.

Como otras mediciones, la de GEA-ISA reporta que la aprobación presidencial está por los suelos (sólo 19%), lo que implica un deterioro significativo con respecto a marzo (44%) y a noviembre de 2016 (32%).

Además, 58% de los entrevistados señaló que el Presiente Peña ha realizado una “mala labor”, cifra que también va en aumento en relación con mediciones anteriores y que se traduce en que 72% tenga una opinión desfavorable tanto de su persona —lo que sorprende, ya que no se había registrado un dato tan negativo desde el inicio de la Administración— como de su capacidad para gobernar. Ello se asocia cuando menos a dos variables: el enojo de la población, que sube de 22% en noviembre a 33% en marzo, y al elevado pesimismo que prevalece (65% del total de entrevistados). Las cifras sobre la opinión de que el país va por el rumbo equivocado son alarmantes: 82% así lo califica en lo político y 76% en lo económico.

En el caso de la economía, el índice general de expectativas GEA-ISA, que se construye con los resultados de la misma encuesta, muestra un deterioro de 7% con respecto a diciembre pasado y de 28% a marzo de 2016, no muy distinto al que reportan indicadores de otras fuentes; además, 60% de la población encuestada considera que “México está en una crisis económica”. Sin duda, una agudización del deterioro de las percepciones como resultado, entre otros factores, de la evolución del tipo de cambio y del aumento de los precios de las gasolinas en los primeros meses del año. Con todo y la intensa campaña gubernamental para intentar explicarlo y justificarlo, 86% de los entrevistados manifestaron rechazo y enojo por esa medida.

En ese contexto resultan preocupantes las opiniones en torno a las reformas estructurales. A la pregunta si deben mantenerse o derogarse, más de 40% respondió a esta última opción para la de anticorrupción y la de transparencia, en comparación con 33% que manifestó que deberían mantenerse, lo que señala lo poco que han permeado y/o la falta de credibilidad que existe en esas dos reformas; más de 50% se manifestó por derogar la financiera y la hacendaria (22% por mantenerlas); y 61% que se derogue la energética (sólo 20% opinó que debería mantenerse). Otra vez el “efecto gasolinazo” y la estrategia equivocada de, primero, plantear que la reforma reduciría los precios de los combustibles y, después, contener los incrementos durante 2016 y realizar los macro-ajustes en enero y febrero de este año.

Evidentemente las explicaciones “técnicas” posteriores, de un gobierno al que le cree menos de 40% de la población, generaron mayor malestar e implicaron un severo deterioro de su imagen y su credibilidad, que puede poner en riesgo las reformas.

Sobre las relaciones con Estados Unidos, los datos más relevantes son que 67% de los entrevistados desaprueban las medidas que ha adoptado el gobierno de México frente a las decisiones de Trump y que los mayores riesgos se asocian al aumento de las deportaciones, a la confiscación de las remesas (casi 20% manifestó recibir envíos de dinero de familiares en Estados Unidos) y a la derogación del TLCAN, en ese orden. En ese sentido, 46% opina que el TLCAN lo ha beneficiado y 33% perjudicado, pero 73% considera perjudicial que se derogara. Buen balance para el tratado y pésimo para el gobierno.