viernes, 31 de marzo de 2017

El hediondo pantano en que vivimos.

Raúl Cremoux.

En apariencia, sólo en apariencia, nos hemos acostumbrado a vivir en el averno de homicidios, secuestros, robos, extorsiones y fosas clandestinas.

Literalmente no hay día que los medios no nos traigan noticias sangrientas y crueles. Si bien ocurren prácticamente en cualquier lugar, hay estados que parecen tener la exclusividad del horror y el desamparo. Así lo demuestran los diarios “En Edomex, cada cinco horas se da un homicidio y cada 48 un secuestro”.

Este dato es aberrante, pero hay más. Estos delitos crecieron 28 y 73 por ciento; cada tres horas roban un vehículo con violencia y se da un alza de 28 por ciento en asesinatos y 73.11 por ciento en secuestros. Esto en la grisácea administración de Eruviel Ávila.

El estado de Morelos, gobernado por Graco Ramírez, es el más violento; está en el top ten de cuatro delitos: primer lugar en extorsiones, segundo en secuestros, tercero en robo de vehículos con violencia y quinto en homicidios dolosos. Los números y porcentajes en cada uno de estos rubros es aterrador, mencionarlos, enumerarlos, es pavimentar el camino a la barbarie.

En reportaje de El País la entrevista que hace Pablo Ferri a Xavier Olea, fiscal del estado de Guerrero, es contundente. El funcionario declara abiertamente que no tiene capacidad de enfrentar al crimen organizado. Y por supuesto, también están los datos delincuenciales de Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Sinaloa, Jalisco, Veracruz, Michoacán y una franja de al menos 12 estados considerados peligrosos.

Las consecuencias de todo esto son variadas y estimulan un estado de cosas donde lo primero es la inconformidad generalizada, el desánimo y el rechazo ya abierto a la ineficiencia de las autoridades municipales, estatales y federales. Todas las encuestas y otras formas de medición así lo confirman. Vivimos en un cuadro de temor permanente ante el cual sólo han aparecido algunas pequeñas muestras de defensa civil como son las asociaciones de vecinos cerrando calles, contratando seguridad privada, edificando bardas y mallas eléctricas, y cuando se puede sistemas de vigilancia con cámaras de TV. El gran, enorme resto de la población, es víctima potencial de todo tipo de pillos y asesinos.

Los datos más relevantes, serios y sólidos ofrecen que este estado de cosas se debe a los siguientes factores: el crimen organizado o individual, siempre trabaja en equipo con la autoridad, lo cual conlleva a la impunidad de los delitos. Otros no menos importantes son: la pérdida de valores tradicionales, la descomposición social, la desintegración familiar y los que dio a conocer Rafael Ruiz Harrell en sus trabajos de investigación. En ellos insistía que no es la pobreza el elemento que lleva a delinquir; fundamentalmente son la desigualdad y la marginación. A ello debemos añadir un hecho sustantivo: los cuerpos policíacos carecen de preparación y mística por su trabajo. Es una chamba temporal, ya que no han sido admitidos en otras posibilidades laborales. El 53 por ciento del total de reprobados en los exámenes que les hacen, siguen en sus puestos, ya que no hay reemplazantes adecuados. Por otra parte, son numerosos los expertos y voces críticas quienes ven en los derechos humanos y la seguridad pública una crecida incompatibilidad. Hay que añadir los datos del Semáforo Delictivo Nacional: cada vez son más los niños y las mujeres que participan en todo tipo de delitos, incluyendo al narcotráfico. Pero por encima de todos los factores, incluso los muchos otros que aquí no se mencionan, está la falta de responsabilidad, la ineficiencia y la probada complicidad tanto de gobernadores como de ministerios públicos, cuerpo judicial y sistema penitenciario que, en conjunto, forman ese fétido pantano cuya pestilencia es tan grande como el desgarramiento ambiental que amenaza a todo el planeta.

¿Tiene solución el tsunami delictivo que a todas horas nos arrolla; hay posibilidades reales de que vivamos en condiciones civilizadas o seguiremos prisioneros de nuestras variadas faltas e incompetencias?


¿Cuáles son los costos sociales y políticos que pagaremos si esto continúa?

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