En un discurso en el que no se anduvo por las ramas, el
presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl
González Pérez, afirmó que “el 2016 no
fue un buen año para los derechos humanos en México; la corrupción, la
impunidad y la falta de una efectiva rendición de cuentas hizo patente la falta
de ética y valores en diversas autoridades e instituciones”.
Así comenzó su informe anual de actividades 2016, frente a Enrique
Peña Nieto, en la residencia oficial de Los Pinos.
Aunque no dio nombres, siguió: “Se evidenciaron varios casos de servidores públicos que, aprovechando
el cargo que desempeñaban, cometieron delitos y abusos, los cuales, en su gran
mayoría permanecen impunes, generando un entorno donde la simulación, la
indiferencia y el encubrimiento parecerían ser la constante”.
El ombudsman consideró que por “ineficiencias burocráticas” o por “insolvencia ética” de los
servidores públicos, esta situación ha fortalecido en la sociedad la percepción
de que “el cumplimiento y aplicación de la ley es algo discrecional y que los
contenidos de las normas son objeto de negociación o una vía para concretar
intereses particulares”.
Primero, ley de tortura y desaparición forzada.
En un discurso duro, González Pérez se fue directo contra la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior,
pues dijo que regular la participación de las fuerzas armadas en tareas de
seguridad “no es lo más deseable” ya que no resuelve la violencia en el país.
Por el contrario,
dijo que en vez de regular la labor de los militares, se debe promulgar una ley
contra la tortura y desaparición.
“Los problemas de
inseguridad y justicia deben verse bajo una óptica integral”, ya que “enfoques
parciales sólo producirán soluciones parciales que no resolverán los problemas
de fondo”, dijo.
Aseguró que la existencia de un marco normativo que regule las tareas de seguridad de las personas
que realizan las fuerzas armadas desde hace más 10 años, no implican por sí
mismas la solución a la inseguridad, violencia y falta de acceso a la justicia
Y fue directo: “La
participación de fuerzas armadas en actividades vinculadas a la seguridad de
las personas no es lo más deseable, como tampoco lo es la emisión de la ley que
se ha planteado”.
Según el presidente de la CNDH, dicha Ley requiere un debate amplio con expertos y víctimas que
analicen su viabilidad, pues la seguridad de las personas debe de estar a cargo
de instituciones civiles.
No obstante, adelantó
el camino al decir que las Fuerzas Armadas deben volver a sus funciones propias
“cuando las condiciones del país así los permitan”, pero bajo un programa
“gradual y verificable”. Su labor en materia de seguridad con la población civil,
dijo, “no debe asumirse como algo permanente ni promover que así sea”.
En lugar de regular
la labor de los militares, agregó González Pérez, el gobierno mexicano debe
centrarse en el combate a la corrupción, replantear el sistema penitenciario,
dar un carácter preventivo al tema de la seguridad, promulgar una ley contra la
tortura y desaparición.
“Se daría una muestra
clara de empatía con las víctimas y de sensibilidad a los reclamos la sociedad,
si con el mismo interés y empeño que con que actualmente se promueve el proceso
legislativo para una Ley de Seguridad Interior, se impulsasen los procesos
relativos a las leyes generales sobre desapariciones y tortura, se reconociera
la competencia del Comité Contra la Desaparición forzada de la ONU y se elaborase
una ley sobre el desplazamiento forzoso interno”, sostuvo.
De acuerdo con el ombudsman, en el 2016 la CNDH emitió 72 recomendaciones a 55 autoridades; cifra
que representa 20% más que en 2015. No obstante, reconoció que éstas no siempre
inciden en la disminución de las violaciones a derechos humanos.
Y es que, criticó, las
recomendaciones de la Comisión no se atienden oportunamente hasta que una
instancia internacional lo pide, lo cual genera “silencio, impunidad e
indiferencia”.
Entre los presentes en el informe de González Pérez estaban
el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el procurador general
de la República (PGR), Raúl Cervantes; representantes del Congreso de la Unión,
de organizaciones civiles defensoras de derechos humanos, del cuerpo
diplomático acreditado en México y de organismos internacionales.
“Geografía del dolor”
Luis Raúl González Pérez
aseguró que en el 2016 NO se garantizó la vigencia de los derechos humanos en
varias regiones de México, en parte, por la falta de capacitación y
coordinación que debilitan el estado de Derecho y permiten la ineficacia
administrativa.
Destacó que la
situación de violencia de género, desplazamiento forzado de personas y la
aplicación de la justicia por propia mano contribuye a que se vea como “normal”
el secuestro, la extorsión y las desapariciones.
Y agregó que ante la
falta de respuesta de las autoridades, familiares de miles de desaparecidos
emprendieron por cuenta propia la búsqueda de sus seres queridos y evidenciaron
la existencia de fosas clandestinas e irregulares que revelaron una “geografía
del dolor”. Incluso, dejó entrever que no son las únicas.
Por ello, el ombudsman
pidió al gobierno mexicano atender las denuncias de los familiares de
desaparecidos en posibles hallazgos futuros y solicitó que en las fosas
ubicadas se realicen trabajos con conocimientos técnicos y especializados.
En cuanto a la
situación de niños y adolescentes migrantes hacia Estados Unidos, aseguró que
tampoco fue favorable en 2016, pues no existen registros “confiables” para
saber si no fueron objeto de abusos, víctimas de trata de personas o captados
por organizaciones criminales. Criticó que el problema no se ha visualizado
bien y que faltan protocolos para garantizar su integridad y sus derechos.
Al tocar el tema del
sistema penitenciario, el presidente de la CNDH aseguró que en 2016 tampoco
hubo mejoras sustantivas, ya que el hacinamiento y los obstáculos para
reinserción efectiva provocaron “fugas inexplicables y motines” con muertos que
evidenciaron la falta de capacidad institucional.
Respecto a la violencia contra la mujer, comentó que en 22 entidades se han iniciado
procedimientos de feminicidio por violencia de género y hay municipios de
Chiapas, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Veracruz y Morelos donde se
activó la alerta de género.
Y fue enfático: El
delito de feminicidio aún no se reconoce en todo el país y no hay acciones para
revertir la violencia de género cotidiana. Seguido a ello, el funcionario
agregó que el sistema de atención a
víctimas es “débil” y no funciona para evitar la re-victimización.
Al tratar el tema de
las agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas, González Pérez
aseguró que éstas siguen siendo ocupaciones de riesgo: tan sólo en 2016 hubo 13
periodistas asesinados.
“Las agresiones
contra periodistas y defensores de derechos humanos no pueden permanecer
impunes, demandamos investigaciones prontas, exhaustivas e integrales”,
afirmó.
Peña Nieto reitera necesidad de ley.
Ante el duro informe de la CNDH, Enrique Peña Nieto aseguró
que la defensa de los derechos humanos obliga a la defensa de la democracia
representativa y de sus instituciones.
En su turno, reconoció que uno de los “grandes pendientes”
de su gobierno es atender la demanda de las Fuerzas Armadas y avanzar hacia una ley
que dé certeza a su actuar en materia de seguridad, “es un tema relevante
porque permitirá dar certidumbre a los ciudadanos a nuestras instituciones
armadas, mejorando nuestro orden legal de protección a los derechos humanos”.
El mandatario federal dijo que su gobierno ha aceptado todas
las recomendaciones emitidas por la CNDH “y estamos decididos a avanzar en su
cumplimiento” y se dijo con “invariable disposición” para que “podamos seguir
haciendo nuestros esfuerzos para que en México prive auténticamente una
sociedad de derechos y una sociedad que esté sustentada en el respeto a los
valores fundamentales y valores que compartimos, pero esencialmente en una
nueva cultura, que ponga por delante la defensa y el respeto a los derechos
humanos”.
Peña Nieto sin vergüenza
alguna afirmó, la mejor manera de garantizar la dignidad humana es aplicando la
ley “y para que se aplique la ley, México requiere de instituciones fuertes, la
impunidad lastima y violenta a la sociedad, erosiona nuestros valores
compartidos y mina la convivencia pacífica entre los mexicanos”.
Y añadió que un país sin leyes e instituciones fuertes, “es
un país vulnerable, es una nación desprotegida frente al delito y la violencia;
de allí la necesidad de que sigamos fortaleciendo las instituciones y nuestro
marco jurídico”.
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