El obispo de la
diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, dio a conocer que
acordó con el gobierno de Héctor Astudillo Flores guardar silencio, luego de
que afirmó que las autoridades estatales pactaron con el narco y hacen negocio
con la violencia en la entidad.
El prelado señaló que sostuvo una reunión privada con el
secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, donde fue obligado a asumir un pacto de silencio para que evite seguir
hablando sobre los presuntos nexos de Astudillo con la delincuencia.
“Ya no quiero hablar
sobre este tema porque levantó polémica, se molestó mucha gente y sobre todo yo
no busco eso, yo no busco polémica, yo no busco que la gente se sienta mal, yo
busco la verdad y busco el diálogo, y he creído prudente hacerme yo mismo una
cuarentena para que se calmen los ánimos. Por lo menos ya se hizo más conciencia,
dimos un paso más”, expresó Rangel Mendoza durante una entrevista difundida
por medios locales en la ciudad de Iguala.
El jerarca católico acudió ayer a la parroquia de San
Gerardo María Mayela de Iguala, donde fue
abordado por reporteros sobre el caso que denunció el domingo pasado, que el
gobierno de Astudillo pactó con el narco en algunas regiones de la entidad.
Al respecto, el
obispo dio a conocer que sostuvo un encuentro privado con el secretario
Florencio Salazar, donde acordó ya no decir nada sobre los presuntos nexos de
las autoridades con la delincuencia.
“Ya clarificamos
muchas cosas y yo, en concreto, al ver estas declaraciones, que en el fondo
creo en todas ellas, se han fomentado muchos rumores, como que la bola de
nieve ha ido creciendo y yo no quiero ni que me cause a mí problemas ni causar
yo problemas”, expresó Rangel.
También, acusó a los
medios de comunicación de sobredimensionar sus declaraciones y remató: “algunos periodistas incluso le han
aumentado más de lo que yo he dicho a mis declaraciones, ustedes saben que en
mis declaraciones yo nunca he mencionado el nombre del gobernador ni del
secretario de gobierno. Entonces, yo les dije a ellos que iba a guardar un
periodo de silencio mientras se aplacan estas cosas, porque, como les decía, no
me conviene a mí ni les conviene a ellos”.
El obispo apeló a la comprensión de los ciudadanos al
argumentar textual: “Ojalá me entiendan,
porque yo les decía que hay periódicos y publicaciones donde ponen nombres y
apellidos, cosa que yo nunca he dicho, y yo quiero evitar problemas
simplemente, para ellos y para mí”, dijo en referencia a las autoridades
estatales y los delincuentes.
Los reporteros le
preguntaron si fue presionado por el gobierno de Astudillo para que se
retractara de sus acusaciones y dijo:
“No para nada, para nada, nomás que ellos me explicaron la forma de cómo están
las cosas, y entonces pues yo entendí que todo eso se les sale de su control”, dijo
sin entrar en detalles.
También, dijo que el
secretario de Gobierno, le explicó
“las limitaciones que existen dentro del gobierno y por más que hagan ellos,
sin la ayuda federal no van hacer gran cosa, y entonces quedamos en eso, calmar
las cosas y esperar un tiempo a que se tranquilice”, indicó.
Dijo que durante el
encuentro con Salazar Adame se planteó “una tregua” que consiste en abstenerse
de hablar sobre el presunto pacto entre la delincuencia y el gobierno.
Por su parte, el
gobierno de Astudillo se comprometió en “tratar de hacer las cosas lo mejor que
sea posible y abrir un diálogo más constante”.
De esta forma el
gobierno de Astudillo dobló al sacerdote que este domingo denunció que las
autoridades estatales pactaron con el narco y hacen negocio con la violencia.
El prelado había
afirmado que el gobierno de Astudillo no sólo sabe quiénes son los jefes
criminales y dónde operan, sino que se ha reunido con organizaciones criminales
y mantienen acuerdos “bajo la mesa”.
Desde el año pasado, Proceso
ha documentado una serie de señalamientos contra Astudillo por sus presuntos
nexos con el narco, entre los que destaca una historia registrada en el puerto
de Acapulco que involucra al presidente del Tribunal Superior de Justicia
(TSJ), Robespierre Robles Hurtado, y los hijos del mandatario que han sido
acusados de realizar negocios al amparo del poder.
El 28 de julio pasado, Apro
dio a conocer que Robles Hurtado tomó protesta en noviembre de 2015 como
miembro de la organización priista Fundación Colosio a Iván Alonso Bustamante,
hijo del empresario Joaquín Alonso Piedra, quien actualmente se encuentra preso
por narcotráfico y acusado por el gobierno federal de ser operador financiero
del cartel de los Beltrán Leyva en Acapulco.
La captura del
presunto lavador de activos del narco se registró el 27 de julio de 2016, luego
de una serie de señalamientos contra los hermanos Ricardo y Héctor Astudillo
Calvo, hijos del gobernador Astudillo, por realizar presuntos negocios al
amparo del poder en Acapulco.
Días antes, el 19 de julio del mismo año, un comando atacó a
balazos la sede de la Notaría 19, propiedad del presidente del TSJ, Robespierre
Robles Hurtado, ubicada en el fraccionamiento Costa Azul en el puerto de
Acapulco.
Además, los sicarios
dejaron dos cartulinas con mensajes donde acusan al gobernador Héctor Astudillo
Flores, así como al fiscal en la entidad, Xavier Olea Peláez, y al propio
Robespierre Robles, de recibir dinero y “no cumplir con el acuerdo” de liberar
a David Canek Palma Analco El Deivid, señalado como presunto líder de una
facción del grupo delictivo denominado Cártel Independiente de Acapulco (Cida).
Una semana después, agentes federales detuvieron al
empresario Joaquín Alonso Piedra en plena zona urbana del puerto, y los señalamientos por presuntos nexos con
el narco contra el gobernador Astudillo y el titular del Poder Judicial,
Robespierre Robles, simplemente se diluyeron.
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