Ante la
falta de control a ex gobernadores señalados de corrupción, algunos detenidos y
otros prófugos, organizaciones y académicos llamaron a la asignación de los 13
magistrados faltantes para el Sistema Nacional Anticorrupción cuyo régimen de
responsabilidad administrativa permitirá la revocación y deshabilitación hasta
por 20 años. También propusieron
eliminar el fuero político o implementar la revocación de mandato existente en
otros países del continente.
En diciembre
de 2012, como parte del inicio del
actual sexenio, los gobernadores priistas que iniciarían su gestión posaron
para la foto sonrientes y a lado de quien portaba la banda presidencial,
Enrique Peña Nieto. Cinco años después, cuatro de ellos están detenidos,
incluyendo Javier Duarte de Ochoa (Veracruz); mientras César Duarte Jáquez
(Chihuahua) es prófugo de la justicia y sobre Roberto Borge Angulo (Quintana
Roo) pesan seis órdenes de aprehensión.
Durante sus seis años de gubernatura,
nadie los frenó a tiempo por el “pacto de impunidad entre políticos”, la
“corrupción institucionalizada muy extendida en la clase política del país” y
por el poder que tenían esos mandatarios sobre los congresos locales ante “la
debilidad y dependencia” de la figura presidencial, dijeron organismos y especialistas
en derecho, transparencia y sistema político.
Hace siete años, dos diputados
implementaron, sin ser decretada, una iniciativa de Ley de Revocación de
Mandato, una figura de participación ciudadana y de rendición de cuentas no
existente salvo en la Constitución de la Ciudad de México, actualmente bajo
impugnación. En
Ecuador, Colombia y Venezuela hay esta figura democrática a nivel nacional y
constitucional.
Max Kaiser,
director de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO), dijo en entrevista que ya no
hace falta esta figura por el régimen de administraciones graves del Sistema
Nacional Anticorrupción que entrará el próximo 18 de julio, “una herramienta
más poderosa y objetiva que la revocación de mandato, la cual suele ser de
mayorías políticas que se tramita en Congresos estatales”.
“El nuevo
Sistema Nacional Anticorrupción incluye un nuevo régimen de responsabilidades
administrativas graves de tipo juicio que depende de la calidad de la
investigación y capacidad del juez (no de Congresos)”, destacó Kaiser.
Con este
régimen, los 13 magistrados del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa podrán investigar a funcionarios públicos
partir de una denuncia de la Auditorías Superior de la Federación, la
Secretaría de la Función Pública o de cualquier órgano que encuentre algún caso
de corrupción.
Si en este juicio se encuentra
culpable al servidor público señalado, se sancionará con destitución y deshabilitación
para ejercer ese cargo o similar por los próximos 20 años, así sea un
Gobernador o Alcalde en funciones, explicó Kaiser.
“Espero que poco a poco empiecen a
entender y vean que aunque vayan en sus primeros días de gobierno y les falte
casi todo su mandato, si son sorprendidos en un acto de corrupción y son
debidamente investigados por el Tribunal, puedan quedar destituidos de su
cargo”, reiteró.
No obstante,
advirtió que todavía no están nombrados
los magistrados de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Eduardo
Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, expuso que el año pasado se aprobaron siete de 22 leyes que tienen que
ser reformadas para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, entre ellas, las
ya aprobadas del régimen de responsabilidades administrativas y la que se hizo
en materia penal. En los estados de la República se está armonizando para tener
vigencia a nivel local.
“Para que una estrategia
anticorrupción funcione se necesitan las dos herramientas: en algunos casos es
la vía administrativa, que es equivalente a la Secretaría de la Función
Pública, y su mayor sanción es la inhabilitación. Con la penal, equivalente a
la PGR, se puede llegar a la cárcel”, explicó Bohórquez.
Investigadores en derecho y ciencia
política también destacaron la ausencia del nombramiento de magistrados
especializados en la vía administrativa (en la vía penal ya hay jueces) y del
Fiscal Anticorrupción.
“Se tiene el marco jurídico, pero no
se tiene a los aplicadores.
El Senado de la República aún no
asigna a los magistrados que conocerán las faltas graves de los servidores
públicos. ¿De qué sirve el SNA si la autoridad que la aplicará no se ha
conformado porque no quieren ser tocados? Hay una falta de voluntad política y además los nombramientos de los titulares
de este sistema los hace la propia clase política; es un sistema débil porque
el vigilante depende del vigilado”, dijo el investigador del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Jaime Fernando Cárdenas Gracia.
La
politóloga especialista en sistema político mexicano, Ivonne Acuña Murillo,
urgió a que ya funcione la Fiscalía
Anticorrupción para frenar “la libertad” de los gobernadores para que no pase
“lo que estamos viendo con los Duartes, Borge y demás”.
“El SNA y la Fiscalía Anticorrupción
necesita autonomía para poder fiscalizar y sancionar; que no tengan compromisos
políticos ni partidistas. También se necesita que los gobernadores rindan el
uso de sus presupuestos”, llamó la académica.
Sin embargo,
advirtió Acuña Murillo, los gobernadores
“se han fortalecido porque el Presidente los necesita y no los va a presionar
ni quitar atribuciones si necesita de su apoyo”, por lo que “aumenta” la
posibilidad de que “no haya un control suficiente sobre lo que hacen”.
Ante ello,
Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, del Centro de Estudios de Impunidad y Justicia,
afirmó que “es urgente eliminar el fuero
político desde el Presidente de la República, los gobernadores, los presidentes
municipales y los diputados y senadores. La revocación de mandato serviría
contra la corrupción si se quitan estos fueros”.
REVOCACIÓN
DE MANDATO.
El
Diccionario de Ciencia Política de Dieter Nohlen define la revocación de
mandato como el procedimiento institucional de una democracia participativa que
permite a los electores “en todo momento” despedir y reemplazar a funcionarios
públicos previamente a que terminen el periodo para el que fueron elegidos.
En febrero
de 2010, el Diputado e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, presentó una iniciativa de Ley de
Revocación de Mandato. En ella argumentó que “estimula” a los funcionarios públicos electos a ser más responsables
con sus electores, y a los votantes a jugar un rol de “supervisión más activo”.
En
entrevista con este diario digital, el investigador afirmó que la propuso para
que “los ciudadanos tuviesen mecanismos
para remover de su cargo a los malos gobernantes; que se pudiesen remover si no
estaban cumpliendo con su plataforma electoral o que la ciudadanía encontrara
que no fuesen eficientes o por razones de corrupción”.
“La figura existente en países
sudamericanos existe para dar a entender que existe el derecho de nombrar a los
gobernantes y también de quitarlos, aunque no concluya su mandato correspondiente. Generalmente
se establece a la mitad de la gestión”, aseguró Cárdenas Gracia.
Sin embargo, no tuvo eco.
“Los demás grupos parlamentarios de
la Cámara de Diputados no respaldaron salvo algunas voces minoritarias. No hubo
una corriente de partidos grandes dominantes a favor, por lo que no se pudo
dictaminar la iniciativa”.
En
septiembre de 2012, la Diputada Julisa Mejía Guardado insistió y también lanzó
una iniciativa para reformar los artículos 40, 41 y 73 de la Constitución
–sobre soberanía, democracia y facultades del Congreso de la Unión– para que
“actos de corrupción, ineficiencia, violación de derechos humanos y pérdida de
legitimidad se consideren causales para que el electorado solicite la revocación
de mandato de un funcionario público electo”.
No pasaron. Pero justamente son las
causas por las que seis ex gobernadores priistas han sido detenidos o son
buscados por la justicia.
El
politólogo por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Andrés
Lajous, resaltó en un texto de la revista Nexos que las iniciativas de
revocación deben considerar si el gobierno o grupos de ciudadanos son quienes
deben convocar al proceso revocatorio; qué porcentaje de votos permitiría la
destitución y cómo sería el mecanismo de salida una vez aprobado.
A principios de mes, el sector
empresarial expuso la necesidad de garantizar “un ejercicio responsable y
constructivo” de las instituciones públicas.
“Debemos fortalecer la
representatividad y la rendición de cuentas en todo el país, así como también
asegurar que los organismos autónomos del Estado mexicano conserven la
independencia que requieren para realizar sus tareas y quienes los dirigen sean
electos por sus méritos profesionales y no por intereses políticos o
personales”, declaró
el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Este lunes,
añadió a propósito de la detención de Javier Duarte en Guatemala, que “la única manera de tener instituciones
sólidas es dotándolas de legitimidad y eficiencia, y cerrando cualquier camino
de corrupción e impunidad”.
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