El titular
de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, quien se
reunió con el ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa horas antes de su fuga, es
también el encargado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)
y, en general, de “mejorar las condiciones de seguridad y justicia” en México, para la cual recibió en 2016 un
presupuesto de 67 mil 472.5 millones de pesos, o de 184.8 millones diarios.
Otros 16 mil 468.5 millones de pesos
–o 45 millones diarios– fueron ejercidos por la Procuraduría General de la
República (PGR) que emitió hace seis meses la orden de captura contra el
político veracruzano.
A la Fiscalía General de Guatemala,
de acuerdo con lo que reveló la titular, Thelma Aldana Hernández, le bastó una
petición verbal de parte del Gobierno mexicano para detener al político cuya
evasión de la justicia fue más larga incluso que la de Joaquín Guzmán Loera,
“El Chapo”, el presunto mayor narcotraficante del mundo.
Arresto que,
de acuerdo con el penalista Martín Gabriel Barrón Cruz, muestra que la procuración de justicia requiere, más que de recursos,
del funcionamiento de las instituciones y de un compromiso de lucha contra la
corrupción y la impunidad.
“Hay que reconocer que el Gobierno de
Guatemala y las autoridades judiciales de ese país están dando una lucha
frontal, ejemplar además, sobre cómo combatir la corrupción y la impunidad”, dice Barrón Cruz en entrevista con
SinEmbargo.
“Recordemos que tienen a su ex Presidente
en prisión, a su vicepresidenta también, hay diputados y políticos de diversa
índole en prisión, por tanto no es casualidad: Guatemala está tratando de
luchar, a pesar de sus limitaciones, de sus problemáticas, está tratando de
luchar contra la corrupción y la impunidad; entonces, no es casualidad que haya sido también
Guatemala, porque algunos han supuesto que hubo pacto, que se entregó, puede
ser, pero para mí lo que hay que
resaltar que es el Gobierno de Guatemala el que lo encabeza, y está poniendo el
ejemplo de cómo se debe combatir la corrupción”, agrega el investigador del
Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
De acuerdo
con lo difundido por la PGR, la localización y la detención con fines de extradición
fue “resultado de las investigaciones realizadas por las dependencias que
integran el gabinete de seguridad del Gobierno de la República y con el apoyo
de la Oficina Central de Interpol en Guatemala”.
Pero, de acuerdo con lo que informó la Fiscal
Aldana Hernández, fue sólo el 15 de abril, el mismo día de la detención, cuando
recibieron una nota verbal de parte de la Embajada de México en Guatemala
solicitando la aprehensión.
“El Ministerio Público de Guatemala
recibió el 15 de abril una nota verbal canalizada a través de la Embajada de
México acreditada en Guatemala. En esa nota el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos nos pedía la aprehensión provisional con miras a una solicitud formal
de extradición, o sea a México, del señor Javier Duarte de Ochoa de
nacionalidad mexicana”, dijo Aldana en una entrevista con este diario digital.
“De tal manera que, antes del 15 de
abril, el Ministerio Público de Guatemala no podía actuar en función de
extradición porque no había una solicitud. No se había recibido esta nota verbal del Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos”, agregó la funcionaria.
JUSTICIA
FACCIOSA.
Varios elementos de la persecución a
Duarte de Ochoa, de
acuerdo con el experto en seguridad nacional, Erubiel Tirado, hacen suponer un uso “faccioso” de la
justicia por parte de México, como el encuentro previo a la fuga con el jefe de
los servicios de inteligencia del Estado mexicano, Osorio Chong.
“En la idiosincrasia la política
mexicana, no se necesita ser experto en seguridad para saber que lo dejaron ir,
que fue una renuncia pactada; sólo de esa manera se explica que el responsable
de los servicios de Inteligencia [Osorio Chong] pidiera al Cisen cerrar los
ojos”, dice Tirado,
coordinador del diplomado en Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos
de la Universidad Iberoamericana.
“Es la misma interpretación en el
caso de detención, que es sólo sobre él [Duarte de Ochoa], cuando en realidad
está la familia en la red de complicidades y no la están aprehendiendo. Son
elementos que no son objetivos, pero que plantean dudas sobre la imparcialidad
con la que actúa el aparato de procuración e impartición de justicia”, agrega.
Para Barrón
Cruz, destaca el contexto de la lucha contra la corrupción emprendida en
Guatemala, donde desde hace casi una década opera la Comisión Internacional
Contra la Impunidad (Cicig), que en 2016 procesó y envió a la cárcel al ex
Presidente Otto Pérez Molina (y varios funcionarios más) por encabezar una red
de corrupción y enriquecimiento ilícito que había cooptado diferentes
instituciones de ese país.
“Lo que hay que entender es que lo
que falta en México es que las instituciones responsables en realidad hagan su
función, que no haya necesidad de ese trasfondo político de poder usar o no a
las instancias responsables para hacer este tipo de investigaciones; lo
importante es que las instituciones lo hagan, sea quien sea. Eso es lo que nos
hace falta”, dijo.
Sin este
funcionamiento institucional en la persecución del delito en México, agregó el
académico del Inacipe, Duarte de Ochoa
puede estar preso, pero seguirá intacto el contexto que permitió los actos de
corrupción que se le atribuyen.
“Todo esto se da por el clientelismo,
patronazgo, privilegios económicos, desequilibrio, injusticia y por una alta
dosis de prácticas gubernamentales corruptas; si no damos vuelta a esto, vamos
a seguir en la misma situación: van a seguir siendo señalados los gobernadores,
o cualquier político y las instituciones no van a funcionar”, afirma Barrón.
“¿Cuánto se
tardaron en atrapar a Duarte? Con Tomás Yarrington [ex Gobernador de Tamaulipas
por el PRI, y detenido este mes en Italia] fueron años; Eugenio Hernández, otro
ex Gobernador de Tamaulipas y también priista, y sobre quien también existen
órdenes de aprehensión; César Duarte [ex Gobernador de Chihuahua, también
priista y ahora prófugo]; tenemos
incluso a Mario López Valdez [ex Gobernador de Sinaloa], acusado con la
Auditoría Superior de la Federación por simular un reintegro de más de 135
millones de pesos, y ¿quién lo está persiguiendo? Ese es el problema”, agrega.
La reunión
entre Osorio Chong y Duarte de Ochoa fue difundida por el propio Secretario de
Gobernación en entrevista radiofónica.
“Yo lo
recibí un día antes, cuando me dijo que habría de dejar la Gubernatura, cuando
yo le dije que era muy difícil trabajar este Gobierno con alguien tan
cuestionado, que estaba lleno de problemas su estado y que estaba, entre otros,
el de seguridad, a mí preocupándome mucho, y que el Presidente me había dado instrucción
de volver a apoyar y respaldar al estado, pero que en una circunstancia como la
de él, nos era muy difícil, y esto fue junto con pegado que me dijo que
abandonaría el… Gobierno”, narró Miguel Ángel Osorio Chong.
“Obviamente,
te imaginarás que me dijo que no tenía nada que ver en todo lo que señalaban y
yo le que le dije que eso tendría que enfrentarlo ante la justicia. Él me dijo
que, por supuesto, que lo iba a hacer, porque no tenía nada que esconder; esto
es algo que no había yo comentado, y al otro día renuncia. Se da en
coincidencia de un proceso que ya estaba anunciado el que el juez ya libera la
orden de aprehensión”, agregó entonces el titular de la Segob.
De acuerdo
con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Osorio Chong no sólo es encargado de la “gobernabilidad democrática” y
de “mejorar las condiciones de seguridad y justicia”, sino también de vigilar
“el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades
del país”.
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