El 10 de mayo de 2013, el Gobernador
de Morelos, Graco Ramírez, envió un oficio al Congreso
del estado en el cual solicitaba un crédito para la entidad y sus 33 municipios
por casi 2 mil 300 millones de pesos (cerca de 125 millones de dólares). La
petición únicamente fue justificada con las solicitudes de cuatro municipios
que deseaban integrarse a dicho crédito.
Autorizado en tan solo cinco días, la
contratación del crédito tuvo serias irregularidades, entre ellas la violación
de la Ley de deuda pública del estado de Morelos, debido a que el financiamiento
del crédito debió destinarse a obras de inversión pública y no al pago de gasto
corriente (tales como sueldos, salarios o cualquier otro concepto de consumo de
bienes y servicios del estado).
Meses
después de autorizado el préstamo de más de 2 mil 300 millones de pesos, Graco Ramírez modificó las prioridades en
materia de inversión pública y presentó nuevas necesidades, como la
construcción del nuevo recinto legislativo, lo que implicaba ampliar la suma
del crédito en 2.806 millones de pesos, es decir, más de 500 millones de pesos
adicionales.
La Coordinadora Morelense de
Movimientos Ciudadanos (CMMC) le otorgó a RT en Español copia fiel de cada uno
de los documentos anteriormente mencionados. Por su parte, Gerardo Becerra, vocero de la misma
organización, aseguró en entrevista que
la solicitud del crédito impidió que Morelos gozara de una estrategia integral
de seguridad para combatir delitos como robo, extorsión y secuestro.
“Graco Ramírez endeudó al estado por
esta inmensa cantidad de dinero [2.806 millones de pesos] y dicha acción no se
vio reflejada en el desarrollo económico del estado. Al contrario, en los
últimos años Morelos ha permanecido en los niveles más bajos de crecimiento y
también de inseguridad. Todos los días somos ‘nota roja’ a nivel
internacional”,
afirmó Becerra.
De acuerdo
con una denuncia interpuesta por la CMMC ante el Congreso estatal, el actual
Gobernador de Morelos desvió mil 853 millones de pesos (casi 100 millones de
dólares) por “ejercicio de obras y acciones improcedentes”. Asimismo, un informe presentado por la
Secretaría de Hacienda de Morelos, del cual RT tiene copia, confirma que el
mandatario “dañó seriamente la economía estatal debido al mal manejo de los
recursos económicos”.
Por su
parte, Gerardo Becerra asegura que “el espíritu del crédito –aprobado según el
decreto 936 de la Ley de deuda pública del estado–habla de que el préstamo se
estableció con fines productivos para ayudar a los municipios pertenecientes al
estado, sin embargo el Gobernador los malversó”.
Tan solo en 2013 y 2014, Graco
Ramírez destinó parte del préstamo para pagar sueldos, bonos y aguinaldos del
Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. Dichos conceptos
representan casi 209 millones de pesos (cerca de 12 millones de dólares) y son
considerados ‘gasto corriente’, lo cual funge como una clara violación a la Ley
de deuda pública estatal.
En ese mismo
año, en 2014, los diputados locales del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) desmantelaron la Auditoría Superior
de Fiscalización y destituyeron a su titular, Luis Manuel González Velázquez,
quien acusó públicamente al actual Gobernador de Morelos de planear su despido
por revelar dichos desvíos.
En
entrevista con RT, González Velázquez
aseguró que “al Congreso le interesaba removerme, precisamente porque la
legislatura vigente quería proteger a Graco Ramírez. El Gobernador dijo que no
me tenía miedo, pero resulta que sí, en los hechos le dio miedo que se revelara
su mala actuación”.
En el informe elaborado por el ex
auditor González Velázquez también se anexó un listado de obras y proyectos
aprobados con el crédito de 2 mil 806 millones de pesos que, hasta ahora, no se
han ejecutado, y a las cuales se les asignó parte del préstamo millonario. Por
ejemplo, la Secretaría de Obras Públicas de Morelos requirió un programa de
cómputo para el control de las obras públicas, con un presupuesto de casi un
millón 500 mil pesos (casi 80 mil dólares), el cual no ha sido concluido.
El
presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso de Morelos, Alberto Mújica, ha declarado en diversos medios de
comunicación que existen proyectos ejecutivos desde 80 mil hasta 3 o incluso 4
millones de pesos. “Si la obra se realiza, estamos hablando de que el proyecto
ejecutivo es un gasto de inversión, pero si la obra no se inició, entonces
hablamos de un desvío de recursos”, aseguró.
Los proyectos ejecutivos fueron
pagados con recursos del crédito y ascienden a casi 20 millones de pesos, y
fueron presupuestados en 2011 y 2012, años en que Graco Ramírez aún no había
asumido el cargo como Gobernador, es decir, el mandatario se dedicó a pagar o
abonar deudas o proyectos atrasados.
El crédito de 2.806 millones de pesos
del estado de Morelos será refinanciado por diferentes instituciones bancarias
durante 18 años. Se estima que BBVA Bancomer cobre, además de la suma inicial,
intereses por 660 millones de pesos (más de 35 millones de dólares); y Banamex,
por casi 719 millones de pesos (casi 40 millones de dólares). Sumando el monto
del crédito solicitado y los intereses que este generó, los ciudadanos de
Morelos tendrán que pagar más de 4 mil millones de pesos (cerca de 212 millones
de dólares).
En noviembre
de 2016, la CMMC expidió una solicitud de juicio político al Congreso de
Morelos para que destituyeran al actual Gobernador del estado. Hasta ahora, no
se ha dado una explicación clara de la utilización de los recursos del crédito
millonario.
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