El Congreso de Veracruz interpuso un
recurso de revisión en contra de la decisión de un juez federal que le ordenó
legislar la despenalización del aborto en el estado.
Por tal motivo no acató la orden del
Juez Décimo Octavo de Distrito con sede en Xalapa, José Ezequiel Santos
Álvarez, quien había dado de plazo el 31 de julio para reformar los artículos
149, 150 y 154 del Código Penal local. La Sexagésima Cuarta Legislatura
concluyó su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones sin incluir siquiera el tema
en la orden del día.
El recurso de revisión fue presentado
el 19 de julio por el Director de Servicios Jurídicos del órgano legislativo y
turnado a un Tribunal Colegiado de Circuito, que deberá resolver si confirma,
modifica o revoca la sentencia. Se estima que el trámite dure el tiempo
suficiente para ser materia de la nueva legislatura, con mayoría de Morena, que
entrará en funciones en noviembre.
La orden del
juez Santos Álvarez se dio el pasado 2
de julio, luego de conceder un amparo al Observatorio Ciudadano Nacional del
Feminicidio (OCNF), Justicia Derechos Humanos y Género, Colectivo Feminista de
Xalapa y Colectivo Akelarre por considerar que la penalización del aborto
resulta “violatoria del derecho a la vida, a la libertad, a la protección de la
salud, la libertad de la mujer sobre su cuerpo, de igualdad de género, de no
discriminación, la libertad reproductiva, la libertad sexual, el derecho a la
libre maternidad, el derecho a la intimidad o privacidad sexual, la libertad de
religión y los derechos sexuales”, entre otros.
Esta es la primera vez que un juez
federal ordena a un congreso local reformar una ley con efectos generales para
toda una población y no sólo en beneficio de quienes promovieron el amparo.
El único
antecedente similar es la orden que dio la Suprema Corte de Justicia al
Congreso de la Unión para expedir la ley reglamentaria en materia de
comunicación social antes del 30 de abril de 2018, tras conceder un amparo a la
organización Artículo 19. La resolución se emitió luego de que el Congreso no
cumpliera con lo estipulado desde 2014 en un artículo transitorio de la
Constitución al respecto.
Guadalupe Osorno Maldonado, diputada
por Morena, consideró en entrevista que el recurso de revisión interpuesto por
el Congreso es “una ociosidad” y “ganas de dilatar el proceso” porque la
Suprema Corte tiene antecedentes jurisprudenciales sobre este tema desde 2008 y
ya se pronunció respecto a “dónde se empieza a considerar la vida, dónde
empiezan los cuidados prenatales y dónde empieza el derecho de las mujeres a
decidir”.
“Lo que buscan es dilatar el proceso
para que no sea esta legislatura la que haga las modificaciones; y así vamos a
seguir siendo omisos, durante meses, respecto a los derechos de las mujeres,
por prejuicios conservadores”, consideró.
Osorno Maldonado explicó que esa
dilación puede tardar los meses que le restan a la actual legislatura, hasta su
cambio en noviembre. “Entonces seguramente se establecerá la reforma, ya sea
porque la Suprema Corte falle a favor del amparo o porque los nuevos diputados
y diputadas proponga una iniciativa al respecto. Hay condiciones para que este
cambio se dé pronto, así que solo quieren evitar ser ellos quienes hagan las
reformas”.
Animal
Político solicitó un posicionamiento al diputado panista Sergio Hernández,
presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, sin
obtener respuesta.
El inicio de
todo,
La batalla en Veracruz por la
despenalización del aborto inició el 28 de julio de 2016, luego que el Congreso
local aprobara la iniciativa de ley enviada por el exgobernador Javier Duarte
para proteger la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte.
Llegaron después las modificaciones a
los artículos 149, 150 y 154 del Código penal del estado, que prohibieron la
interrupción del embarazo en cualquier etapa, con una sanción penal para la
mujer consistente en tratamiento en libertad con medidas educativas y de salud,
y dos años de cárcel para quien le practique el aborto, con las únicas
excepciones de violación y peligro de muerte para la madre.
“Con esa reforma se estaba
criminalizando un derecho de las mujeres”, explicó María de la Luz Estrada,
coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) e
integrante de católicas por el Derecho a Decidir. La reforma aprobada fue una
iniciativa impulsada por el grupo de corte cristiano ‘Sí Vida’ y presentada por
Duarte al congreso el 18 de enero de 2016.
Grupos feministas y de derechos
humanos alertaron que en esa entidad era muy alto el número de niñas violadas a
las que se les negaba el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y
solicitaron declarar la alerta de género por agravio comparado. Ésta se emite
cuando un ordenamiento vigente o una política pública trasgrede los derechos de
las mujeres.
El grupo de trabajo encargado de
preparar el informe sobre la situación en la entidad, para determinar si se
decretaba la alerta o no, documentó que entre 2015 y 2016 más de mil niñas de
entre 10 y 14 años fueron forzadas a continuar con su embarazo a pesar de que
en la mayoría de los casos fue consecuencia de una violación.
La Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, (CONAVIM), dependiente de la
Secretaría de Gobernación, decretó la alerta el 13 de diciembre de 2017. Fue la
segunda para la entidad. En 2016 ya se había emitido una por violencia contra
las mujeres. El estado quedó como el único del país con dos alertas de género y
el primero en recibir la de agravio comparado.
Entre las recomendaciones del
mecanismo estaba reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código penal del
estado. El Congreso de Veracruz desoyó a la instancia federal. En septiembre de
ese año declaró improcedente cambiar los tres artículos en pugna.
Fue entonces que el Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminicidio, Justicia Derechos Humanos y Género, el
Colectivo Feminista de Xalapa, y el Colectivo Akelarre decidieron interponer el
amparo que el juez Santos Álvarez resolvió a su favor.
En
respuesta, los legisladores veracruzanos
argumentaron que no incurrieron en omisión legislativa al desacatar la
recomendación de la Alerta de Agravio Comparado, pues el artículo 4to de la
Constitución estatal “protege la vida desde el momento de la concepción hasta
la muerte natural y ninguna herramienta jurídico-administrativa (como la
alerta) puede estar por encima de la Constitución”.
La iglesia católica respaldó al
legislativo local, luego que en su comunicado dominical el vocero de la
Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, considerara “inaceptable e
inconcebible que se pretenda poner de rodillas al Poder Legislativo de un
estado que se ha pronunciado por la protección de la vida y de los derechos del
ser humano, valiéndose de la orden de un juez federal, en todo lo cual se
observa inmediatamente un deseo de imposición y de extralimitación de
funciones”.
En tanto, las organizaciones de la
sociedad civil que están dando la batalla por despenalizar el aborto afirman
que han estado recibiendo amenazas. “Hemos recibido correos diciéndonos que así
como encuentran a las mujeres víctimas de feminicidio, con moscas en la boca,
así nos van a encontrar a nosotras por querer matar a los niños”, indicó María
de la Luz Estrada, de Católicas por el Derecho a Decidir.
La activista acusó que el gobierno y
la iglesia posibilitan “un ambiente enrarecido” con sus posturas y
declaraciones en contra del aborto. “Eso es muy delicado en un estado con un
contexto grave de violencia y con presencia de grupos delictivos muy
conservadores”.
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