La corrupción de Odebrecht.

Raymundo Riva Palacio.

Todos los esfuerzos del conglomerado brasileño Odebrecht para alcanzar un acuerdo con la Procuraduría General de la República para evitar un litigio que los libere penalmente de haber pagado más de 10 millones de dólares a funcionarios de Pemex, fracasaron. De acuerdo con EL FINANCIERO, las autoridades mexicanas rechazaron una reparación por una suma similar, en primera instancia, y por el doble de lo que pagaron de sobornos en una contrapropuesta, además de revelar detalles de quiénes en Pemex les ayudaron a darle la vuelta a la ley. Quieren ir al fondo de este esquema de corrupción. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y 17 funcionarios y exfuncionarios, serán citados a declarar dentro de la primera parte de una indagatoria iniciada en enero y que abarcará los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

Cercanos a Lozoya aseguran que el exdirector no tiene ninguna responsabilidad en el caso Odebrecht, aunque en documentos de la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, donde la empresa y su filial Braskem, dedicada a la petroquímica, aceptaron pagar una multa de tres mil 500 millones de dólares –la más alta en la historia de Estados Unidos–, al haber utilizado el sistema de pagos de esa nación para sus operaciones ilegales, se menciona el pago de 16 millones y medio de dólares a funcionarios de Pemex entre 2010 y 2014 para “asegurar obra pública”.

En el acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos se menciona también un caso, alrededor de octubre de 2013, donde Odebrecht aceptó pagar a un “alfo funcionario” de una empresa paraestatal, por haberles ayudado a ganar la licitación en un proyecto, que no mencionan en específico, como tampoco revelan el nombre del funcionario. El último pago de seis millones de dólares, indican los documentos, fue hecho entre diciembre de 2013 y finales de 2014, a través de lo que el conglomerado llamaba División de Operaciones Estructuradas, que en palabras de las autoridades estadounidenses era “una Secretaría de Sobornos”. Los beneficios que obtuvo Odebrecht por los pagos fueron del orden de 300 por ciento.

Los cercanos a Lozoya dijeron que el exdirector de Pemex realizó investigaciones sobre sus principales directores para poder determinar si habían recibido pagos que pudieran haber levantado sospecha, pero que nunca encontró irregularidades en sus balances financieros. El Departamento de Justicia nunca dio a conocer que se trataba de Pemex, pero la indagatoria de la PGR ubica en esa paraestatal los actos de corrupción. Por el momento, de acuerdo con EL FINANCIERO, sólo se va a revisar la gestión de Lozoya, aunque la información que dio Odebrecht a las autoridades estadounidenses incluye también la administración de Juan José Suárez Coppel, quien estuvo al frente de Pemex durante los tres últimos años del gobierno de Calderón.

Las autoridades de los dos países no han revelado cuáles son las áreas en las que saben que existió la corrupción y que probará la PGR en la indagatoria. Sin embargo, en el periodo señalado por la empresa brasileña al Departamento de Justicia, se infiere que se trata del proyecto de Los Ramones, un gasoducto que abastecerá de gas natural a Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas, considerado como la principal obra del sexenio de Calderón. En 2014, el año que usó la Corte en Brooklyn como ejemplo de la corrupción en México, Odebrecht ganó esa licitación de Pemex, a través de su filial Tag Pipelines, del tramo dos del gasoducto, cuyo contrato fue de 935 millones de dólares, y que ha tenido demoras, contratiempos e incrementos injustificados en su costo final.

La obra de Los Ramones pasó por la Dirección de Pemex Gas y Petroquímica, llamada hoy Transformación Industrial, que en los periodos de referencia en los documentos de la Corte Federal de Brooklyn tuvo dos cabezas: Jordy Herrera, a quien el presidente Calderón nombró secretario de Energía en 2011 y Alejandro Martínez Sibaja, quien estuvo en el cargo hasta la primavera del año pasado, cuando fue cesado por el nuevo director, José Antonio González Anaya, en medio de sospechas de corrupción, aunque oficialmente se informó que había pedido su jubilación.

Los dos forman parte de un grupo político-empresarial que estuvo muy involucrado en la construcción de gasoductos, donde el potencial de inversiones se calcula en 16 mil millones de dólares. Tag Pipelines, la empresa que se asoció con Pemex para Los Ramones, tiene como director ejecutivo a Jaime Calpe Galván, socio de la empresa J&E Energía, donde trabaja la hija de Martínez Sibaja, y está vinculada al abogado Jesús Rodríguez Dávalos, involucrado en la industria del gas, cuya prima hermana es esposa de Herrera.

Otro proyecto que se encuentra dentro del periodo durante el cual Odebrecht pagó sobornos, se dio en 2011, para la construcción del Complejo Petroquímico Etileno XXI, en Coatzacoalcos, Veracruz, que dio vida al complejo más grande de su tipo en América Latina, y contó con todo el apoyo de los exgobernadores Fidel Herrera y su sucesor, Javier Duarte, que obtuvo beneficios directos de la obra al haber comprado sus cercanos terrenos a bajo costo en esa zona, cuya plusvalía se disparó.

Oderbrecht le dijo a la PGR que está dispuesta a colaborar, y aportó información para tratar de evadir los tribunales. No logró ese acuerdo, y la PGR ha enviado señales de que quiere ir hasta el fondo de la corrupción, en breve. Buena declaración de principios. Ya se verá si la realidad no frustra sus intenciones.