La batalla legal de
un padre que busca a su hijo desaparecido hace cuatro años, exhibió el primer
caso documentado sobre la pérdida de un cadáver que oficialmente se encontraba
en una fosa común ubicada en Acapulco, donde el gobierno estatal ha inhumado
desde 2010 y de manera inadecuada -sin cadena de custodia, apilados y cubiertos
con tierra-, un número indeterminado de restos humanos que permanecen sin
identificar en el principal destino turístico de la entidad colapsado por la
violencia, impunidad y corrupción.
Este hecho refleja la
indiferencia del gobierno de Héctor Astudillo Flores frente al drama de cientos
de familias en la entidad y las deficiencias en la Fiscalía General del estado
(FGE), y el Servicio Médico Forense que depende de la Secretaría de Salud
estatal (Ssa), donde los trabajadores carecen de equipo, material, capacitación
y personal especializado para garantizar el derecho de las víctimas que siguen
buscando a sus desaparecidos en fosas clandestinas y el laberinto burocrático institucional.
El pasado jueves 9 y viernes 10 de marzo, autoridades
ministeriales estatales realizaron una diligencia de exhumación cadavérica en
una fosa común ubicada en el panteón municipal de El palmar, obligados por la
infatigable lucha del profesor Ciro Fuentes Urióstegui para encontrar a su hijo
Héctor Alonso Fuentes Vega, un joven profesor de secundaria desaparecido en
abril de 2013, cuando tenía 26 años.
De acuerdo al testimonio de Fuentes Urióstegui y pruebas
documentales recopiladas por Proceso, los funcionarios de la FGE -agentes del
Ministerio Público del Fuero Común y peritos-, violaron flagrantemente todas
las normas del nuevo sistema de justicia penal y en particular el Protocolo
para el tratamiento e identificación forense.
Entre las irregularidades denunciadas por las víctimas
destaca el hecho de que los trabajadores de la FGE no portaban el traje de
bioseguridad para protección del personal y evitar la contaminación del lugar;
no preservaron de manera adecuada el lugar de intervención; utilizaron
maquinaria pesada para realizar la excavación de la fosa común y nunca existió
el equipo interdisciplinario que exige el nuevo sistema de justicia penal.
La diligencia
irregular, puso al descubierto 16 bolsas rasgadas de plástico negro “con
fragmentos óseos expuestos”, pero los jóvenes sepultureros que fungieron como
“peritos en antropología forense” auxiliares del Ministerio Público del fuero
común, no encontraron los restos humanos de una bolsa marcada con el número 19
y que oficialmente fue inhumada en la fosa común desde 2014, explicó el
profesor Ciro Fuentes.
De acuerdo a un
dictamen parcial del Laboratorio de Genética Forense de la FGE, los restos de
esta bolsa que paradójicamente está desaparecida, coinciden en un 99 por ciento
con el perfil genético del profesor Ciro Fuentes por lo que había sido
informado que existían probabilidades de que se trataba de su hijo desparecido.
Durante la diligencia irregular, el agente del Ministerio
Público de la FGE informó a las víctimas que previamente habían sido exhumadas
dos bolsas más de esta fosa, porque los restos fueron entregados a otros
familiares de desaparecidos mediante la compulsa de los perfiles genéticos.
“Lo que ninguna
autoridad de la FGE ha explicado a la fecha es la causa de la desaparición de
los restos humanos de la bolsa 19 que oficialmente fueron inhumados en esa fosa
común y según un dictamen de genética forense coincide con mi ADN”, expresó el
profesor Ciro Fuentes.
Además, dijo que las
autoridades ministeriales le informaron que en el panteón municipal de El
Palmar de Acapulco, existen más fosas comunes con un número indeterminado de
cuerpos porque el gobierno estatal, a través de la FGE ha inhumado de manera de
manera irregular restos humanos que permanecen sin identificar desde 2010.
La búsqueda de los desaparecidos.
Explicó que la
diligencia ministerial que se realizó el jueves 9 de marzo, fue resultado de
una prolongada batalla legal enfocada en la búsqueda de su hijo desaparecido,
luego de que en 2014 fue notificado por la FGE que su perfil genético coincidía
con los de unos restos humanos que ya habían sido inhumados en la fosa común de
Acapulco.
No obstante, las
autoridades ministeriales se negaron a exhumar los restos para verificar el
dictamen de genética forense, sin justificación alguna, señaló.
Al siguiente año,
Fuentes Urióstegui denunció su caso ante la Fiscalía especializada de búsqueda
de personas desaparecidas de la PGR y dos años después, la dependencia federal
ordenó a las autoridades ministeriales estatales realizar la diligencia en la
fosa común donde de manera inexplicable no fueron encontrados en el lugar donde
oficialmente fueron inhumados.
El padre reprochó la
indiferencia del gobierno estatal y federal ante la tragedia humanitaria que se
vive en Guerrero y el país por lo que exigió la intervención de organismos
internacionales para que revisen los procedimientos de identificación forense
que realizan las autoridades, así como las diligencias de exhumación cadavérica
en fosas comunes y clandestinas.
También, exigió que
las fosas comunes que se encuentran en el panteón municipal porteño sean
abiertas para exhumar los cuerpos mediante el cumplimiento de protocolos
internacionales de identificación forense y llamó a instituciones
universitarias a sumarse a estas labores ante la falta de personal capacitado y
especializado en la FGE y la Ssa.
Las deficiencias de la Fiscalía.
Consultados por separado, trabajadores de la Fiscalía
estatal y del Semefo reconocieron las deficiencias de equipo, material básico,
capacitación y personal especializado en el nuevo sistema de justicia penal.
Situación que fue calificada como grave porque las
autoridades ministeriales y peritos pueden ser sujetos de responsabilidad penal
por no cumplir con los protocolos que actualmente se implementan en el país.
En la FGE laboran al
menos 12 peritos para cubrir las siete regiones de la entidad y el titular de
la dirección de Servicios Periciales, Pedro Ocampo Lara no cuenta con cédula
profesional y su único mérito es ser hijo de Pedro Ocampo Solís, secretario
privado del gobernador Astudillo.
Los trabajadores
consultados por Proceso, refieren que la mayoría de identificaciones
cadavéricas se deben más factores externos como prendas de vestir y calzado en
lugar de pruebas científicas porque no existen reactivos suficientes para
realizar las pruebas genéticas ante la falta de presupuesto que los obliga a
comprar su propio material y trabajar en condiciones precarias.
La carencia de
material, equipo profesional y personal especializado en el área de periciales,
es grave porque la falla en esta parte del proceso jurídico puede anular una
investigación completa.
En el caso de los médicos que laboran en las unidades del
Semefo es la misma situación porque el área fue proyectada para realizar
levantamientos cadavéricos y entregar cuerpos identificados.
Es decir, explicaron los trabajadores consultados, nunca se proyectó al Semefo para manejar
los volúmenes de cadáveres no identificados que hoy en día se generan en todas
las regiones del estado.
Por ello, el gobierno
de Astudillo construyó en medio de la opacidad, un cementerio forense en
Chilpancingo al interior de un panteón privado, propiedad del actual dirigente
del PRI en la entidad, Heriberto Huicochea Vázquez, donde fueron depositados
decenas de cadáveres que permanecían sin identificar en las unidades del Semefo
de Iguala, Chilpancingo y Acapulco, recordaron.
Mientras que en el
caso del Laboratorio de Genética Forense de la FGE, inaugurado el 28 de mayo
del 2010 durante la administración del exgobernador Zeferino Torreblanca
Galindo con una inversión de más de 90 millones de pesos, prácticamente trabaja
en las mismas circunstancias.
A pesar de que ha sido reinaugurado en varias ocasiones, a la fecha no cuenta con personal
especializado para operar el equipo y eso se refleja en la demora de los
perfiles genéticos, indicaron los trabajadores.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.