Un acto inaugural sobre una nueva terminal privada de contenedores fue el marco para que Enrique Peña Nieto y su secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, presumieran las capacidades en el Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
“El gobierno de la República se propuso, desde el inicio de esta administración, ampliar la capacidad de nuestros puertos y ampliarla de manera decidida”, dijo Peña Nieto frente al primer ministro danés, Lars Lokke Rasmussen, para insistir luego en el aperturismo comercial de México.
La terminal de contenedores, una instalación de la trasnacional Moller Maersk, es la más reciente ampliación al puerto de Lázaro Cárdenas. Se complementa con una serie de obras que, mediante asociaciones público-privadas, el gobierno federal estima en 10 mil millones de pesos de inversión.
“El objetivo es aprovechar al máximo las características que hacen especial al Puerto de Lázaro Cárdenas al ser uno de los de mayor calado del mundo con 18 metros de profundidad en su canal de acceso y 16 metros en la dársena principal, aunado a la inversión de la terminal”, expuso Ruiz Esparza.
Detrás de esas inversiones, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó, sólo por lo que respecta a dragado de canales y dársenas en la desembocadura del Río Balsas, una adjudicación directa irregular, inadecuado control y seguimiento de la obra, omisión en obligaciones ambientales y pagos indebidos que provocaron un daño patrimonial superior a los 106 millones de pesos.
En las últimas semanas, Peña Nieto ha inaugurado diferentes obras donde la ASF ha identificado irregularidades y daños patrimoniales millonarios, como el Auditorio Metropolitano de Tecámac, por 137 millones, entre otros.
La auditoría fue concluida el pasado 16 de diciembre y se dio a conocer en el informe de la ASF respecto a la cuenta pública 2015, en la que se dictaminó que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas (API-LC) no justificó elegir el procedimiento de adjudicación directa a Dragamex.
Dicha empresa es dirigida por Cornelius Veersteg, un empresario veracruzano de origen holandés que desde hace décadas se ha visto inmerso en otros escándalos de corrupción, por ejemplo, el polémico y jamás concluido túnel sumergido de Coatzacoalcos.
Emitido en febrero pasado, el informe de la ASF establece en su Auditoría 405 a la API-LC que no se acreditó la recuperación de un anticipo pendiente por un monto 22.4 millones de pesos.
Además, esa entidad gubernamental no fundó ni justificó la realización de una adjudicación directa a la empresa mencionada, cuando de origen, se planteó el procedimiento de “invitación a tres o más personas”.
Los procedimientos descritos implican, en el primer caso, asignar a un proveedor o contratista una obra o servicio de manera discrecional generalmente, mientras que en el segundo, se aplica un procedimiento concursal.
También se identificó un pago no justificado por 15.1 millones de pesos en obras de dragado que no correspondían a las líneas del proyecto; un “inadecuado control y seguimiento en la bitácora de la obra”; ausencia de informes sobre obligaciones ambientales y, finalmente, un pago de volúmenes indebido de material de dragado, por un monto superior a 68.5 millones de pesos.
Hoy, luego de explicar las capacidades logísticas del puerto de Lázaro Cárdenas, a partir de las obras detonadas por su gobierno, el presidente Peña Nieto afirmó:
“Es así como el gobierno de la República viene generando mayor y mejor infraestructura para el desarrollo de nuestro país”.
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