Alberto
Núñez Esteva.
Yo ciudadano me indigno nuevamente y
como nunca, por la impunidad imperante en nuestro país. Impunidad que según los
expertos alcanza el 98% de los casos, o sea, que sólo el 2% recibe el castigo
que merece y que es fuente de la corrupción imperante. Impunidad y corrupción
que, según nos dice Enrique Peña Nieto, es parte de nuestra cultura y, si esto
es cierto, penetra y se integra a la conciencia de nuestros educandos desde
temprana edad.
Impunidad denunciada constantemente
por la Auditoría Superior de la Federación, institución digna de nuestro
respeto, pero que cae, en la mayor parte de los casos, en un injustificado y
lastimoso vacío.
Impunidad por hechos que han causado
indignación en la sociedad mexicana sin que haya pasado algo…o muy poco, en
relación con su gravedad: La Casa Blanca, la casa de Videgaray, los sonados
casos de César Duarte, Yarrington, Arturo Montiel, Moreira, Panama Papers, y
otra lista interminable de atropellos.
Yo ciudadano
me indigno.
Y me indigna nuevamente, sobremanera,
el caso de Javier Duarte, caso que ha sido comentado, como pocas veces, en los
medios de comunicación nacionales e internacionales…y con razón. Se trata de un
caso paradigmático que expone la corrupción imperante y los límites
inconcebibles a los que puede llegar sin que pase nada… hasta que pasa algo por así convenir
a las fuerzas políticas, en este caso específicamente al PRI, “nuestro” partido
de larga y triste historia y tambaleante futuro.
Javier
Duarte, electo gobernador de Veracruz en el 2010 hasta que se vio obligado a
renunciar a su cargo por los atropellos cometidos.
Javier
Duarte, estudiante y doctorado en universidades americanas de indudable
prestigio.
Javier
Duarte, apoyado en su campaña para gobernador por un priísta renombrado:
Enrique Peña Nieto.
Javier
Duarte, político de larga y sucia carrera atrapado en Guatemala.
Y mil anécdotas más sobre este
peculiar personaje representativo de la cultura del robo y el despilfarro que
ensucia a la política mexicana e indigna a los mexicanos. Pero sobre la cual la ¿justicia?
mexicana ha hecho mucho menos de lo que debiera hacer. La impunidad es su bandera y la impunidad es la fuente de la
corrupción, de esa espantosa corrupción que ensucia a nuestro país y que nos
coloca, en esta materia, en el lugar 103 en el concierto de las naciones.
Son varios los gobernadores
cuestionados recientemente por la ciudadanía. Buena señal, los ciudadanos,
acompañados por su poderosa y moderna arma, el internet y en particular –para
bien o para mal- los tweets, rompen las barreras en las que se escuda la
impunidad, y denuncian lo que creen que deben denunciar y exigen a las
autoridades lo que creen que deben exigir.
Javier
Duarte, electo gobernador de Veracruz en 2010, formó parte del grupo de
gobernadores –César Duarte de Chihuahua y Roberto Borge de Quintana Roo- a los
que en el aquel entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto señaló como
el nuevo rostro del Partido Revolucionario Institucional.
¡Qué
vergüenza!
Pero estamos ya relativamente cerca
de la elecciones presidenciales del 2018. Es el momento en que los ciudadanos
debemos tomar un papel activo para exigir a los candidatos que definan su
postura, claramente y sin ambigüedades, frente a la corrupción que nos azota.
Los ciudadanos debemos dar seguimiento a las promesas y exigir, en su momento,
su cabal cumplimiento. Sólo la presión ciudadana será capaza de abatir la
corrupción imperante en nuestra sociedad, encabezada por la clase política.
Llegó el momento de pasar de la queja y la inconformidad, a la exigencia de
compromisos que se cumplan a satisfacción de una ciudadanía cada vez más
exigente.
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