El exgobernador César Horacio Duarte
Jáquez planeó paso a paso la estrategia para enriquecerse de manera ilícita a
costa del patrimonio y el dolor de los chihuahuenses. Tejió –fino en algunas
ocasiones y burdo en otras– una red de corrupción con funcionarios de varios
niveles, parientes y empresarios elegidos desde antes de ser candidato de su
partido (el PRI) a la gubernatura.
La Junta Central de Agua y
Saneamiento y las municipales, la Comisión Estatal de Vivienda, Sustentabilidad
e Infraestructura (Coesvi), las secretarías de Hacienda, Salud, Educación,
Obras Públicas, la Consejería Jurídica y la Secretaría General fueron la
plataforma para operar. Ahí colocó a colaboradores en puestos estratégicos
desde los que era más fácil robar.
Otra dependencia a través de la que
se planearon obras absurdas o con precios inflados fue Proyectos Especiales.
En
contraparte, la mayoría de los agentes
de la Fiscalía General del Estado vivieron un infierno cuando les dejaron de
dar uniformes, viáticos y debieron pagarlos de su bolsa, incluso el aceite para
sus vehículos.
“Nos tenían trabajando casi las 24
horas, nos dejaban descansar sólo cuatro horas y nos vigilaban. En cada punto
llegaban los comandantes cercanos a Rocha (Pablo Ernesto Rocha Acosta,
exdirector de la Policía Estatal Única), iban a verificar que estuviéramos
realmente despiertos. A veces cuidábamos para dormir un poco y turnarnos”,
recuerda un agente entrevistado. Se trataba, dice, de generar un ambiente de
terrorismo, someter a los agentes y simular seguridad.
La primera legislatura que trabajó
con César Duarte aprobó las primeras normativas a modo. Avaló
las cuentas públicas sin observaciones, a pesar de las irregularidades
exhibidas por políticos de oposición, académicos, medios de comunicación y
activistas. Y después de esos “votos de confianza”, varios diputados brincaron
a cargos estratégicos:
Enrique
Serrano Escobar, coordinador de la bancada del PRI, fue alcalde de Juárez; Liz
Aguilera García, quien era presidenta de la Comisión de Fiscalización, se
convirtió en la secretaria de la Contraloría del estado y posteriormente en
secretaria general del PRI estatal (ahora también es investigada por omisión);
Alejandro Lebarón fungió como delegado de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) y posteriormente como diputado federal; Brenda Ríos (del PVEM y
esposa de Lebarón) devino delegada de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat).
Francisco
Salcido fue nombrado director de Turismo, delegado de la Procuraduría Federal
del Consumidor (Profeco) y coordinador de la campaña a la gubernatura de
Enrique Serrano; Alejandro Domínguez fue presidente del PRI estatal y ahora es
diputado federal; Jorge Abraham Ramírez (muy cercano a Duarte) fue designado
director del Centro Estatal para la Instrumentación del Nuevo Sistema de
Justicia Penal (Cispen) y posteriormente se convirtió en uno de los magistrados
cuestionados por imposición y negociación entre el PRI y el PAN para proteger a
Duarte; Gabriel Sepúlveda se volvió presidente del Tribunal Superior de
Justicia, y Fernando Mendoza fue nombrado secretario general del Poder
Judicial.
Esa legislatura aprobó 140
modificaciones a las leyes del Sistema Penal Acusatorio y creó la pena de
prisión vitalicia para delitos de extorsión y secuestro, pero ésta después fue
derogada.
Para las organizaciones civiles, los
cambios al Sistema Penal Acusatorio en realidad fueron una contrarreforma,
porque favorecieron las detenciones arbitrarias y la tortura –hechos que se
incrementaron según se desprende del aumento de quejas ante la Comisión Estatal
de Derechos Humanos. El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) y el
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte también documentaron y denunciaron
varios casos.
De la
Consejería Jurídica del gobierno estatal –dirigida por Mario Trevizo Salazar–
salieron 97 iniciativas esos primeros años, que fueron respaldadas por el
Congreso del estado.
En enero de 2014, cuando entró la
siguiente legislatura, también controlada por el duartismo, los diputados
aprobaron una iniciativa enviada por la Secretaría General de Gobierno para
impulsar un programa de reordenamiento de la hacienda estatal, basado
supuestamente en la austeridad.
Pero de eso, nada: la deuda que dejó
la administración anterior es de más de 55 mil millones de pesos y un déficit
de 8 mil millones.
La red de
corrupción.
Duarte Jáquez colocó en cargos clave
a familiares y paisanos de Parral y Balleza, y tejió complicidades con
empresarios favorecidos con contratos discrecionales y millonarios para obra
pública y medicamentos, entre otros.
Como primer secretario de
Comunicaciones y Obras Públicas colocó a Javier Garfio Pacheco, quien en la
segunda mitad del gobierno duartista se convirtió en el alcalde de Chihuahua.
En su lugar quedó Eduardo Esperón González y, como subsecretario, Everardo
Medina (primo de Duarte).
A la Secretaría de Hacienda llegó, en
octubre de 2012, Jaime Herrera Corral, quien era director del polémico banco
Unión Progreso, donde fueron depositados más de 80 mil millones de pesos de las
arcas estatales. Los
ahorradores principales de esa institución fueron César Duarte y colaboradores
y empresarios cercanos.
Raúl Enrique Javalera Leal, oriundo
de Balleza (de donde es Duarte), fue director de la Junta Central de Agua y
Saneamiento (JCAS), y su empresa Finca resultó beneficiada en la opaca
construcción del aeropuerto regional de Creel, en Bocoyna. Posteriormente fue
nombrado director de la Coesvi, cuyos exfuncionarios enfrentan penas de cárcel
por favorecer a empresarios con la venta de terrenos del gobierno estatal a
costos muy por abajo del precio catastral.
En la misma
Secretaría de Hacienda –durante la primera mitad del sexenio–se desempeñó como
director de Administración Sergio Medina (muy cercano a Duarte).
En la Secretaría de Salud, Pedro
Genaro Hernández Flores, de Parral, operó en cargos administrativos. Luego
ocupó la dirección del Seguro Popular (de donde se desviaron cantidades
millonarias, según auditorías locales y federales) y fue el último secretario
de la dependencia.
El
parralense Carlos Hermosillo tuvo cargos
estratégicos hasta que el duartismo lo convirtió en diputado federal por el
Distrito 9. Dirigió el Fideicomiso Estatal de las Actividades Productivas en el
Estado de Chihuahua (Fideapech), luego encabezó la dirección general de
Administración de Hacienda y posteriormente la presidencia de la Junta Central
de Agua y Saneamiento (JCAS), donde solicitó licencia para contender por la
diputación.
Hermosillo
Arteaga estuvo cerca de Duarte desde hace años, cuando ambos consolidaban su
carrera en Parral. Ambos coincidieron en
la Unión Ganadera División del Norte, fundada por el exgobernador cuando era
diputado federal. Esa organización compartió domicilio con proveedores de
medicamentos del gobierno del estado, en una situación claramente irregular
(Proceso 2075).
La
Secretaría de Desarrollo Rural tiene documentos que evidencian que en 2015
Duarte desvió recursos para favorecer a sus allegados y a familiares del
gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, con apoyos para ganaderos a través de
Unión Ganadera División del Norte, según las unidades de producción pecuarias
80072096001 y 180122628002 (enviadas a San Blas, Nayarit) y la 0180022796002.
Modus
operandi.
La secretaria de la Función Pública
estatal, Rocío Stefany Olmos Loya, explica en entrevista que la manera en que
operó la red de corrupción de Duarte fue simple: concentró una gran capacidad
de decisión en pocas instituciones:
“Empoderaron a la Secretaría de
Hacienda en sus funciones, principalmente en las compras. Fue un organismo centralizado. Ahí concentraron todo para hacer negocios,
para crear empresas. Eso lo hicieron (Gerardo) Villegas (actualmente preso por
peculado) y (Antonio) Tarín, que son parte del grupo cercano de la familia de
Duarte. También operaron desde Educación, Salud, en las direcciones de
Adquisición y Administración.”
Otra clave: 60% de las compras las otorgaron por
adjudicación directa o invitación a tres empresas.
Paralelamente,
“hubo órdenes simuladas, en las que
compraban algo, firmaban contrato y no entregaban nada a gobierno. Emitían
cheques y luego simulaban el contrato. Crearon empresas fantasma principalmente
de 2013 a 2016, por lo menos cuatro. Las crearon todas el mismo día, con la
misma dirección, les pagaron el mismo día. Y compraron con sobreprecio”, abunda.
A través de
las juntas de agua y de la Coesvi también favorecieron a varios medios de
comunicación, ya que mediante esas dependencias cumplieron compromisos de
publicidad contraídos por la Coordinación de Comunicación Social.
En la Secretaría de Educación
utilizaron sobre todo el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física
Educativa, por medio del cual simularon obras y dejaron adeudos con
proveedores. Además, a éstos les hacían pagar cuotas de hasta 30% por cada
adjudicación que les daban: “Les daban el cheque y luego
gente del gobierno los acompañaba al banco, retiraban el dinero y depositaban a
la cuenta que los enviados indicaban”, asevera Stefany Olmos.
Un contratista de la Ciudad Judicial
confirma que para dicha obra les cobraron 30% de cuota para otorgarles
licitaciones o adjudicaciones. La tenían que pagar en efectivo, generalmente
durante alguna comida en el hotel Soberano, del que Duarte se hizo socio.
“Las adquisiciones directas se hacían
a través de la Dirección de Adquisiciones, que estuvo controlada los seis años
por la familia del exgobernador”, consigna.
En tanto,
para el abogado Jaime García Chávez, quien tiene demandados a Duarte,
Hermosillo y Herrera Corral desde septiembre de 2014, el exmandatario sólo utilizó a Chihuahua como “una fachada” para operar
toda una red de corrupción.
Este
fenómeno, asevera, no es privativo de la entidad e implica enormes riesgos para
la estabilidad nacional.
“Se puede recrudecer la política, los
crímenes a políticos van en aumento. A estas alturas, un golpe de Estado puede
ser un narc-ogolpe de Estado. Los políticos deben pasar a tener medidas de
seguridad extrema. Ya no es como ocurrió con Luis Donaldo Colosio (asesinado en
1994); es de dimensiones profundas. La ciudadanía ha sido replegada a las
decisiones electorales, la clase política es penosa. No hay visión para incorporar
a la ciudadanía en grandes decisiones”, finaliza.
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