Un grupo de
policías comunitarios surgió en el poblado de Tlacotepec, considerado como el
corazón del narcotráfico de la Sierra de Guerrero, donde habitantes de 80 comunidades exigieron al gobierno federal y
estatal un alto a la política de erradicación de cultivos de mariguana y
amapola.
Los campesinos inconformes argumentaron
que las autoridades de los tres niveles no han ofrecido otra fuente de ingresos
para alcanzar el desarrollo integral de los pobladores de la Sierra y
reprocharon la actitud del Ejército y corporaciones policiacas, a quienes
acusaron de dedicarse a “robar, extorsionar y secuestrar” a productores de
enervantes, así como personas que indirectamente se benefician de la actividad
del narco.
También, anunciaron que la conformación del grupo de
autodefensa denominado Policía Comunitaria de Tlacotepec (PCT), se enfocará en
blindar el corredor de drogas que conecta con los municipios de Apaxtla y
Teloloapan, para garantizar la seguridad de habitantes de esta zona donde se ha
registrado desde hace un lustro el desplazamiento masivo de personas, ante la
brutal confrontación de grupos armados por el control de la ruta de la heroína.
El
movimiento armado en la Sierra, lugar catalogado por el Ejército como la
principal zona productora de heroína a escala nacional, recibió el respaldado de las guardias comunitarias denominadas
Movimiento Adrián Castrejón de Apaxtla y La Tecampanera de Teloloapan.
Ambas autodefensas han sido
vinculadas con el grupo delictivo Guerreros Unidos y mantienen una lucha con La
Familia, banda afincada en Arcelia y Acapetlahuya, por imponer su hegemonía en
la Zona Norte de Guerrero y el sur del Estado de México.
Ayer se realizó una multitudinaria
marcha en el poblado de Tlacotepec, cabecera municipal de Heliodoro Castillo,
en la que participaron mujeres, niños y hombres, en su mayoría campesinos, y en
la que exigieron seguridad, justicia y paz en la Sierra.
La
movilización culminó con un mitin en el centro de este poblado considerado como
el corazón del narcotráfico de la Sierra y los discursos de los inconformes se enfocaron en exigir a Enrique
Peña Nieto, un alto a la política de erradicación de plantíos de amapola y
marihuana vía aérea, porque de esta manera -indicaron- el Ejército destruye
cultivos de alimento básico como maíz, frijol y calabaza.
Un campesino
proveniente de la comunidad de El Ahuejote consideró
que la siembra de enervantes “es un trabajo honrado para llevar el sustento
familiar”, por lo que demandó al Ejército y las corporaciones policíacas que se
enfoquen en detener a los delincuentes para bajar la incidencia delictiva
porque hasta el momento se han dedicado a extorsionar y secuestrar a productores
de enervantes.
Los manifestantes denunciaron que en
el municipio de Heliodoro Castillo, que administra el alcalde priista Juan
Pedro Salgado Guzmán, habitan al menos 40 mil pobladores y solo existen ocho
policías municipales, destacamentados en la cabecera.
Por ello, justificaron la
conformación de la guardia comunitaria para garantizar la seguridad de los
habitantes de los poblados de la Sierra.
“Llegó la hora de ver las cosas como
son y la realizad es que queremos a la Policía Comunitaria y estamos
concretando este proyecto de seguridad para beneficiar a nuestros hijos y no
que haya hechos de violencia como los que hoy en día ocurren en todo el
estado”, expresó un
habitante identificado como Adrián Vergara.
Otro
habitante exigió: “Queremos paz y la paz
de todos los pueblos se consigue luchando y no saqueando. Para poder alcanzar
la paz necesitamos libertad, igualdad y fraternidad para que este proyecto de
seguridad continúe para que vivan bien los niños, los jóvenes y los ancianos”.
Hasta el momento,
el gobierno de Héctor Astudillo Flores,
quien envió una iniciativa al Congreso para tratar de frenar la expansión de
los grupos de policías comunitarias y autodefensas en la entidad, no ha fijado
una postura sobre este hecho que exhibe el vacío de autoridad que existe en la
entidad.
Desde hace
cuatro años, Proceso ha documentado la violencia y el desplazamiento masivo de
personas en la Sierra generado por la batalla que libran grupos armados para
controlar las zonas de producción y rutas de trasiego de drogas que conecta
esta franja de la entidad con el centro del país.
Hasta 2014, los registros oficiales
indicaban que esta barbarie había dejado al menos dos mil desplazados en
municipios como Heliodoro Castillo, San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso,
Arcelia, Apaxtla de Castrejón, Cuetzala y Teloloapan, donde existen decenas de
pueblos fantasma.
El tema de los desplazados por la
narcoviolencia ha sido minimizado por los gobiernos de Ángel Aguirre Rivero y
el interino Rogelio Ortega, mientras que el actual gobernador Astudillo se ha
mostrado indiferente ante la situación de violencia, marginación y pobreza que
persiste en la entidad.
En
contraste, Astudillo se ha enfocado en promover el turismo y la inversión
extranjera en zonas controladas por el narcotráfico.
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