El Auditorio
Metropolitano de Tecámac fue considerado por el actual Gobernador del Estado de
México, Eruviel Ávila Villegas, una de las obras de infraestructura más
importantes de toda su administración. Por ahí, en marzo pasado, desfilaron y
aplaudieron la construcción del recinto varios secretarios de Estado, y Enrique
Peña Nieto.
Pero la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) –en
la revisión de la cuenta pública de 2015– sacó a la luz los números del
Auditorio: no costó 430 millones de pesos como se había acordado, sino 169
millones 929 pesos más; los días de construcción pasaron de 307 a 553 días; era
evidente la “deficiente planeación del proyecto”; que éste no satisfacía a
cabalidad las necesidades de capacidad o aforo de usuarios y que no cumple con
la normativa vigente para espacios públicos de uso masivo.
A pesar de
que el precio total de la construcción aumentó 39.5 por ciento, con todo y los
34 millones 999 mil pesos que faltan por comprobar, que continúan las
actividades de construcción y que se inunda en época de lluvia, es imposible conocer cuál fue la empresa
encargada de construirlo y el contrato que se firmó, porque la Secretaría de
Infraestructura clasificó la información como “Reservada” por los siguientes
cinco años debido a que en estos momentos el recinto es objeto de auditoría.
Y según la
entidad, el perjuicio que supondría
divulgar la información supera el interés público general de que se difunda.
La solicitud
00085/SINF/IP/2017 realizada por SinEmbargo, fue dirigida a la Secretaría de
Infraestructura que a su vez, redirigió a la Subsecretaría de Agua y Obra
Pública y a la Dirección General de Administración y Construcción de Obra
Pública.
La Secretaría acotó que el expediente
de la obra de la “Construcción del Auditorio Metropolitano” es información
clasificada.
“Atendiendo
a la prueba de daño que refiere la servidora pública habilitada suplente de la
Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública”, puede
leerse en el documento firmado por
Alejandra González Camacho, titular de la Unidad de Transparencia.
La solicitud
requería toda la información relacionada con el Auditorio Metropolitano de
Tecámac [copia de la convocatoria del proyecto, la justificación, copia de la
licitación en la que se incluya el nombre de la empresa o empresas que lo
construyeron, el estudio de impacto ambiental y el costo total de la obra y si
el precio había sido modificado y las razones].
UNA OBRA
INJUSTIFICADA.
Uno de los
documentos que conformaban la respuesta a la solicitud, que tiene fecha del 16
de mayo de 2017 y fue firmado por la arquitecta Blanca H. Piña Moreno,
Directora de Programación, Contratos de Obra y Proyectos de la Secretaría de
Infraestructura, señala que en los
archivos no hay ningún documento de “convocatoria del proyecto” ni
“justificación del proyecto”.
Sobre el
expediente de la obra de la Construcción del Auditorio Metropolitano, sin
embargo, “de conformidad con los artículos 113 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública […] y de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y
Municipios, la información de referencia
es clasificada”.
El documento explica luego que los
archivos de la Dirección General de Administración y Construcción de Obra
Pública, que la clasificación se deriva del Acta de Formalización e Inicio de
los Trabajos de Auditoría, correspondientes a lo emitido por la Auditoría
Superior de la Federación (ASF).
La ASF emitió una orden para realizar la auditoría
número 852-DS-GF/2015 con título “Programas y Fondos Federales en el Estado de
México”. Ahí está incluido el Auditorio Metropolitano.
Y como la
auditoría, según el documento, está “en trámite”, se encontró en las leyes
federal y estatal una excepción en el principio de transparencia de la
información pública.
Entonces, según la Secretaría de Infraestructura,
el proyecto del Auditorio se clasificó porque podría obstruir la inspección y
la auditoría y porque esa información podría obstruir o causar daño a la
verificación, inspección y comprobación de lo ordenado por la ASF.
“El daño que pueda producirse con la
publicación de la información sea mayor que el interés público de conocer la
información “,
sentencia la Unidad de Transparencia y agrega: “la divulgación de la
información representa un riesgo real, demostrable e identificable” porque no
ha concluido el procedimiento administrativo que fue notificado desde el 6 de
mayo de 2016.
“El proporcionar la información objeto de la
presente solicitud, afectaría los principios de seguridad y certeza con los que
se debe desarrollar el procedimiento de auditoría”, se añade en la explicación.
Sin embargo,
la Secretaría reconoce que hay un interés público por conocer el procedimiento
administrativo, pero acota que el acceso a la información pública tiene sus
propias limitaciones, como “es el caso que nos ocupa”.
Luego argumenta que si la información
se hiciera pública “derivaría en la emisión de juicios de valor subjetivos que
pueden afectar los resultados que emita la ASF al respecto”.
Entonces, se decidió guardar la información por cinco
años, pero esa cantidad de tiempo, según la Secretaría, “se realiza en pro del
beneficio a favor del interés público”.
Sobre esos
cinco años, se asegura que es necesario
para “proteger la información” ya que la emisión de los resultados de la
auditoría es indeterminado.
Pero actualmente el Auditorio continúa
funcionando para los amigos. A pesar de que no se vende ningún boleto, entre
semana y en fin de semana se ofrecen conciertos.
El Auditorio
tiene una superficie de 147 mil metros cuadrados, puede albergar a 12 mil 700
personas, cuenta con palcos, dos terrazas, dos mega pantallas, 18 baños y un
estacionamiento, que a la fecha sigue en construcción, con espacio para mil 400
autos y 36 autobuses.
Está ubicado
en los límites de Ecatepec y Tecámac, el primero, uno de los municipios más
peligrosos de la entidad y el segundo, otro que va subiendo lugares en el mismo
ranking de violencia.
La promoción
de responsabilidad administrativa sancionatoria que emitió la ASF fue contra
los actos y omisiones de los servidores públicos que en este proyecto
autorizaron el inicio de las obras, sin contar con los estudios y proyectos,
especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución
totalmente terminados.
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