Ya transcurrieron más de tres meses
desde que el Citizen Lab reveló que el gobierno mexicano intentó implantar un
programa espía en los dispositivos móviles de dos activistas y un científico a
favor del impuesto sobre los refrescos y ninguna autoridad del Ejecutivo
federal ha pronunciado una sola palabra al respecto.
“Si la autoridad encargada de la
seguridad nacional se hubiese enterado del espionaje cuando el Citizen Lab dio
a conocer su informe (en febrero pasado), hubiera investigado el caso de
inmediato”, asevera
en entrevista con Apro, Alejandro Calvillo, director de El Poder del
Consumidor.
“Pedimos una investigación de oficio (…)
solicitamos una cita con el licenciado Roberto Campa Cifrán, subsecretario de
Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación (Segob), pero no tuvimos
ninguna respuesta”, deplora el activista.
Y añade: “Es preocupante porque la información salió
en primera plana de The New York Times, hubo solicitudes por parte de la Cámara
de Diputados y del Senado, también nuestros llamados, una carta publicada en
Reforma, se ha pedido que se investigue y no ha habido ni una sola declaración
al respecto”.
Desde la
publicación del informe, la senadora Marta Tagle Martínez y los diputados
Araceli Damián y Rafael Hernández Soriano presentaron puntos de acuerdo en sus
respectivas asambleas para denunciar el espionaje y exigir una investigación a
fondo del caso.
Hernández presentó su punto de
acuerdo ayer, en el que exhortó a Enrique Peña Nieto a garantizar los derechos
a la libertad de expresión de los defensores de la salud en el país.
Alejandro
Calvillo tiene dos hipótesis para
explicar el silencio de las autoridades: la primera es que la tentativa de
espionaje vino de funcionarios de categoría baja o media, la cual implicaría
que no hay control sobre los escalones menores de la seguridad nacional. La
segunda es que la orden vino de los mandos superiores.
“Es una impunidad frente a funcionarios
y todo presume que están utilizando este tipo de herramientas para dar servicio
a grandes corporaciones”, denuncia el activista, quien se ha dedicado los últimos años a promover
políticas públicas para combatir la epidemia de obesidad y sobrepeso que azota
el país, desde la agrupación El Poder del Consumidor.
Víctimas de
hackeo.
Junto con el doctor Simón Barquera
–integrante del Instituto Nacional de Salud Pública– y Luis Encarnación
–director general de la coalición ContraPESO–, Calvillo fue una de las víctimas
de las tentativas de hackeo por el programa espía Pegasus, desarrollado por la
empresa israelí NSO Group, entre julio y agosto de 2016.
NSO, que tiene estrechos vínculos con el
gobierno de Israel, sostiene que sólo vende sus programas espías a gobiernos y
agencias de seguridad estatales. El gobierno mexicano es cliente de esta
empresa: se sabe que le otorgó por lo menos un contrato por 20 millones de
dólares en 2012.
“Es el primer caso en América Latina
donde se ha podido documentar el espionaje a activistas sociales, se está
espiando a personas que claramente son atacadas por corporaciones”, insiste Calvillo.
Las medidas que promovieron las
víctimas afectan los intereses de las industrias refresquera y de la comida
chatarra: según un
estudio publicado en el British Medical Journal, el impuesto redujo el consumo
de refresco en 6.1% durante sus primeros dos años de implementación.
Según un
modelo matemático elaborado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y
la Universidad de Michigan –y presentado ayer–, el impuesto de 10% a las bebidas azucaradas reducirá en un 2.5% la
obesidad en la población adulta para el año 2024 y evitará el surgimiento de
entre 86 mil y 134 mil nuevos casos.
De incrementarse el impuesto a 20%,
su impacto resultaría aún mayor: la obesidad disminuirá en 6.8%, mientras entre
171 mil y 267 mil nuevos casos se prevendrán.
Proceso
documentó en julio de 2015 que Tomás
Zerón de Lucio, el extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que
alteró la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, fue el artífice de la compra del programa Pegasus, pues pretendía
centralizar el sistema gubernamental de espionaje desde la Procuraduría General
de la República (PGR).
La Red en
Defensa de los Derechos Digitales (R3D) indicó
en noviembre pasado que el gobierno mexicano –tanto el federal como ciertos
gobiernos estatales, por ejemplo, los de Javier Duarte de Ochoa, en Veracruz y
de Rafael Moreno Valle, en Puebla– utiliza las herramientas de ciber-espionaje
de manera discrecional y opaca –a veces incluso de manera ilegal–, y fuera del
monitoreo de las instancias judiciales.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.