La víspera de las elecciones para
gobernador en Coahuila, Estado de México y Nayarit, la Procuraduría General de
la República (PGR) tendrá acceso a los nombres de los funcionarios y/o
exfuncionarios mexicanos que participaron en la trama de corrupción
internacional de Odebrecht.
El sábado 3 de junio es la fecha que
puso la Procuraduría General de la República de Brasil para abrir a las
fiscalías de los países implicados los archivos de su investigación sobre el
escándalo que a fines del año pasado destapó la justicia de Estados Unidos.
La oficina
de Raúl Cervantes y la de otros 10 países que investigan la participación en la
cadena de sobornos conocerán entonces los detalles de las operaciones de la
constructora brasileña para hacerse de los contratos de obra pública. La mayoría
en América Latina.
La PGR no ha
tenido que esperar para conocer los nombres de todos aquellos funcionarios
mexicanos de los tres niveles de gobierno que participaron en la concesión de
esos contratos.
El pasado 4
de abril, la PGR le pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el
ente autónomo de la Cámara de Diputados, toda la información sobre los
contratos que ha tenido la empresa brasileña en México.
Ese fue el
requerimiento preciso que de forma “urgente y confidencial” le hizo la Fiscalía
de la Unidad de Investigación “C” de la Coordinación General de Investigación
(CGI) de la PGR, al organismo fiscalizador que encabeza Juan Manuel Portal.
En
específico, la petición es que la ASF informe “si la empresa moral Consultora
Norberto Odebrecht y/o alguna de sus filiales ha tenido contratos en alguna
entidad de la República Mexicana, Estatal o Municipal”.
En el caso de que así haya sido, la
PGR le pidió a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la
Federación que le hiciera entrega de “toda la documentación soporte” en copia
certificada y entregarla directamente en la Unidad de Investigación y
Litigación de la Coordinación General de Investigación de la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR.
La presencia
de Odebrecht en México se remite al
gobierno de Vicente Fox, cuando en 2005 la constructora brasileña ganó dos
licitaciones internacionales con Pemex Refinación. Uno por 317 millones de
dólares y otra por 317 millones 900 mil dólares para la reconfiguración de la
Refinería “General Lázaro Cárdenas”, en Minatitlán, Veracruz.
Odebrecht
compartió esas licitaciones con las empresas Minatrico, Río San Juan
Construcciones y Técnicas Reunidas.
En 2014, ya en el gobierno de Peña, Pemex Refinación,
ahora Pemex Transformación Industrial, le adjudicó de manera directa un
contrato por mil 436 millones de pesos para obras de movimiento de tierra y
conformación de plataformas en la refinaría Miguel Hidalgo, en el estado de
Hidalgo.
Además, su filial Braskem ha recibido una treintena
de contratos de la Comisión Nacional del Agua, de la Compañía Mexicana de
Exploraciones, sectorizada a la Secretaría de Energía, la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Comisión Reguladora de Energía.
Uno de los más importantes, sin duda
fue la construcción del Complejo Petroquímico Etileno XXI de Pemex, en
Coatzacoalcos, Veracruz. Entregado en 2011, el contrato fue para la obra más grande
de su tipo en América Latina y que fue festinado por los exgobernadores Fidel
Herrera y el detenido Javier Duarte.
Los
contratos están comprendidos en el periodo de investigación de 2001 a 2016 que
investiga la Corte Federal de Estados Unidos de Brooklyn, en Nueva York; aunque la referencia a México en la
corrupción internacional es de 2010 a 2014; es decir, en los gobiernos de
Felipe Calderón y Enrique Peña, quienes se reunieron personalmente con el
entonces dueño de la empresa Marcelo Odebrecht, ahora detenido en Brasil.
La PGR tiene nombres de sobra para
identificar los sobornos. Brasil le dará más insumos. Lo que falta es una fiscalía general
autónoma que funcione.
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