La PGR y su lenta ayuda en el caso Rodrigo Medina.

La Procuraduría General de la República (PGR) se ocupará pronto del exgobernador Rodrigo Medina, quien tiene en Nuevo León más de 20 expedientes en investigación por casos de corrupción.

Señala que ahora es cuestión de tiempo para que inicie sus propias indagatorias en contra del exmandatario nuevoleonés en el sexenio 2009-2015, pues en la entidad ya tiene imputaciones por acciones relacionadas con actos de corrupción.

Con la información que les proporcionen las autoridades federales, principalmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los investigadores de Nuevo León esperan comprobar las sospechas que tienen del enriquecimiento inexplicable del priista.

Desde el inicio del presente año, la PGR se involucró en las investigaciones a Medina de la Cruz. Sin embargo, el respaldo que ha dado a los detectives estatales no ha sido suficiente, considera el subprocurador, quien se ha encargado de imputar y de llevar a ante la justicia al escurridizo exgobernador.

Para el funcionario estatal, son desconocidas las razones por las que el gobierno federal sólo coadyuva en la investigación en la entidad, y no se ha decidido a proceder contra Medina.

“Esa pregunta es más bien para la PGR. Ellos son los que tienen la respuesta, yo no la tengo”, sentencia.

Entra la PGR.

El encarcelamiento de Rodrigo Medina es una cuenta que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón El Bronco no ha podido saldar con el pueblo de Nuevo León.

Desde su campaña en 2015, se comprometió a procesarlo y a encerrarlo por los actos de corrupción que, se decía, había incurrido en la entidad.

Ya ha transcurrido un año y medio desde que asumió la gubernatura, pero el exmandatario tricolor sigue libre.

En julio pasado, una fuente del gobierno estatal reveló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya indagaba los delitos fiscales en los que pudo haber incurrido Medina de la Cruz junto a sus colaboradores, en la defraudación detectada en esta entidad. La misma dependencia federal le había pedido al gobierno del Bronco que sacara las manos de las actuaciones federales y que, llegado el momento, les compartirían los hallazgos (Proceso 2073).

Finalmente, el 10 de enero del 2017, el procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, recibió a Canales Santos y otros agentes ministeriales de la entidad, y les anunció que les permitiría acceder a la información de la CNBV y el SAT, que con tanto recelo es resguardada.

Con estos datos, la subprocuraduría local tendría a su alcance información que le permitiera conocer flujos de dinero producto de actividades ilícitas en las que habría incurrido el mandatario, como sobornos o sobreprecios.

La investigación alcanzaría a Humberto Medina Ainslie, padre del exgobernador, considerado el cerebro detrás de los presuntos latrocinios perpetrados en la administración estatal pasada. Otros exfuncionarios cercanos a él también estarían involucrados.

En entrevista, el fiscal Anticorrupción de Nuevo León señala que sí hubo una invitación de la Procuraduría General de la República (PGR) para que revisaran los archivos bancarios y fiscales, pero dice que no ha fluido la información con la celeridad que demandan las investigaciones contra el político priista.

En aquella reunión, el procurador General reconoció la importancia de las aportaciones que podría hacer el gobierno federal a las pesquisas que hace la subprocuraduría Anticorrupción de Nuevo León y asignó como enlace al subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales Alberto Elías Beltrán.

Pero durante estos meses la ayuda ha fluido poco.

Medina de la Cruz está vinculado a tres procesos: por peculado, ejercicio indebido de funciones y daño al erario.

Tras los recientes arrestos de exgobernadores, Canales ve con optimismo la actuación federal que, considera, pronto enfilará baterías hacia el priista nuevoleonés, a quien hasta ahora no se le han fincado delitos de orden federal, imputaciones que tendría que hacer un ministerio público de la PGR.

“La PGR no se ha involucrado lo suficiente en el caso de Rodrigo Medina. No nos ha proporcionado la información bancaria y financiera que hemos pedido del exmandatario. Sin embargo, para mí, como fiscal Anticorrupción, es muy buena noticia constatar la imparcialidad de la PGR en estos casos recientes.

“En el caso de Medina, no hemos tenido la misma respuesta de la PGR como en los casos de Veracruz y Sonora. Pero eventualmente creo que la vamos a tener. Así como les llegó su tiempo a ellos, le llegará su tiempo también a Medina. Es de celebrar en todo el país que la PGR esté dando resultados en estos casos y esperamos que lo vaya a dar también en el caso de Nuevo León”, estima.

En los archivos encriptados de las dependencias federales, los agentes ministeriales de la localidad esperan encontrar la trayectoria del dinero de las fechorías detectadas del sexenio pasado que, de acuerdo a las imputaciones, fueron orquestadas desde el mismo escritorio de Rodrigo Medina de la Cruz cuando era gobernador constitucional del estado de Nuevo León.

“Por ejemplo, en algún contrato de obra pública cualquiera, detectamos un sobreprecio. A través de un peritaje oficial, encontramos que la obra asignada tiene un copete de 40 o 50%, sobre los precios de mercado. Lo que nos había faltado es determinar que ese sobreprecio regresara al funcionario encargado de la asignación de la obra”.

“Esa información la podemos ya conseguir a través de los movimientos bancarios de la persona investigada y sus declaraciones de impuestos. Ver estos datos es un factor fundamental en el combate a la corrupción”, dice el funcionario.

En la subprocuraduría saben que mucho del dinero ilícito es entregado a prestanombres y, con frecuencia, en efectivo, por lo que es muy complicado seguir esos vectores. Sin embargo, acceder a los secretos bancarios y fiscales ayuda al propósito, pues en las transacciones financieras y en las declaraciones de impuestos se encuentran bases para armar casos, explica el Zar.

“Hay movimientos de todo tipo, cierto, pero los flujos de dinero nos van a permitir determinar cuál cantidad se fue a un determinado funcionario o a otro. Estoy de acuerdo, esto es muy complejo y mucho de esto se maneja en efectivo, pero sabemos que no todo puede manejarse así, en efectivo. Por eso esta área nos puede dar pruebas duras para sujetar a proceso con éxito a los funcionarios y empresarios corruptos”, señala.

Otros 20 expedientes

Independientemente de las actuaciones de la PGR y otros funcionarios federales que coadyuven a las indagatorias, la Fiscalía estatal hace su trabajo y prepara otras imputaciones.

Además del caso KIA y por enriquecimiento ilícito, hay indagatorias por la asignación de estímulos indebidos a una acerera en Linares, licitaciones ilegales en carreteras estatales, irregularidades en la elaboración del plan hidráulico Monterrey VI, contrato a despachos de publicidad a los que se les dieron pagos sobrefacturados, entre otras presuntas irregularidades que están bajo escrutinio.

El fiscal señala que no hay seguridad de que habrá imputación por cada uno de los casos, aunque afirma que conforme recaben pruebas sólidas, comenzarán a armar las respectivas acusaciones que llegado el momento presentarán ante el juez de control.

“En la PGR nos habían dicho que presentáramos la petición de lo que necesitamos y sí, efectivamente, nos han dado información, pero no completa. De manera que no hemos podido, con la información que nos han dado, demostrar el enriquecimiento ilegítimo. Sin embargo, sí lo estamos logrando con auditorías estatales y por otros medios que la Fiscalía de Nuevo León consigue con sus propias uñas.

“La Fiscalía, de cualquier manera, sigue avanzando en sus pesquisas. Pero como son investigaciones en proceso, no podemos dar información porque nos estaríamos entorpeciendo. Pero pronto lo sabrán, cuando podamos concretarlo en imputaciones de delitos, que serán resultado de estas investigaciones”, dice.

Actualmente, la Fiscalía Anticorrupción emprende una lucha contra el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, en particular contra el recurso de los amparos que ha permitido que Medina y su padre sigan libres, pues la protección federal impide que la autoridad local actúe contra ellos.