Al cumplirse el primer mes de campaña
por la gubernatura del Estado de México, los candidatos han posicionado en sus
agendas estatales el tema que asola al Poder Ejecutivo: la corrupción. En consecuencia, Alfredo del Mazo
Maza, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha sido el más cuestionado por lo que el
Gobierno de Eruviel Ávila Villegas ha dejado de hacer y por los escándalos que
ha protagonizado su primo, Enrique Peña Nieto.
Eruviel Ávila no habla mucho de los
casos que le cargan. OHL, Xochicuautla y Grupo Higa o todo lo detectado por la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) son temas menores en sus discursos donde sobresale el
“vamos bien”.
La excusa
que ha utilizado la actual administración estatal es que los casos no han sido
provocados por el Gobierno de Eruviel; sin
embargo, ciudadanos, grupos civiles, cifras de la ASF y denuncias en medios de
comunicación evidencian que de todas esas problemáticas hasta el momento no hay
detenidos o investigaciones en curso.
Ávila Villegas también ha cooperado
en mantener las cosas tal y como convengan a los intereses políticos o
empresariales.
Está el caso de la comunidad otomí de
Xochicuautla que libra una batalla en contra de una carretera que construye
Grupo Higa. A pesar de señalamientos internacionales de que se violan los derechos
de una comunidad originaria, el Gobierno local ha enviado a la policía estatal
para que la maquinaria ingrese a la comunidad.
Y sobre el dinero con el que se
construye, que es federal, el Gobierno mexiquense NO se ha pronunciado, al ser
competencia solamente del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
(Banobras) que lo otorgó cuando Alfredo del Mazo Maza lo presidía.
La clave es que el grupo ha mantenido
el control del dinero, de las políticas y de las instituciones es el mismo y
eso garantiza impunidad, porque la transparencia tampoco
es una opción, ya que es imposible acceder a la información de la
administración de Enrique Peña Nieto y Arturo Montiel Rojas, periodos en los
que se desarrollaron muchos de los casos de corrupción.
OHL: EL
EMBLEMA MEXIQUENSE.
Cuando el escándalo estalló, Apolinar
Mena Vargas, entonces Secretario de Comunicaciones, fue el primer implicado. En un audio difundido en YouTube, se
le escuchó en una conversación con Pablo Wallentin, quien era representante de
Obrascon Huarte Lain (OHL). Acordaban el pago de unas vacaciones en la Riviera
Maya a cambio de recibir ayudas con el Viaducto Elevado Bicentenario y el
Circuito Exterior Mexiquense.
Esas “ayudas” le dieron a OHL
ganancias por 524 millones de euros al año por las cuotas de peaje.
Luego Luz María Zarza, Consejera
Jurídica del Gobierno fue acusada por tener una posición a favor de OHL en
litigios, pero nunca fue cuestionada. Por su parte, aunque Apolinar Mena fue destituido, semanas después fue designado como
Secretario Técnico del Gabinete del Gobernador.
Pero esos dos casos abrieron todo el
expediente OHL que inicia en la administración de Montiel Rojas y continuó con
Peña Nieto.
El Gobierno
del Estado de México anunció una auditoría externa a las obras en cuestión y se
contrató a la consultora Pricewaterhouse Cooper’s (PWC).
Los resultados mostraron que fue
imposible verificar los ingresos y los egresos debido a que la información,
otorgada por OHL, era incompleta, pero se detectaron inconsistencias por 296
millones de pesos y se aplicó una sanción de 38.3 millones de pesos.
Hoy no hay resolución, pero al caso
se le denomina como un sinónimo de la corrupción del actual gobierno y que tuvo
origen en el Estado de México. Y ahí continúa desarrollándose.
Luego, Mena Vargas, estuvo implicado
en otro caso, en el que se le escuchó pedir el 12 de diciembre de 2014, a una
persona no identificada que inventara una cifra “nada más para que le dieran
dinero” en la licitación de una línea nueva del Sistema Mexibús, de acuerdo con un audio filtrado en
el mismo canal de YouTube donde se han subido los de OHL México y funcionarios
públicos.
“No te preocupes, es nada más para
que me den el dinero. Ya después nos arreglamos. Invéntala. O yo te la invento
si quieres. Dime, dame los conceptos. Yo le pongo lana. Invéntala, quiero
cumplir con el requisito, necesito la lana. ¡Me va a correr el Gobernador
[Eruviel Ávila Villegas] si no tengo los camiones [del Mexibús]”, se escucha decir a Apolinar.
El 12 de
enero de 2015, Peña Nieto y el Gobernador mexiquense, Eruviel Ávila Villegas,
inauguraron –con retraso– la Línea 2 del Mexibús, que recorre los municipios de
Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli en el Estado de México.
AUDITORÍA
2015.
Los
resultados de la Auditoría para el Estado de México no fueron del todo
positivos. De entrada, la entidad no
comprobó el 18.5 por ciento de los 10 millones 529 mil 543 pesos que recibió de
transferencias federales de 2015 y se concluyó que el Gobierno del Estado de
México no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la
materia.
De la
revisión de los Convenios para el Otorgamiento de Subsidios de Programas
Regionales, también de ese año, se
advirtió un probable desfalco al erario de 471 millones 464 mil pesos, monto al
que se suman los intereses generados desde que los recursos fueron depositados
a las cuentas.
Además, se verificó la realización de múltiples
retiros y depósitos reincorporados a cuentas posteriormente.
En la misma
revisión, salió el caso del Auditorio
Metropolitano de Tecámac. El Gobierno federal entrega dinero año con año dinero
para infraestructura, fortalecimiento financiero e impulso a la inversión con
cargo en los programas y fondos estatales y son administrados por la Secretaría
de Finanzas.
El Auditorio
Metropolitano entró en los programas regionales. En un inicio, la obra se
proyectó con un costo de 430 millones de pesos y sería construida en 307 días,
pero el monto aumentó 169 millones 929 pesos, ya que el costo final fue de 600 millones de pesos, un incremento del 39.5 por
ciento y los días de construcción pasaron de 307 a 553 días.
La ASF detectó que la tardanza se debió, de
inicio, a una “deficiente planeación del proyecto”; razón por la que la empresa
constructora decidió implementar cambios porque el lugar no cumplía con las
normas para espacios públicos de uso masivo, además de que el predio ni
siquiera era adecuado.
XOCHICUAUTLA
Y BANOBRAS.
A pesar de
las constantes protestas y las recomendaciones internacionales que alertan que
se violan derechos de las comunidades indígenas, el Gobierno de Eruviel ha cooperado con elementos policiacos que han llegado
a desalojar a los habitantes originarios y se ha infiltrado en las asambleas
para dejar a gente afín al gobierno en la toma de decisiones.
Es por la
autopista Toluca-Naucalpan, que atraviesa la comunidad de San Francisco
Xochicuautla en el municipio de Lerma.
En todo este tiempo se han violentado
órdenes de suspensión definitiva y de transparencia para conocer cómo el Estado
está financiando la obra, a pesar de la expropiación de 38 hectáreas que le
corresponden a la comunidad otomí.
El lunes pasado, la Policía del
Estado de México llegó en camionetas a las siete de la mañana a San Francisco
Xochicuautla y esta vez entraron por el campo de futbol y se distribuyeron por
todo el pueblo. Estuvieron presentes dentro de la asamblea comunal donde se “impuso”
al nuevo Comisariado de Bienes Comunales, cuyas funciones originales son
salvaguardar el territorio y a la comunidad, pero al ser afín al PRI actúa a
favor de intereses del gobierno mexiquense y de la compañía.
AGUA O
DESARROLLO.
Habitantes de la comunidad nahua en
San Pedro Tlanixco y de la otomí en San Lorenzo Huitzizilapan, ambas ubicadas
en el Estado de México, han luchado durante años contra el intento del Gobierno
mexiquense de privatizar su agua y bosques, símbolos de sus usos y costumbres,
para instalar megaproyectos como desarrollos inmobiliarios, autopistas o
incluso campos de golf.
El pasado 10
de abril, Enrique Peña Nieto inauguró una planta de Grupo Peñafiel en Tecámac,
donde también tienen un sistema autónomo de administración de agua. La empresa refresquera operará y extraerá
el líquido del acuífero Cuatitlán-Pachuca a pesar de que la Comisión Nacional del
Agua (Conagua) emitió veda debido a su sobreexplotación.
En el Estado de México, 80 de sus 125
municipios tienen sistemas comunitarios y autónomos de administración del agua
de sus manantiales o ríos.
También está el caso de Coyotepec, un municipio donde
los habitantes mantienen una lucha en defensa del agua ante la pretensión del
gobierno estatal de municipalizar el servicio para favorecer al municipio
vecino de Huehuetoca, donde se pretende construir una Ciudad Bicentenario.
Cientos de
granaderos entraron esta mañana al municipio de Coyotepec, en el Estado de
México, luego de que el domingo pasado los pobladores frenaran la consulta
mediante la cual, denunciaron, el Gobierno local buscaba arrebatarles el
control de los pozos de agua que la comunidad construyó en 1963.
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