Eduardo Sojo.
En el
artículo de la semana anterior argumentamos que la corrupción y los excesos en
el gasto de las autoridades locales tenían que acabar para poder recuperar la
confianza en los órdenes de gobierno que están más cerca de los ciudadanos y
así poder impulsar una forma diferente de ejercer el poder, donde los gobiernos
estatales tuvieran una mayor responsabilidad en la operación de los programas
de gobierno. También señalamos que se podría iniciar un ejercicio con gobiernos
estatales que han mostrado seriedad en el ejercicio de gobierno explorando un
presupuesto base cero con dos objetivos: reducir el gasto y evaluar que
responsabilidades pueden asumirse mejor desde las entidades federativas.
Lo primero que habría que hacer es
definir cuáles deberían ser las responsabilidades y los objetivos de los
gobiernos estatales en el desarrollo económico, el desarrollo social, la
seguridad y los diferentes ámbitos de las políticas públicas. Se podría tomar el ejemplo de
gobiernos más descentralizados como el de España.
A partir de lo anterior identificar
qué programas en las entidades federativas contribuyen a esos objetivos, cuáles
duplican los programas federales, cuáles de estos pudieran manejarse de mejor
manera desde las entidades federativas, cuáles tienen poco impacto para lograr
los objetivos y que, por tanto, serían candidatos a ser eliminados, etc.
También habría que analizar si existen regulaciones
que obligan a cierta asignación presupuestal e identificar los gastos
irreductibles.
La CONAGO
podría contribuir a este análisis a partir de un estudio sobre el gasto público
con información detallada de los programas presupuestarios y los rubros de
gasto al nivel más desagregado posible.
Esto es así
porque en el nivel agregado se encuentran diferencias que resultan difíciles de
explicar. En la página del INAFED, por ejemplo, uno puede encontrar información
sobre el costo burocrático, es decir, el gasto en servicios personales sobre
los egresos totales para el 2015.
¿Cómo explicar que la parte de los
egresos que se dedica a los servicios personales en Veracruz ascienda a 40.5%,
en Michoacán a 40.4% y en Tamaulipas a 36.5%, mientras que en Aguascalientes
este indicador sea 5.7%, en Baja California Sur 5.5% y en Hidalgo solo 4.6%?
cuando tienen las mismas responsabilidades.
Resulta difícil entender por qué la
capacidad de inversión, es decir, la parte de los egresos de un gobierno
destinados a la inversión es en Aguascalientes, Zacatecas y Quintana Roo de 12%
en promedio; mientras que en Sonora, Tabasco y Guerrero llegue solo a 2.1% en
promedio.
En la CONAGO seguramente tienen
expertos en estos temas que pudieran desarrollar un sistema de información a
niveles muy desagregados de gasto, como el de las escoltas para los
exgobernadores que veíamos en el artículo anterior, que permitan tomar
decisiones responsables en el ejercicio de las finanzas públicas.
Es tiempo que los gobernadores y la
CONAGO asuman su responsabilidad en el restablecimiento de la confianza en las
autoridades locales.
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