Madre de un policía desaparecido ahora también es víctima de despojo a manos del Poder Judicial.

Como castigo por no asistir a una audiencia (de la que no fue oportunamente informada), el Poder Judicial de la Federación despojó de sus muebles a familiares de la señora Araceli Rodríguez, mamá de un policía federal raptado y desaparecido hace siete años en cumplimiento del deber.

En un operativo realizado el pasado 21 de febrero, agentes policiacos arribaron al domicilio familiar de la señora Rodríguez, y extrajeron una pantalla digital, un horno de microondas, un sistema de bocinas y un equipo de sonido, todo con valor superior a 15 mil pesos, con el argumento de que con eso se cobraban una multa de 2 mil 191 pesos, por la inasistencia a una audiencia judicial convocada en noviembre del año pasado.

Aunque esa multa se pagó inmediatamente, los muebles desaparecieron.

En entrevista, la señora Araceli Rodríguez explicó que por el rapto y desaparición de su hijo (y de otros ocho compañeros) hay, hasta la fecha, 18 presuntos criminales detenidos, sometidos a juicio, contra los cuales las familias de los agentes han aportado su testimonio como prueba, a petición de la Procuraduría General de la República (PGR).

“En 2010, la PGR nos propuso a las familias que fuéramos a presentar ‘prueba testimonial’ en los juicios contra estas 18 personas –narró Araceli–; y nosotras aceptamos y hemos acudido a innumerables audiencias desde entonces, nunca habíamos faltado a ninguna audiencia, porque somos los más interesados en que se determine la verdad sobre lo que les ocurrió a nuestros hijos, y saber dónde están”.

A partir de ese momento, tanto la PGR como la Defensoría de Oficio también quedaron obligadas a informar a las familias cada vez que su testimonio fuera requerido por los juzgados, y sólo de forma supletoria, las familias de los policías desaparecidos acordaron fijar el domicilio de la señora Araceli Rodríguez como lugar para recibir notificaciones judiciales, “porque algunas notificaciones no les llegaban a las otras familias, y porque yo he estado desde el principio muy pendiente de todos los procesos: entonces, llegaban las notificaciones de las audiencias a mi casa y yo les avisaba a las demás familias”.

No obstante, en ese mismo año, Araceli comenzó a recibir no sólo las notificaciones oficiales en su domicilio, sino también amenazas por parte del crimen organizado, razón por la cual decidió huir de esa casa, en la que vivía también su hermana.

A partir de entonces, la hermana de Araceli quedó encargada de avisarle si llegaba alguna notificación judicial.

En el año 2016, sin embargo, la hermana de Araceli enfrentó una crisis de salud que puso en grave riesgo su vida, y que la llevó al quirófano en febrero de 2017, para una cirugía mayor. Fue durante esta crisis de salud que llegó la notificación de noviembre de 2016, aquella en la que se citaba a Araceli y a las otras familias a una audiencia en un tribunal de ciudad Nezahualcóyotl.

“Sabemos que hubo un error de nuestra parte –reconoce Araceli–, un error humano: nunca nos hemos negado a colaborar para que se haga justicia, esto no fue un desacato. Yo comprendo que mi familia no me avisara de esta notificación, porque mi hermana estaba muy enferma, estaba atendiéndose, mi familia está muy desgastada también, de ver tanto que hemos hecho y que simplemente Luisito no aparezca. No culpo a mi hermana por no percatarse de la notificación, le agradezco mucho que comprendiera por qué tenía yo que huir de esa casa, y que ella estuviera dispuesta a ayudarme”.

No obstante, subraya, quien sí faltó a su obligación de informarle sobre esta audiencia fue la PGR y la Defensoría de Oficio.

El 3 de febrero de 2017, la notificadora Nancy Ángeles acudió al domicilio de la familia Rodríguez, para entregar una nueva notificación: si Araceli no pagaba una multa de 2 mil 191 pesos por no asistir a la audiencia de noviembre, las autoridades violarían las cerraduras y se llevarían los muebles que consideraran de un valor equiparable a la multa.

“Yo no tengo abogado particular –explica Araceli–, nosotros no somos una familia rica, con dinero. Quien me da acompañamiento es una licenciada de la Defensoría Pública, y cuando vi yo esa advertencia, le avisé a la abogada que yo pensaba pagar la multa, aunque me pareciera injusta, porque no quería que mi familia sufriera ni por un segundo. Pero la abogada me dijo que no pagara, que ella iba a interponer un amparo, textualmente me dijo que no me preocupara, si hay grandes empresarios que deben millones y a ellos no los embargan, menos me iban a embargar a mí, que no tengo nada, que soy mamá de un policía desaparecido en cumplimiento del deber”.

Efectivamente, la defensora de oficio interpuso una solicitud de amparo, que fue negado.

Justicia a la mexicana.

El 21 de febrero de 2017, la hermana de Araceli fue dada de alta, luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometida días antes, y volvió a su domicilio, convaleciente. Pocas horas después, justo a las 10:30 de la mañana, la notificadora Nancy Ángeles Solís llegó también al inmueble, en Ciudad Nezahualcóyotl, acompañada por un grupo de policías que allanaron la vivienda y se llevaron los aparatos de valor que eligieron.

“Se llevaron los aparatos de la casa de mi hermana, una pantalla de 50 pulgadas, un estéreo, un equipo de bocinas grandes, su horno… Gente insensible que obligó a mi hermana, recién operada, a permanecer de pie, viendo cómo le saqueaban la casa. Mi hermana les dijo que necesitaba acostarse, que recién la habían dado de alta, pero esta funcionaria, de nombre Nancy Ángeles Solís, se negó, le dijo que tenía que quedarse ahí y presenciar el embargo, que no se podía ir a descansar, se portó muy grosera, como queriendo humillarnos”.

Tal como narra la mamá del policía víctima de desaparición, en todo momento se le aclaró a la funcionaria que en ese domicilio, y los muebles con los que estaban cargando, no pertenecían a la persona multada.

“Pero la señora Nancy Ángeles dijo que no le importaba, que en ese domicilio se recibían las notificaciones y que iba a embargar. Luego se burló: ‘a ver, qué me voy a llevar de aquí, todo está viejo’, le dijo a mi hermana. Es indignante la forma en que estos funcionarios se conducen… mejor un policía, que vio cómo mi hermana se desvanecía, se le acercó para ofrecerle llamar a una ambulancia. A la notificadora no le importó: vulneraron los derechos de mi hermana, no les costaba nada dejar que se acostara, y la obligaron a permanecer de pie”.

Luego, de recorrer la casa acompañada de los policías, la notificadora eligió llevarse los aparatos electrónicos, que valuó en 7 mil pesos (aunque su costo de adquisición fue muy superior). “Dijo que se llevaba todo eso para que se pague la multa de 2 mil pesos, porque los muebles se devalúan”.

Araceli, quien se encontraba en Cuernavaca para participar en una conferencia de prensa de víctimas de la violencia, fue informada por su hermana de lo que sucedía, y emprendió el camino de vuelta a la zona metropolitana del Valle de México.

“Me fui lo más rápido que pude pero, obviamente, cuando llegué ya todo había terminado. Yo me sentía muy culpable. Fue una situación horrible: nos quedamos todas juntas llorando, muy tristes, mis hermanas y yo, mi hija, mis sobrinas, todas con mucho, no dábamos crédito a lo que estaba pasando. Mi hermana me preguntó por qué: perdí a mi hijo, perdí mi trabajo, perdí mi casa, perdí todo, y aún en esta condición de sobrevivencia, el mismo Poder Judicial se ensaña con nosotras”.

Araceli hace una breve pausa, se disculpa por las lágrimas que van con sus palabras, y luego suelta: “¡Cómo es posible que este infierno siga! Nos arrebataron a Luis Ángel por culpa del gobierno, porque los mandó a una comisión sin que contaran con las medidas de seguridad adecuadas; y el mismo gobierno federal nos sigue lacerando, nos sigue hostigando, nos sigue poniendo en la madre”.

Una semana después, el 2 de marzo, Araceli logró reunir el dinero necesario y pagó la multa, en el intento de recuperar los muebles de su familia: 2 mil 576 pesos, que comprenden la sanción económica, más el costo de almacenamiento de los muebles.

Desde entonces han transcurrido dos meses y sigue esperando.

“El pasado 3 de mayo fui al centro administrativo de Ciudad Nezahualcóyotl, para preguntar qué estaba pasando con los muebles. Me atendió un licenciado de nombre Arturo Guerrero, del Sistema de Administración Tributaria, le enseñé el comprobante de pago, y lo que me contestó fue que aunque ya hubiera pagado, eso no es garantía de que me devuelvan los muebles, porque no saben dónde quedaron”.

Debido a que a la audiencia de noviembre estaban citadas cinco familias de policías desaparecidos, todas las cuales habían registrado el antiguo domicilio de Araceli como dirección para recibir notificaciones, se sabe que otras cuatro multas están en trámite.

“Cada una de esas multas es una amenaza de embargo a mi familia”, lamentó Araceli.