Prefieren defender criminales.

Georgina Morett.

Mucho se ha discutido respecto a si se defienden más los derechos humanos de los presuntos criminales que de las víctimas, y creo que una sola cifra nos explica la verdad de este hecho: sólo hay 59 abogados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y hay más de 800 defensores de oficio para los imputados.

Terrible realidad, las víctimas apenas comienzan a importarnos, lo cual es impactante en la crisis de seguridad que se vive en el país.

Pero además de ser tan pocos los defensores de víctimas, muchos de los que trabajan en la CEAV son contratados por empresas outsourcing, lo cual les da pésimas condiciones de empleo, asegura Juan Carlos Gutiérrez, de Idheas, quien propuso que se quintupliquen los defensores de víctimas.

Otra de las grandes incongruencias de la CEAV, que fue comentada en la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, que inició ayer en la Ciudad de México, es que no tiene órgano interno de control para presentar quejas sobre su funcionamiento ni auditoría interna para saber la utilización de los recursos.

En esta consulta, en la cual participaron diferentes organizaciones ciudadanas, como Alto al Secuestro, de Isabel Miranda de Wallace, se denunció que en Tamaulipas, Veracruz, Guerrero y Tabasco manda el narco, así directo.

Coincido con los asistentes en que ha pasado mucho tiempo desde que se aprobó el nuevo modelo penal acusatorio y tiene fuertes fallas, pero esta consulta en la que puede participar cualquier persona, puede ser un importante instrumento para mejorarlo.

SÓLO RESPONDAN SI HUBO ESPIONAJE.

Parece que la Función Pública y el INAI no entendieron la razón por la cual las asociaciones de la sociedad civil se retiraron del Secretariado Técnico Tripartita de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), y fue porque nunca aclararon, en un plazo de 100 días que se les dio, si fue cierto el espionaje denunciado por el New York

Times a tres investigadores de la salud en México.

Sobre todo, cuando el software con el que se llevó a cabo ese tipo de espionaje digital, denominado Pegasus, sólo se vende a gobiernos.

Es por ello que las organizaciones de la sociedad civil pidieron al INAI y al gobierno federal que aclararan la situación y dieran una respuesta sobre el espionaje, no que terminaran una investigación, sino que explicaran si se dio o no esta práctica.

Y al no tener respuesta, la decisión fue salirse del Secretariado Técnico, con todo lo que esto implica, no sólo en México, sino también a nivel internacional.

El INAI y la Función Pública han dicho a las organizaciones que interpongan una denuncia por el presunto espionaje, pero la razón de que dejaran la mesa ni siquiera llegó a que se diera esta aseveración, simplemente se preguntó si era cierto y ni la Función Pública, como representante del gobierno federal, ni el INAI respondieron.

Los investigadores que fueron espiados son el doctor Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública; Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor, y Luis Encarnación, de la coalición Contrapeso, de acuerdo con lo publicado por el New York Times.

La Alianza por el Gobierno Abierto comenzó a trabajar a finales del sexenio del presidente Felipe Calderón, cuando realizaron el primer plan de acción; ya con Enrique Peña Nieto se llevaron a cabo dos etapas y fue en esta última, que incluye acciones contra la obesidad y por la nutrición, cuando se dio el presunto espionaje.

Esperemos que se aclare a la brevedad esta situación, ya que en la AGA participan 65 países.