La Fiscalía estatal decidió desmontar
todas las carpas y vallas instaladas para delimitar la “zona cero” de las fosas
clandestinas ubicadas en el panteón de la colonia Pedro Amaro, en Jojutla.
Justo un día después de que el Frente
Amplio Morelense (FAM) se quedara esperando al gobernador Graco Ramírez para
que rindiera cuentas de los crímenes ahí develados, trabajadores de la empresa
que brinda servicio a la Fiscalía acudieron y desmontaron las carpas y lonas
que resguardaban el lugar, así como las vallas.
Frente a
esta situación, Javier Sicilia,
fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, condenó la decisión, pues aseguró que los
trabajos todavía no terminan y que, además, la diligencia de abrir las fosas y
exhumar los cuerpos fue una determinación colegiada, tomada en las oficinas de
la Secretaría de Gobernación.
Por ello, aseguró que es fundamental que esa
dependencia, así como la PGR, la división científica de la Policía Federal (PF)
y Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) deben pronunciarse al
respecto, pues puede ser un indicativo de parte del gobierno estatal de que
quiere parar a como dé lugar los trabajos que se realizan en Jojutla.
Luego hizo un llamado urgente para
que se aclare por qué se tomó la decisión de desmontar la parafernalia que “de
alguna manera daba protección a las fosas”.
Y alertó respecto de la pronta llegada de las
lluvias, que de hecho ya se han hecho sentir en la zona sur de la entidad,
porque podrían afectar seriamente las excavaciones y trabajos de exhumación en
esas fosas.
El miércoles
10 el FAM, red de organizaciones civiles
y movimientos que incluye a la UAEM, emplazó al gobernador a que el jueves 18
acudiera a las fosas de Jojutla y ahí, “de cara a la ciudadanía”, rindiera
cuentas y explicara los crímenes develados en las fosas.
Sin embargo,
Graco Ramírez no acudió a Jojutla. En
respuesta, las organizaciones demandaron su salida del gobierno estatal y su
sometimiento a proceso por dichos crímenes.
Incluso, la
imagen con la mesa y las sillas correspondientes a Graco Ramírez, su secretario
de Gobierno y el titular de la Fiscalía estatal se publicó ampliamente.
Al día siguiente, la Fiscalía de
Morelos ordenó desmantelar todo el manteado y enlonado que se utilizó para las
diligencias, realizadas entre el 21 de marzo y el 28 de abril, periodo en el
que se exhumaron 85 cuerpos, aunque la Fiscalía había dicho que sólo había 35
personas en esas fosas.
Y faltan de exhumar todavía más. No
obstante, no es posible continuar con los trabajos hasta en tanto no sean
exhumados y reubicados los restos de cuatro personas que se encuentran en
tumbas en los límites de las fosas.
Peor aún, un testimonio recabado por Proceso establece
que a unos 10 metros de esa zona se encuentran al menos dos fosas más con 19 y
70 cuerpos, según una persona que atestiguó las tres inhumaciones entre 2012 y
2014.
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