La
inmobiliaria Abilia, propiedad de la empresaria María Asunción Aramburuzabala,
se anotó un triunfo en el litigio que lleva en los tribunales en contra del
personal de Protección Civil del gobierno capitalino que en 2015 clausuró la
obra de la calle Rubén Darío 225, en la colonia Polanco: logró que comparezca
el ex conductor de El Noticiero de Televisa Joaquín López Dóriga. En otro de
los juicios emprendidos por los abogados de la afectada –en el que lo acusaban
de extorsión–, López Dóriga la libró, pero esta vez tendrá que comparecer. Es
un precedente sin parangón, dicen los defensores de Aramburuzabala.
El martes 20 de junio el conductor
Joaquín López Dóriga deberá presentarse en calidad de “testigo” ante la
Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos
de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para rendir su declaración
en la demanda que interpuso la inmobiliaria Abilia, propiedad de la empresaria
María Asunción Aramburuzabala, en contra del personal de la Secretaría de
Protección capitalina por haber clausurado la obra de la calle Rubén Darío 225,
en 2015.
Será la primera vez que el ex conductor
acuda a las oficinas de la procuraduría capitalina para declarar, junto con
otros vecinos del inmueble de la calle Rubén Darío 223 –aledaño a la obra–, en
la larga batalla en tribunales que la empresaria Aramburuzabala emprendió en
contra de él, de su esposa Teresa Adriana Pérez Romo, así como de otros
representantes vecinales y del abogado Mario Alberto Pocoroba por presunto
intento de extorsión.
El juicio de la empresa Abilia en
contra del personal de Protección Civil capitalina es uno de los tres que están
pendientes en los tribunales de la Ciudad de México desde 2015: uno por la
tentativa de extorsión, otro por abuso de autoridad del INVEA al clausurar la
obra inmobiliaria y este tercero en contra de Protección Civil.
En este
caso, según explicó a Proceso el abogado de Aramburuzabala, Javier Coello
Zuarth, se trata de una victoria
jurídica para su cliente, ya que la misma procuraduría capitalina había
considerado como “ociosos e irrelevantes” los testimonios de los vecinos y
determinó en agosto de 2016 el “no ejercicio de la acción penal”, en el caso de
la demanda por intento de extorsión.
A pesar de que el pasado 31 de enero,
Aramburuzabala ganó el amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en
materia penal en la Ciudad de México, la esposa de López Dóriga y otros
coacusados (Gabriela Torres, Paloma Baños, Mario Alberto Pocoroba y Érika
Mendoza) interpusieron un recurso de revisión para frenar la posibilidad de que
declaren los vecinos.
Sin embargo, los abogados de
Aramburuzabala lograron que la misma procuraduría los cite a declarar en
calidad de “testigos”
en el otro expediente en contra de los funcionarios de Protección Civil.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.