Un grupo de sujetos presuntamente
armados, a bordo de un auto con vidrios polarizados, vigilaron durante dos días
el domicilio del corresponsal del semanario Proceso en Guerrero, Ezequiel
Flores Contreras.
Los hechos ocurrieron el jueves 8 y
viernes 9, al norte de la capital de ese estado y la acción, de la que hasta el
momento se desconoce su origen, fue registrada por un sistema de
videovigilancia y se traduce como un método de hostigamiento e intimidación
ante los niveles extremos de impunidad y violencia que se vive en la entidad.
En
respuesta, el reportero solicitó apoyo
al mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos de
la Secretaría de Gobernación (Segob), del que forma parte por agresiones
sufridas con anterioridad relacionadas con su labor periodística.
No obstante,
el tiempo de respuesta de las autoridades federales demoró cerca de dos horas
desde que se alertó a funcionarios del mecanismo sobre la situación de riesgo
hasta que agentes de la Policía Federal instalaron un perímetro y resguardaron
a Flores Contreras para que pudiera llegar a su domicilio.
El reportero advirtió la falta de
canales efectivos de comunicación entre funcionarios del mecanismo y
autoridades de la Policía Federal adscritos en Guerrero que dificultan una
acción inmediata ante un momento crítico.
La noche del viernes 9, el
corresponsal de Proceso en Guerrero fue alertado sobre la presencia de un grupo
de sujetos presuntamente armados que permanecía al interior de un auto verde
polarizado estacionado frente a su domicilio, ubicado al norte de la capital de
la entidad.
Un día antes, el jueves 8, los
tripulantes del mismo auto estuvieron preguntando a los vecinos del
fraccionamiento dónde vivía “el corresponsal de Proceso”, señaló el reportero.
Ante esta
situación, a las 21:28 horas del viernes 9, Flores Contreras se comunicó vía
telefónica con personal del mecanismo de protección a periodistas del gobierno
federal para solicitar apoyo y garantizar su seguridad durante el traslado y
estancia en su domicilio.
La respuesta del mecanismo fue
inmediata y se turnó la demanda de seguridad a la PF para implementar un
protocolo de seguridad que se demoró casi dos horas ante la falta de canales
efectivos de comunicación, indicó Flores Contreras.
El periodista tuvo que solicitar
apoyo directo a funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública federal para
agilizar la atención de los agentes federales adscritos en Guerrero.
Fue hasta las 23:13 horas cuando el
reportero recibió atención directa de funcionarios de la PF en la entidad,
quienes autorizaron que agentes federales lo trasladaran a su domicilio luego
de instalar un perímetro de seguridad en la zona y se comprometieron a mantener
vigilancia permanente para evitar una posible agresión.
No obstante, durante el resto del fin
de semana, las autoridades federales no se han comunicado con el reportero para
verificar que se cumplan las medidas de protección y vigilancia ordenadas por
el mecanismo federal.
Flores Contreras dijo que evitó
solicitar ayuda a las autoridades estatales ante la falta de confianza y
certeza jurídica del mecanismo de protección para periodistas recién anunciado
por el gobernador Héctor Astudillo Flores en una reunión realizada la semana pasada en
Chilpancingo.
En ese
encuentro, Flores Contreras demandó
garantías de seguridad para la sociedad en general y no un sector en
específico, así como voluntad institucional para revertir los efectos negativos
generados por la impunidad, violencia y opacidad gubernamental.
Una serie de
ataques sistemáticos contra el reportero.
En septiembre de 2014, un grupo de
sujetos desconocidos irrumpieron en el departamento del reportero y robaron
artículos personales, luego de que Flores Contreras denunció públicamente que
civiles armados lo estuvieron buscando previamente y se asumieron como miembros
de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Posteriormente,
el excomandante de la IX Región Militar,
Martín Cordero Luqueño, admitió que soldados adscritos como agentes del MP
buscaron al corresponsal de Proceso en Guerrero, Ezequiel Flores Contreras, en
su domicilio para entregarle un citatorio con el propósito de que compareciera
“en calidad de testigo” en un caso relacionado con una averiguación previa
integrada por la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM).
En ese
entonces, el exjefe castrense en la
entidad se deslindó de cualquier acto de hostigamiento en contra del
periodista, argumentando que la investigación que realizan autoridades
militares determinó que la persona que busca el Ejército “es un homónimo” del
comunicador.
No obstante, el robo nunca fue esclarecido
a pesar de que existe una denuncia ante autoridades ministeriales desde ese
entonces.
Durante los últimos tres años, Flores
Contreras ha sido objeto de una serie de ataques y agresiones sistemáticas de
los gobernadores en turno, así como de políticos y presuntos miembros de la
delincuencia organizada.
Por ello, el reportero en varias
ocasiones ha tenido que abandonar la entidad con el apoyo de la directiva de
Proceso y organismos no gubernamentales como Artículo 19 y Periodistas de a
Pie.
Mientras que el mecanismo de
protección a periodistas se ha enfocado en proporcionar un botón de pánico,
teléfonos de emergencias, instalaron un sistema de videovigilancia en su
domicilio y autorizaron la medida extrema de escoltas federales para garantizar
la seguridad del comunicador.
No obstante,
las presiones que atentan contra el ejercicio periodístico y la libertad de
expresión no cesan, simplemente porque el problema de inseguridad y violencia
que se vive en Guerrero tiene su origen en la impunidad y la corrupción
gubernamental, consideró Flores Contreras.
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